La edad de la inflación

Durante el mandato del Presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) fue notoria la elevación de los precios del café y la acumulación de reservas internacionales. Esos fenómenos condujeron al diseño de políticas monetarias ad-hoc que impidieron el pleno desarrollo de la reforma financiera puesta en marcha al inicio de su gobierno. 

El gobierno del Presidente Betancur (1982-1986) hizo frente a la caída a los precios internacionales del café y a la crisis internacional de principios de los años 80. A mediados de su mandato se diseñó un programa de estabilización macroeconómica que corrigió nuevamente los desequilibrios fiscal y externo. 

Misael Pastrana Borrero (1970-1974), impulsó el plan de desarrollo de las Cuatro Estrategias, basado en la construcción como sector líder. Durante su ejercicio se inicia el período de inflación moderada y estable que sufrió el país después de 1973. 

Cuatro gerentes del Banco de la República: Miguel Urrutia Montoya, desde 22 de febrero de 1993; Rafael Gama Quijano, de agosto de 1978 a agosto de 1982; Hugo Palacios Mejía, de agosto de 1982 a septiembre de 1985; y Germán Botero de los Ríos, de febrero de 1970 a agosto de 1978. Óleo de Antonio Roda, 1995, detalle. 

El presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) durante su mandato se recuperó la estabilidad macroeconómica, se redujo la inflación y se inició un proceso de diversificación de las exportaciones con base en las normas cambiarias contenidas en el decreto 444 de 1967. 

“El rodamiento de los decretos”, caricatura de Héctor Osuna en El Espectador, raíz de la declaratoria de inexequibilidad de los decretos de emergencia económica del Gobierno de Belisario Betancur.  

Misael Pastrana Borrero. Caricatura de Héctor Osuna, alusiva al decreto de emergencia económica, promulgado por su gobierno.  

El Tío Sam y la tasa de devaluación del café, caricatura de Merino. El Tiempo, marzo 3 de 1971. 

Bolsa de Bogotá en 1973.  

Presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982). A finales de su gobierno declinaron los precios internacionales del café y se puso de presente un nuevo desequilibrio en las finanzas públicas.  

Virgilio Barco (1986-1990). Durante su ejercicio presidencial se dieron los primeros pasos para abrir la economía a los mercados mundiales. Al final de su mandato se aceleró la inflación. 

La masificación de las tarjetas de crédito a partir de principios de los años 70 redujo la demanda por efectivo y contribuyó a modernizar el sistema de pagos en Colombia. 

La masificación de las tarjetas de crédito a partir de principios de los años 70 redujo la demanda por efectivo y contribuyó a modernizar el sistema de pagos en Colombia. 

Monedas de distintas aleaciones que desde mediados de los años 70 empezaron a sustituir a los billetes que emitió el Banco de la República desde 1923. 

Monedas de distintas aleaciones que desde mediados de los años 70 empezaron a sustituir a los billetes que emitió el Banco de la República desde 1923. 

Monedas de distintas aleaciones que desde mediados de los años 70 empezaron a sustituir a los billetes que emitió el Banco de la República desde 1923. 

Monedas de distintas aleaciones que desde mediados de los años 70 empezaron a sustituir a los billetes que emitió el Banco de la República desde 1923. 

Texto de: Antonio Hernández Gamarra

Bajo la nueva institucionalidad monetaria y cambiaria, en el transcurso del cuarto de siglo que va desde la expedición del estatuto cambiario a principios de 1967 hasta la promulgación de la nueva Constitución en 1991, la economía colombiana creció de manera continua, pese a la desaceleración de principios de los años ochenta; se vio sometida a choques externos que generaron vaivenes en la política fiscal, monetaria y crediticia; y presenció un proceso de diversificación y modernización de su sistema financiero que estuvo acompañado de la creación de nuevas instituciones crediticias y del surgimiento de nuevos instrumentos para la realización de las transacciones económicas.

Pese al disímil ritmo de crecimiento económico en algunos períodos, y a la diversidad de políticas macroeconómicas que siguieron las autoridades, en lo monetario la característica distintiva del período después de 1973 es la aparición y consolidación de un proceso inflacionario que elevó la tasa de crecimiento de los precios, en promedio, a niveles superiores al 20% anual.

Por lo demás, en el lapso 1973 - 1997 tan solo en un año la tasa de inflación bajó del 17% anual, situación que contrasta con lo acontecido en los cincuenta años transcurridos entre 1923 y 1972 cuando solamente en cuatro años la inflación anual superó ese nivel y cuando la inflación promedio fue sólo ligeramente superior al 7% anual.

La inflación colombiana de los años setenta en adelante ha sido, desde luego, moderada si se la compara con la sufrida por algunos países latinoamericanos que, especialmente en los años ochenta, alcanzaron tasas anuales de inflación de 5.000% y más. Lo notorio de la inflación en Colombia no fue, por lo tanto, lo elevado de su nivel sino la manera persistente, estable y prolongada en que se mantuvo. Ningún otro país en el mundo ha tenido una inflación que fluctúe alrededor del 23-25% anual durante más de veinte años consecutivos.

Tres factores contribuyen a explicar la persistencia y estabilidad de la inflación en Colombia durante el período referido. De una parte las élites alcanzaron un acuerdo social implícito mediante el cual diversos sectores tomaban para sí, por la vía del crédito financiado con emisión primaria de dinero a tasas de interés subsidiadas, porciones del impuesto inflacionario y de esa manera aminoraban los efectos negativos que a ellos les producía la inflación.

En segundo lugar el país estableció un régimen de indexación salarial por medio del cual al inicio de cada año se recupera el poder adquisitivo de los salarios y otras rentas, perdido en el transcurso del año inmediatamente anterior. De tal suerte que el proceso inflacionario no ha afectado, en forma significativa, la capacidad adquisitiva de las rentas de trabajo y no creó, por lo tanto, un rechazo sostenido por parte del movimiento obrero, ni al proceso inflacionario ni a las políticas que lo alimentaban.

Finalmente, la política monetaria, a través de expansiones elevadas de los medios de pago, validó sistemáticamente esa indexación y ese acuerdo social, al punto que solamente cuando la inflación anual amenazaba con superar el umbral del 30% se volvía verdaderamente restrictiva. La estrecha relación entre el exceso de creación de dinero, que se define como la diferencia entre el crecimiento de los medios de pago y el crecimiento del PIB, y la inflación puede verse en la Gráfica 3.

La apropiación del impuesto inflacionario por distintos sectores económicos y sociales se materializó en la medida en que después de los años sesenta, y en desarrollo de las ideas contenidas en la reforma de 1951, el Banco de la República y la política monetaria quedaron atrapados en la administración de una prolija lista de líneas de crédito de destinación especial y con tasas de interés preferenciales.

Fue así como, sucesivamente, surgieron el Fondo de Inversiones Privadas (FIP) creado por la resolución 11 de 1963 con el propósito de fomentar las industrias dedicadas a la exportación o a la sustitución de importaciones; el Fondo Financiero Industrial (FFI) instituido por la resolución 54 de 1968, cuyo objeto era otorgar financiamiento para la pequeña y mediana industria; el Fondo Financiero de Desarrollo Urbano (FFDU) creado por la resolución 63 de 1968 para financiar proyectos de inversión principalmente en ciudades intermedias; el Fondo Financiero Agrario surgido a raíz de la resolución 23 de 1966 y más tarde convertido, en virtud de la ley 5ª de 1973, en el Fondo Financiero Agropecuario (FFAP), cuyo propósito general fue incrementar la producción de alimentos y materias primas de origen rural; el Fondo de Contratistas de Obras Públicas (FCOP) encaminado a aliviar la situación de iliquidez del ministerio del ramo; el Fondo de Promoción de Exportaciones (Proexpo) instituido mediante la expedición del decreto 444 de 1967 y orientado a la financiación de las exportaciones no tradicionales; y, más adelante, el Fondo de Desarrollo Eléctrico (FDE) creado en 1976 para apoyar financieramente a las empresas de energía y el Fondo de Capitalización Empresarial (FCE) establecido en 1983.

Casi todos estos fondos carecieron inicialmente de recursos con los cuales redescontar sus operaciones y debieron apelar al crédito externo, a la emisión del Banco de la República o al uso de recursos especiales del régimen de encajes. Ello, unido a la política de establecer tasas de interés preferenciales, hizo que se perdiera toda transparencia en el manejo de los subsidios crediticios.

Al administrar y nutrir, de una u otra manera, todas esas líneas de crédito el Banco de la República, originariamente concebido como un banco central de emisión y control monetario, quedó convertido en un banco de crédito que seleccionó y financió proyectos de inversión privada de manera similar a como lo hacen los intermediarios financieros que no tienen ni la responsabilidad ni la prerrogativa de emitir primariamente el dinero.

Los Fondos de Fomento redescontaban operaciones de los bancos comerciales, públicos o privados, de la Caja Agraria, del Banco Central Hipotecario y de las corporaciones financieras que se empezaron a crear en 1959 y se expandieron rápidamente en número luego de la expedición del decreto 2369 de 1960, al punto que en 1978 funcionaban 29 de esos intermediarios financieros. La finalidad de esas entidades fue promover la creación, transformación y reorganización de empresas manufactureras, agropecuarias o mineras para lo cual podían tomar parte en su capital u otorgarles créditos. Labor esta última a la que se dedicaron principalmente mediante la intermediación de créditos, que redescontaban en los Fondos de Fomento administrados por el Banco de la República.

En septiembre de 1972 iniciaron operaciones las corporaciones de ahorro y vivienda (CAVS), según lo autorizado por el decreto 678 de mayo de ese mismo año. Tuvieron como finalidad esas entidades captar ahorro del público con el fin de destinarlo a la financiación de la construcción, con base en el principio de valor constante.

El nuevo sistema buscaba que los ahorradores no perdieran el poder adquisitivo de sus ahorros con el paso de los años, debido a la inflación, y por lo tanto postuló que la remuneración a la captación de recursos tendría dos componentes: la corrección monetaria dirigida a reponer la pérdida de poder adquisitivo del dinero, erosionado por la inflación, y una tasa de interés real que constituía la verdadera remuneración para los ahorradores.

De otra parte como los deudores no pagarían, mes a mes, la corrección monetaria pues ella se acumulaba para ser amortizada a medida que subían sus ingresos nominales se facilitaba iniciar la amortización de los créditos con cuotas bajas, lo que incrementaba la demanda por crédito y soluciones de vivienda.

En cierto sentido, ese era el fin esencial del nuevo sistema de ahorro y vivienda, que veía en la construcción una actividad que contaba con una demanda efectiva latente y creciente, cuyo aprovechamiento podía impulsar e inducir tasas elevadas de crecimiento para el conjunto de la economía.

La teoría así concebida fue desarrollada por el profesor Lauchlin Currie y tomó forma con la fundación de las CAVS y la creación de las Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPACs), durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero.

La primera corporación de ahorro y vivienda inició operaciones el 15 de septiembre de 1972, fecha en la que el valor del UPAC se fijó en 100 pesos, y para principios de 1974 operaban diez de esas instituciones de las cuales siete eran de capital privado y tres de capital público.

Debido a que durante años el sistema de ahorro y vivienda tuvo el privilegio de remunerar el ahorro a la vista con tasas superiores a las que por esos recursos reconocían otros intermediarios financieros, debido a que en términos generales los salarios nominales crecieron más que las cuotas de amortización de los créditos y a que el precio de las viviendas subió más rápidamente que el saldo de las deudas, el sistema UPAC operó con fluidez, aún cuando no sin quejas de algunos segmentos de deudores, hasta fines de 1997 cuando las CAVS alcanzaron a representar el 25% de la cartera total del sistema financiero.

En 1998 una acentuada caída en el precio de la vivienda, a consecuencia de la reversión del ciclo de la construcción, y un alza pronunciada en la tasa de interés, que desde 1994 afectaba el cálculo de la corrección monetaria, terminaron por afectar la capacidad de pago de los deudores e hicieron que el sistema de financiación de vivienda entrara en una profunda crisis de la cual hoy, a mitad del año 2001, aún no se recupera.

La crisis se acentuó por la inseguridad jurídica derivada de algunas sentencias de la Corte Constitucional que llevaron a abolir el sistema UPAC entonces vigente y retornar a un esquema más parecido al originalmente ideado por el profesor Currie, al desligar la tasa de interés del cálculo de la corrección monetaria y crear una nueva unidad de poder adquisitivo constante, conocida como la Unidad de Valor Real (UVR).

A la creación de las corporaciones financieras y de las CAVS siguió, también en los años setenta, el sometimiento de los entonces llamados intermediarios financieros no bancarios, o extrabancarios, a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Estos posteriormente dieron origen a las compañías de financiamiento comercial.

Como se verá más adelante, ese proceso de diversificación de las entidades financieras propició una profundización financiera y coincidió con la expedición de la ley 7ª de 1973 mediante la cual se nacionalizó el Banco de la República.

Mediante esta disposición, y el contrato que en desarrollo de la misma firmaron el Gobierno y el Banco de la República, se acordó:

• que, a partir del 20 de julio de 1973, el atributo estatal de la emisión sería indelegable y lo ejercería el Estado por medio del Banco de la República;
• prorrogar la duración de este organismo por 99 años a partir de julio de 1973, al igual que el ejercicio de la facultad de emitir billetes;
• ordenar que el gobierno adquiriera las acciones en poder de los bancos, salvo una por cada establecimiento bancario la que no daría derecho a voto ni dividendo. Terminó con esta disposición, y con la expedición del decreto 2617 de 1973 (diciembre 15), la participación del capital privado en el Banco de la República establecida desde 1923.

En virtud de esas normas la Junta Directiva del Banco de la República volvió a ser de diez miembros, incluidos tres designados por el Gobierno entre ellos el ministro de Hacienda por derecho propio, tres elegidos por los bancos afiliados a la Asociación Bancaria, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, y tres en su condición de voceros, respectivamente, de los consumidores, los productores y los exportadores distintos de los cafeteros. Estos últimos eran designados por el Gobierno de listas de cinco nombres presentados a su consideración por las respectivas asociaciones gremiales.

En medio de ese proceso de diversificación y profundización del sistema financiero, y con el referido cambio en la naturaleza institucional del Banco de la República, la política monetaria estuvo sometida a fuertes avatares.

Entre 1967 y 1970 se presentaron presiones expansionistas de los medios de pago por el incremento en las reservas internacionales, que se vieron reforzadas por mayores créditos del Banco de la República a los bancos comerciales y a las entidades de fomento. El menor crédito del Banco de la República al gobierno y el repago de algunos préstamos por parte de la Federación de Cafeteros no alcanzaron a moderar del todo la expansión del dinero primario, cuyo aumento en el período, si se exceptúa 1967, fue superior al 30%. La restricción monetaria corrió a cargo de una elevación del coeficiente de encaje que prácticamente se dobló entre 1967 y 1970. Ello morigeró el crecimiento monetario y entre 1967 y 1970 la inflación promedio anual fue sólo de 7,3%.

En los dos años subsiguientes la baja en las reservas internacionales, producto de caídas en los precios internacionales del café y de un rápido aumento de las importaciones, y por lo tanto la menor expansión del dinero primario, hizo que se disminuyeran los coeficientes de encaje. Bajo esa coyuntura el crecimiento de los medios de pago fue relativamente moderado en 1971 y en 1972.

Esos fueron los dos últimos años de expansiones moderadas del dinero en circulación pues a partir de 1973 y hasta 1995 los medios de pago crecieron a tasas superiores al 20% anual, con independencia de la situación del sector externo o de las circunstancias por las que atravesaran las finanzas públicas.

En lo externo, a partir de julio de 1975 el precio del café, que estuvo alrededor de 58 centavos de dólar la libra en la primera mitad de los años setenta, empezó a elevarse y en el período 1976 - 1980 alcanzó un promedio de 1,76 dólar por libra, con un pico de 3 dólares la libra en abril de 1977. Semejante bonanza provocó una gran entrada de divisas que elevó las reservas internacionales brutas de 396 millones de dólares en junio de 1975 a más de 5.600 millones de dólares en diciembre de 1981.

Abocadas las autoridades a semejante abundancia de divisas, y decididas a no liberar la tasa de cambio por temor a la revaluación, la política monetaria estuvo sometida a fuertes presiones. Fue así como a pesar de la elevación de los encajes, de profundizar la liberación de las importaciones, reducir el ritmo de la devaluación nominal y de ingeniarse novedosos mecanismos para contraer la liquidez primaria, los cuales incluyeron la aceleración de los pagos al exterior, la restricción del endeudamiento externo privado y la emisión de papeles del Banco de la República, los medios de pago se expandieron, en promedio, cerca del 29% anual entre 1976 y 1981. Desde luego, esa expansión unida a un fenómeno climático muy adverso en 1976 y 1977 aceleró la inflación que pasó de un promedio del 16,8% en 1970 - 1974 al 23,9% anual entre 1975 - 1979, pese a una importante caída de casi 10 puntos porcentuales en 1978 respecto a un nivel superior al 28% anual en 1977.

Una de las consecuencias del proceso inflacionario que se inició en 1973, y se avivó con la bonanza cafetera de mediados de los años setenta, fue que la política monetaria atrofió el intento de liberalización financiera iniciado en el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen. En el segundo semestre de 1974 las autoridades económicas pusieron en marcha una reforma financiera que tuvo como propósito central devolverle al sistema bancario un papel más activo en la asignación del crédito al eliminar muchas de las limitaciones y reglamentaciones que afrontaba el sector financiero, para todo lo cual era necesario que el mercado jugara un papel más determinante en la fijación de las tasas de interés activas y pasivas. No obstante, el desbordamiento monetario originado en la acumulación de reservas internacionales y las medidas ad hoc de las autoridades para refrenarlo dieron al traste con muchos de esos propósitos.

En medio de la aceleración de la inflación, la tasa de crecimiento del PIB entre 1975 - 1979 fue del 5% anual promedio, inferior a la del período 1970 - 1974 (6,5%) pero muy superior a la del quinquenio 1980 - 1984 (2,4%) en que la economía colombiana enfrentó un nuevo desequilibrio externo, un creciente déficit fiscal y una crisis del sector financiero de grandes proporciones.

Pese a que durante los años setenta Colombia no se endeudó en demasía, en parte debido a la bonanza cafetera, y a que pagó cumplidamente sus obligaciones externas, la crisis internacional de principios de los años ochenta provocó una caída en el flujo de capitales externos. Ello, junto a la disminución en el valor de las exportaciones, por la disminución en el precio del café, y altas importaciones, causó déficit en la balanza comercial y en la cuenta corriente que, por el rápido proceso de desacumulación de reservas internacionales, acercaron al país a una crisis de balanza de pagos en 1982 - 1983.

Para contrarrestar esa caída las autoridades económicas suavizaron los rígidos controles al endeudamiento externo, instaurados durante la época de los altos precios del café, y en general el Banco de la República prosiguió una política crediticia que buscaba devolverle a la economía la liquidez que ella perdía a causa de la disminución de las reservas internacionales. Ese otorgamiento de recursos crediticios se incrementó en 1982 cuando estalló una crisis de confianza en torno a la solvencia y liquidez de muchas instituciones financieras, que fue contenida por el Banco de la República ejerciendo sus funciones de prestamista de última instancia.

Esa crisis financiera, producto de prácticas crediticias imprudentes e ilegales por parte de algunos intermediarios financieros, hizo que la Superintendencia Bancaria interviniera un crecido número de ellos entre junio y septiembre de 1982, la mayoría de los cuales terminó siendo oficializados.

Esas difíciles circunstancias del sector financiero, y un nuevo deterioro fiscal financiado con recursos del Banco de la República, explican que la emisión primaria entre 1982 y 1984 registrara tasas de expansión positivas, pese a la abrupta caída en las reservas internacionales que pasaron de 5.600 millones de dólares en diciembre de 1981 a menos de 1.900 millones de dólares a fines de 1984.

Si a ese aumento del dinero primario en circulación se suman las expansiones secundarias propiciadas por bajas en el encaje bancario, el resultado fue un crecimiento de los medios de pago moderado frente al del período de la bonanza cafetera, pero en todo caso cercano a 20% anual entre 1982 y 1984, cuando la inflación promedio anual se situó ligeramente por debajo de ese nivel.

Como en octubre de 1984 las reservas internacionales brutas del Banco de la República escasamente superaban los 1.500 millones de dólares, el gobierno del presidente Belisario Betancur, bajo el liderazgo del ministro de Hacienda Roberto Junguito, diseñó un plan de ajuste encaminado a corregir el desequilibrio externo y el déficit fiscal y a lograr la total recuperación del sector financiero.

En lo externo las acciones estuvieron encaminadas a restablecer el flujo internacional de capitales, para lo cual se diseñó un programa macroeconómico que fue monitoreado por el Fondo Monetario Internacional y apoyado por el Banco Mundial. De otra parte, las autoridades económicas tomaron acciones para corregir el atraso cambiario. Para esto último se aceleró la devaluación nominal que fue de 28% en 1984 y de 51% en 1985. En lo fiscal se instauró el cobro del impuesto al valor agregado, se elevó el impuesto a la gasolina, se refinanció a bajas tasas de interés la deuda del Gobierno con el Banco de la República y se decretó un rígido control de los gastos de funcionamiento. En su conjunto, las medidas adoptadas produjeron una devaluación de la tasa real de cambio.

Los efectos macroeconómicos de ese programa se vieron reforzados con el alza en los precios internacionales del café en 1986, año en el cual se obtuvo, por primera vez desde 1980, un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. El Gobierno enfrentó ese fenómeno con una acumulación no inflacionaria de las reservas internacionales, mediante la intensificación de las operaciones de mercado abierto por parte del Banco de la República y la aceleración del pago de la deuda externa de corto plazo de las entidades del sector público y de la Federación Nacional de Cafeteros.

Sin embargo, la mini bonanza cafetera de 1986 fue de corta duración pues en 1987 los precios del café volvieron a descender. Paradójicamente ese descenso provocó una tendencia a la expansión monetaria debido a que la Federación Nacional de Cafeteros, para mantener el precio interno, empezó a desahorrar algunos de los fondos esterilizados, desde un punto de vista monetario, con ocasión del alza de precios. Frente a esto las autoridades monetarias apelaron, como era usual en esos casos desde 1960, a elevar el encaje bancario.

Medida que durante la administración del presidente Virgilio Barco fue complementada con normas tendientes a regular de manera más precisa lo relativo a la solvencia de las instituciones financieras. No obstante, es preciso advertir que a fines de ese mandato, con miras a crear las condiciones para iniciar un proceso de apertura de la economía a las fuerzas del mercado internacional, se aceleró el proceso de devaluación. Esto, sumado a la rápida expansión de los medios de pago, tuvo efectos adversos sobre la inflación, la cual entre 1988 y 1990 fue de 28% en promedio cada año.

En medio del persistente crecimiento de los medios de pago y de la aceleración de la inflación, las especies monetarias que el Banco de la República había emitidos desde 1923 fueron saliendo progresivamente de la circulación, pues los billetes fueron reemplazados por monedas metálicas como se ve en la Tabla 5.

Por lo demás, prescindiendo de un anacronismo, a partir de la impresión de la séptima edición del billete de dos mil pesos en 1993 se eliminó de los billetes la leyenda que señalaba la cantidad de pesos oro que el Banco de la República pagaría al portador de los documentos. Leyenda que había dejado de tener sentido desde la eliminación de la convertibilidad de los billetes por oro al inicio de los años treinta.

El proceso inflacionario que se inició en 1973 no impidió, sin embargo, un mayor grado de profundización financiera, como se puede observar en la Gráfica 4, donde se muestra, desde los años setenta, el acelerado crecimiento de los pasivos bancarios con relación al tamaño de la economía.

Una de las más sobresalientes manifestaciones de ese proceso de profundización y modernización financiera, y del sistema de pagos en general, lo constituye la rápida expansión del uso de tarjetas de crédito para la realización de las transacciones económicas. Aun cuando desde los años sesenta en el país se introdujo este nuevo instrumento de crédito y de pagos a través de la tarjeta Diners, su masificación se dio a partir de 1970 cuando el Banco de Bogotá obtuvo licencia del Bank of America para operar la tarjeta Credibanco. Denominación que en 1979 se cambió a Credibanco-Visa debido a que en ese año el Bank of America, propietario de los derechos para emitir la tarjeta Bank Americard, cedió los mismos a Visa Internacional. Posteriormente, además de Credibanco y Diners, al mercado de financiamiento y pago por medio de tarjetas ingresaron varias otras marcas como Mastercard, Credencial y Bic.

La masificación de la tarjeta Credibanco -Visa, como instrumento para la compra de bienes de consumo obedeció a que, a diferencia de lo sucedido durante años con la tarjeta Diners, los usuarios de la misma pudieron diferir el pago de sus compras a través del crédito que le conceden los establecimientos financieros emisores de ese instrumento de pago.

Restringidas inicialmente al financiamiento de las compras únicamente en el mercado nacional, a partir de 1990, con la liberación cambiaria, mediante las tarjetas de crédito también fue posible adquirir bienes por fuera del país. Además a partir de 1992 el sistema se modernizó y amplificó al emitir tarjetas débito, mediante las cuales los usuarios transfieren fondos de sus cuentas corrientes o de ahorro a las de los establecimientos comerciales en que efectúan sus compras. Al masificarse, el sistema de tarjetas de crédito ha hecho que disminuya la demanda por efectivo y por lo tanto ha permitido una mayor profundización de la actividad financiera.