Crisis y estabilidad monetaria

Bono por 100 pesos del Ferrocarril del Norte –prolongación de Zipaquirá a Chiquinquirá–, 1907, firmado por Tobías Valenzuela, ministro de Hacienda.  

Bono inglés por los Ferrocarriles de la Sabana, 1906. De veinte libras esterlinas cada uno, la emisión total fue de trescientas mil.  

Modesto Garcés, quien con Rafael Uribe Uribe, José Camacho Carrizosa y Carlos Calderón presentó, entre 1914 y 1922, distintos proyectos para la creación de un banco central de emisión. 

Lucas Caballero, quien con Rafael Uribe Uribe, José Camacho Carrizosa y Carlos Calderón presentó, entre 1914 y 1922, distintos proyectos para la creación de un banco central de emisión. 

José Manuel Marroquín (1900-1904). Durante su gobierno tuvo lugar la Guerra de los Mil Días y debido al exceso de emisión monetaria se presentó la que podría consolidarse como la primera hiperinflación en América Latina. 

Nemesio Camacho, quien con Pedro Jaramillo y otros ciudadanos fue autorizado por el decreto legislativo 47 de 1905, expedido durante el gobierno del general Rafael Reyes, para organizar el Banco Central. 

Manuel Antonio Sanclemente, elegido para el período presidencial de 1898 a 1904 como Presidente Titular fue depuesto por Marroquín. 

Rafael Reyes (1904-1909) dentro de un amplio programa de estabilización macroeconómica y de estímulo al crecimiento su gobierno impulsó la creación del Banco Central en 1905. 

José María Sierra, quien con Pedro Jaramillo y otros ciudadanos fue autorizado por el decreto legislativo 47 de 1905, expedido durante el gobierno del general Rafael Reyes, para organizar el Banco Central. 

General Benito Ulloa y oficiales del ejército liberal de Cundinamarca. Pacho, 1902.  

Ejército conservador en un banquete celebrado hacia 1900. 

Caricatura aparecida en Fantoches, 1929: el presidente Miguel Abadía Méndez y Esteban Jaramillo, acusados de impulsar una prosperidad al debe, son expulsados del paraíso del despilfarro por el Tío Sam. Desde un árbol, observan la escena Peñuela y Renjifo, ministros de Abadía. 

La alegoría de “El Minero”, de Francisco Antonio Cano, sirvió tanto para la acuñación de una moneda en 1915 como para una emisión filatélica en 1932. 

Rafael Uribe Uribe líder del partido liberal asesinado en 1914, quien luego de la desaparición del Banco Central como banco de emisión lideró la creación de una nueva institución de este tipo.  

José Vicente Concha (1914-1918). Concha enfrentó dificultades monetarias muy severas con ocasión de la Primera Guerra Mundial.  

Marco Fidel Suárez (1918-1921). Suárez puso en circulación, como moneda, las Cédulas de Tesorería y admitió a la par con los nacionales la circulación de billetes ingleses.  

Resello sobre billetes del Banco Nacional para circulación provisional, según decreto del 30 de octubre de 1899. 

Resello sobre billetes del Banco Nacional para circulación provisional, según decreto del 30 de octubre de 1899. 

Billete de 50 pesos, del 15 de febrero de 1900, firmado, entre otros, por Salomón Koppel, con el retrato de Manuel Antonio Sanclemente.  

Billete de 100 pesos, del 30 de septiembre de 1900, con el retrato de José Manuel Marroquín. Este billete aparece emitido por el Banco Nacional en una fecha posterior a su liquidación. 

Billete gubernamental emitido durante la Guerra de los Mil Días. La financiación del conflicto mediante una emisión monetaria desbordada, dio lugar a la más grande inflación en la historia de Colombia. 

Billete gubernamental emitido durante la Guerra de los Mil Días. La financiación del conflicto mediante una emisión monetaria desbordada, dio lugar a la más grande inflación en la historia de Colombia. 

Billete gubernamental emitido durante la Guerra de los Mil Días. La financiación del conflicto mediante una emisión monetaria desbordada, dio lugar a la más grande inflación en la historia de Colombia. 

Billete gubernamental emitido durante la Guerra de los Mil Días. La financiación del conflicto mediante una emisión monetaria desbordada, dio lugar a la más grande inflación en la historia de Colombia. 

Anverso de billete de 1 peso, emitido por el “gobierno provisional” liberal durante la Guerra de los Mil Días. Ocaña, 1900.  

Reverso de billete de 1 peso, emitido por el “gobierno provisional” liberal durante la Guerra de los Mil Días. Ocaña, 1900.  

Anverso de billete de 5 pesos, emitido por el “gobierno provisional” liberal durante la Guerra de los Mil Días. Ocaña, 1900.  

Reverso de billete 5 pesos, emitido por el “gobierno provisional” liberal durante la Guerra de los Mil Días. Ocaña, 1900.  

Billete de 1 peso, 1904, firmado por Carlos Arturo Torres, ministro del Tesoro del general Rafael Reyes. 

Billetes de 5 pesos emitido durante el gobierno del general Rafael Reyes, antes de la creación del Banco Central.  

Billetes de 10 pesos emitido durante el gobierno del general Rafael Reyes, antes de la creación del Banco Central.  

Reverso de un billete de 50 pesos emitido en la administración Reyes. La alegoría utilizada evidencia la intención de la política económica del quinquenio: impulso a la agricultura y a la industria. 

Cédula hipotecaria, emitida por los bancos privados en billetes resellados que originalmente pertenecieron al Banco Central.  

Bono del Tesoro emitido como moneda por la Junta de Conversión en virtud de la ley 6ª y el decreto 169 de 1922. El billete original corresponde a uno de los mandados a imprimir en 1915 por la Junta de Conversión. 

Bono del Tesoro emitido como moneda por la Junta de Conversión en virtud de la ley 6ª y el decreto 169 de 1922. El billete original corresponde a uno de los mandados a imprimir en 1915 por la Junta de Conversión. 

La alegoría de “El Minero”, de Francisco Antonio Cano, sirvió tanto para la acuñación de una moneda en 1915 como para una emisión filatélica en 1932. 

Moneda de dos pesos y medio, de 1919. 

Moneda de dos pesos y medio, de 1919. 

Vale por indemnización de extranjeros, 15 de junio de 1888. A finales del siglo XIX Colombia sufrió diferentes agresiones extranjeras de las cuales la “cuestión Cerruti” fue una de las más traumáticas: En 1898 Cartagena estuvo sitiada por cinco cruceros de guerra italianos para obligar al gobierno a aceptar el laudo arbitral del presidentenorteamericano Grover Cleveland de 1897 a favor delcomerciante Ernesto Cerruti. 

Texto de: Antonio Hernández Gamarra Hacia

El debate presidencial para el período 1898-1904, que terminó con la escogencia de Miguel Antonio Sanclemente como Presidente y de José Manuel Marroquín como Vicepresidente, enfrentó propuestas divergentes entre los conservadores nacionalistas, de un lado, y los conservadores históricos y los liberales, de otro.

En lo político los conservadores históricos y los liberales propugnaron por más libertades civiles; un menor poder presidencial; una mayor descentralización administrativa y la reorganización de la instrucción pública. En lo económico propusieron la eliminación de los impuestos a las exportaciones; la reducción del impuesto a la sal, la carne y las importaciones esenciales; la prohibición de incrementar el monto del papel moneda en circulación y su gradual amortización; el restablecimiento de la circulación de la moneda metálica; la libre estipulación monetaria en los contratos y la libertad de emisión de billetes para la banca privada. Para defender ese programa los liberales propusieron como candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia, respectivamente, a Miguel Samper y a Foción Soto, claros representantes de quienes en el país eran partidarios de un mayor grado de libertad política y económica.

Con ese trasfondo de debate ideológico, y en medio de acusaciones de fraude, Marroquín asumió el poder, en ausencia del Presidente Sanclemente, el 7 de agosto de 1898 y se encontró con una aguda crisis fiscal que había llevado a la suspensión del pago de los salarios oficiales y del servicio de la deuda pública. Situación agravada por la exigencia del gobierno italiano, bajo amenaza militar a Cartagena, del cumplimiento de la sentencia arbitral dictada por el Presidente de los Estados Unidos, meses antes, en relación con la reclamación de Ernesto Cerruti por las expropiaciones de que fue víctima en la guerra de 1885. Precaria situación fiscal que se vio afectada también por la caída en la renta de aduanas, originada en la baja del precio internacional del café y en el desestímulo a su exportación por el impuesto que pesaba sobre ella desde los años del gobierno de Caro.

Todo eso obligó a Marroquín a buscar, inicialmente, la financiación del déficit fiscal mediante un empréstito privado, intento en el cual fracasó. Ante esta circunstancia el Poder Ejecutivo solicitó del Congreso autorización para emitir papel moneda por cuantía de ocho millones de pesos, suma elevada a diez millones de pesos por el Senado. Que pese a la oposición en la Cámara de Representantes, dominada por los conservadores históricos y donde tenía una curul Rafael Uribe Uribe como único representante de los liberales, terminó por ser aprobada, condicionada a que el Gobierno impulsase una serie de reformas políticas.

De esta manera la emisión de billetes que había permanecido estable en 30.862.350 pesos entre 1895 y 1897 subió a 38.302.000 pesos en 1898. Crecimiento monetario que se desbordó a partir de octubre de 1899, cuando para atender los gastos de la guerra iniciada ese mes, en virtud del decreto 520, y en vista de que no había billetes impresos de la edición americana, el Presidente de la República autorizó emitir y poner a disposición de la Tesorería General de la República las cantidades que el Gobierno necesitase para atender el restablecimiento del orden público. Medida que se complementó con la autorización para que, además de ello, se pusiesen en circulación en forma inmediata los billetes usados que por su baja calidad estaban destinados a la incineración.

A esa norma siguió una multitud de decretos mediante los cuales el Gobierno, acosado por las necesidades financieras impuestas por la guerra, puso a trabajar sin fatiga la Litografía Nacional. En los trece años que transcurrieron entre 1886, cuando se decretó el curso forzoso, y 1899, cuando se inició la guerra, el monto de los billetes en circulación se multiplicó por diez o máximo por trece (al pasar de 4 a 40 o 53 millones de pesos, según datos de distintos autores). En los tres años y medio transcurridos entre octubre de 1899 y mediados de 1903 los medios de pago se incrementaron en cerca de 800 millones de pesos y para 1905 la circulación monetaria ascendió a 847.216.313,10 pesos. Emisión de la cual la Litografía Nacional fue responsable en más del 78%, siendo los billetes más representativos, en términos del valor de la masa en circulación, los de 10, 20, 50 y 100 pesos, hecho que contrasta con la representatividad que tuvo el billete de a peso del Banco Nacional.

El resultado de la muy rápida expansión monetaria fue un alza vertiginosa en el nivel de precios que elevó la tasa media de inflación a más del 100% anual entre 1900 y 1903, con una cifra récord del 389% en 1901. Proceso que condujo a una completa anarquía en la determinación de los precios relativos y también se reflejó en la depreciación del peso frente a la libra esterlina, al presentarse devaluaciones anuales cercanas al 150% en promedio en los años 1900 a 1902.

A ese caos monetario y cambiario, que desquició el sistema de pagos, debe agregarse que la guerra afectó de manera particularmente fuerte a la economía cafetera, tanto en relación con su producción como en lo relativo a sus costos pues la mano de obra escaseó y su precio subió. Igual sucedió con el transporte, en momentos en que se presentaba una baja en el precio internacional del grano.

Por lo demás, la caída de las exportaciones cafeteras repercutió negativamente sobre las finanzas públicas. Ello llevó a Jesús Antonio Bejarano a decir: “al término de la guerra… el país quedó en ruinas, con una economía cafetera agobiada tanto por la crisis externa como por el propio conflicto, con un sistema de transporte, de por sí precario, desvertebrado casi por completo, deshechas las finanzas públicas, el cambio exterior y la circulación monetaria, y desbordados por entero los precios”. [Bejarano (1987), p. 174].

Terminada la guerra se inició la reconstrucción del aparato económico, para lo cual se expidió el decreto 217 de febrero de 1903 que prohibió las emisiones de papel moneda como recurso fiscal y ordenó que la Litografía Nacional se dedicara a su oficio natural, es decir la producción de estampillas, papel sellado y la ejecución de trabajos litográficos ordenados por particulares. Las planchas litográficas, con las que se habían impreso los billetes, debían pasar a manos de una nueva institución llamada la Junta Depositaria, cuya función era la custodia de dichas planchas litográficas y asegurar que ellas solamente se pudiesen utilizar para imprimir los billetes destinados al cambio de los deteriorados. Se garantizaba de esa manera el mantenimiento del monto de los billetes en circulación.

El mismo decreto dispuso que la Junta de Emisión y la Junta Depositaria participaran conjuntamente en el proceso de incineración de los billetes deteriorados para asegurar el estricto cumplimiento de la medida. Se ordenó, también, la destrucción de las planchas matrices litográficas tan pronto se recibieran del exterior los billetes necesarios para cambiar los impresos en el interior del país.

Profundizando la disposición contenida en el decreto 217 de febrero de 1903, el Congreso de la República expidió la ley 33 de ese mismo año, que reguló el sistema monetario y previó la amortización del papel moneda. En cuanto a la unidad monetaria la ley 33 de 1903 dispuso que esta sería el peso oro de ley 0,900, equivalente a un gramo seiscientos setenta y dos milésimas de ese metal, y se permitió la libre estipulación en los contratos, bien en esta unidad o bien en papel moneda.

Para el retiro de la circulación del papel moneda, se creó la Junta de Amortización, integrada por cinco miembros, dos elegidos por la Cámara de Representantes, dos por el Senado y uno designado por el Poder Ejecutivo. Esa Junta tuvo como funciones principales vender oro a cambio de papel moneda, incinerar este último y fijar, con base en las informaciones de mercado, el tipo de cambio. El oro necesario para la amortización del papel moneda se obtendría de los recursos que a la Junta de Amortización le asignaba la misma ley y que estaban constituidos por los rendimientos de algunas minas, los recursos obtenidos de las pesquerías de perlas en todo el litoral de la República, los derechos portuarios y los derechos aduaneros sobre la exportación de bienes en general.

Puede decirse que la ley 33 de 1903, cuyo autor y acérrimo defensor fue José Camacho Carrizosa, tuvo escaso desarrollo, pues para su cabal cumplimiento se requería generar un superávit fiscal con el cual amortizar el papel moneda, lo que era difícil de alcanzar por la precariedad de las rentas públicas y los gastos que demandaba la reconstrucción del país después de la guerra. También se necesitaba generar un superávit en la balanza comercial del país, que permitiera acuñar la moneda metálica necesaria para recoger el papel moneda.

Es preciso mencionar que esa ley adoleció de un defecto técnico, al pretender devolverle a los billetes el valor de cambio que habían perdido durante el período inflacionario. Por lo demás, entre 1903 y 1905, con todo y esas disposiciones, se aumentó la circulación de papel moneda, ya que sólo a partir de este ultimo año se estabilizó el monto de los billetes en circulación. Lo que sí se logró, a partir de 1903, fue estabilizar el tipo de cambio.

En 1905 durante el gobierno de Rafael Reyes se autorizó la creación del Banco Central y se legisló nuevamente sobre el régimen monetario. Lo anterior, dentro de un amplio programa de estabilización macroeconómica y de estímulo al crecimiento económico, que incluyó entre otras medidas el manejo de la tasa de cambio, una reforma fiscal, cambios en la regulación arancelaria y aduanera, y estímulos de diversa índole a la industria nacional.

En lo concerniente a la creación del banco de emisión, el decreto legislativo 47 de 1905 autorizó a José María Sierra, Nemesio Camacho, Pedro Jaramillo y otros ciudadanos para organizar en Bogotá un banco con el nombre de Banco Central. Para otorgar esa autorización se consideraron entre otros factores, la necesidad de convertir el papel moneda en metálico, las elevadas tasas de interés existentes en el mercado a consecuencia de la escasa oferta de crédito, las fluctuaciones en el poder de cambio del billete, la desaparición de la moneda metálica como medio circulante y la existencia en el país de capitales que podían contribuir a la solución de esos problemas.

De acuerdo con el citado Decreto legislativo el Banco Central tendría un capital de ocho millones de pesos oro, de los cuales los concesionarios autorizados, antes mencionados, debían suscribir el 60% y el público en general el 40% restante. Las acciones no suscritas por estos últimos inversionistas serían suscritas por el Gobierno, en igualdad de condiciones que el resto de los particulares. Para el pago de las acciones se previó un primer contado equivalente al 50% del valor de las mismas, pagadero dentro de los seis meses siguientes al momento de la suscripción y el 50% restante según lo estableciesen los estatutos del Banco Central.

Como privilegio, al Banco Central el Gobierno le concedió por treinta años el derecho a emitir billetes representativos de oro, cambiables a su presentación por esa moneda, en cuantía que no excediera el doble de su capital pagado, debiendo conservar en caja, en oro, el 30% del valor de los billetes en circulación. También se le facilitó el uso gratuito del telégrafo y el correo para sus operaciones, al igual que la exención de derechos de aduana para la importación de sus billetes. Y se ordenó que en Bogotá, o en las ciudades en donde funcionasen sus sucursales, se le depositara el producto de todas las rentas del Tesoro.

De otro lado, el Banco Central fue autorizado para administrar las rentas reorganizadas por el decreto legislativo 41 de 1905, que incluían las de licores, pieles, tabacos, cigarrillos y fósforos. La administración de estas rentas le había sido entregada a una sociedad de la cual eran dueños los mismos ciudadanos a quienes se autorizó para organizar el Banco Central, quienes consintieron en ceder ese contrato al Banco en las mismas condiciones del inicial celebrado con el Gobierno.

Este último entregó al Banco, por intermedio de la Junta de Amortización, todos los billetes de la edición inglesa que dicha Junta ordenó confeccionar para el cambio de las ediciones anteriores de billetes, para lo cual inicialmente se retirarían solamente los deteriorados y progresivamente todos ellos. La fecha límite para que los billetes de antiguas denominaciones circularan legalmente fue el 1° de abril de 1907, a partir de la cual quedarían sin valor de cambio. Esta fecha fue prorrogada posteriormente por el decreto 1426 bis de 1908 hasta julio de 1914.

Pero la disposición fue más allá al señalar que los nuevos billetes puestos en circulación, para retirar los antiguos, serían convertidos a moneda metálica. Tarea que el decreto 47 de 1905 encomendó al Banco Central. La conversión del papel moneda en moneda metálica se haría destinando para ese propósito, en 1906, el 25% de las rentas establecidas por el decreto legislativo número 41 de 1905; porcentaje que se incrementaría al 50% de las mismas de 1907 en adelante.

Para efectos de la conversión de los billetes por moneda metálica, el decreto legislativo 47 de 1905 determinó que 100 pesos de papel moneda equivalían a un peso oro. Dicho cambio en la unidad monetaria fue ratificado por la ley 59 de 1905 que dispuso que la unidad monetaria y moneda de cuenta de la nación sería el peso oro, dividido en 100 centavos, con peso de un gramo seiscientos setenta y dos miligramos y a la ley 0,900.

Como múltiplos de la unidad monetaria se establecieron: el doble cóndor, cuyo valor era de 20 pesos, el cóndor equivalente a 10 pesos y el medio cóndor correspondiente a 5 pesos. Los submúltiplos se acuñarían en plata y serían el medio peso equivalente a 50 centavos en oro, la peseta equivalente a 20 centavos en oro y el real equivalente a 10 centavos en oro. Las monedas de plata se acuñarían a la ley 0,900, y 33 gramos de plata equivaldrían a un gramo de oro. Quedó establecido, en virtud de esta norma, que por cada 100 pesos de oro en circulación solamente podían emitirse 10 pesos de plata y que el Gobierno quedaba facultado para emitir monedas de 1, 2 y 5 centavos en cobre, níquel o bronce, cuyo valor de circulación no podía superar el 2% de la cantidad de oro en circulación.

La ley 59 de 1905 estableció la libre estipulación de la moneda en la cual se podían pagar las obligaciones derivadas de los contratos. Esa misma ley autorizó al Poder Ejecutivo para contratar con una compañía privada la acuñación del nuevo numerario y determinó que los presupuestos en todos los niveles de la administración se fijarían en términos del peso oro. La disposición reiteró el destino de rentas especiales para la conversión del papel moneda por moneda metálica, en la proporción de 100 pesos moneda de papel por un peso oro. Proceso que debía cumplir el Banco Central, como se ha dicho, ya que la Junta de Amortización, reducida a una sección del Ministerio del Tesoro, pasó a cumplir en adelante tareas menores, referidas al recibo de los billetes mandados a imprimir en el exterior y la incineración de los deteriorados.

Las disposiciones de la ley 59 significaron en la práctica el triunfo de quienes desde siempre se opusieron a política monetaria de la Regeneración, en especial el curso forzoso y la no libre estipulación de la moneda en los contratos, lo que ha llevado a Charles Bergquist a decir que si bien los liberales perdieron la guerra, ganaron la paz.

El cambio en la unidad monetaria, como era de esperarse, no tuvo efectos económicos importantes sobre los precios relativos y el cumplimiento de los contratos. Después de todo lo que estaba cambiando era la forma de medir el dinero en circulación y no el monto del mismo. Como en su momento señaló Esteban Jaramillo “De acuerdo con muy respetables tratadistas, debemos concluir que aquella medida extrema no fue injusta, pues el público tenedor de los billetes, en el momento de la citada conversión, los había recibido por su valor efectivo, y no por el que rezaba la leyenda de ellos. Por lo demás, el pueblo colombiano aceptó de buen agrado esta depreciación oficial, inmediata y efectiva de su moneda por varios motivos: el país, arruinado por la cruenta revolución de tres años, suspiraba por cimentar su nueva vida económica sobre una base de seguridad y certidumbre; los pueblos, fatigados por la pesadilla del papel moneda y por la fiebre de especulación que éste había despertado en todas partes, se hallaban sedientos de reposo y suspiraban por una norma menos variable e incierta en sus cálculos para el futuro; el instinto popular se dio cuenta exacta desde el primer momento de que la valorización de $1.000.000.000 en papel moneda y la vuelta al patrón oro por las vías normales, eran cosas que estarían por muchos años fuera del alcance de los recursos posibles del Estado”. [Citado por Torres García (1980), p. 236].

Pese a ese cambio en la unidad monetaria, el Banco Central no tuvo éxito en la puesta en circulación de sus billetes, a los que el ingenio bogotano bautizó como los “semi-internos”, al decir del profesor Guillermo Torres García, porque si bien salían a la circulación en la mañana regresaban a las cajas del Banco por la tarde. Tampoco fue exitoso el Banco Central en la conversión del papel moneda por especies metálicas. Estabilizado el tipo de cambio y desaparecidas las fluctuaciones en el precio del papel moneda, en 1907 la ley 35 dispuso que los recursos destinados a la conversión del mismo por moneda metálica los utilizara el Gobierno para atender los gastos comunes del Tesoro. De esta manera se frustró el retiro de la circulación de los billetes emitidos por el Banco Nacional antes de la Guerra de los Mil Días y por la Litografía Nacional durante el curso de ella.

La misma ley 35 de 1907 determinó un nuevo cambio en la unidad monetaria de manera antitécnica, pues nuevamente las monedas de distinta denominación en su valor de cambio se acuñarían con distinto contenido proporcional de metal fino, induciéndose así la salida de la circulación de las de mejor calidad.

La confusión introducida por el patrón monetario establecido por la ley 35 de 1907 y las disposiciones fiscales en ella contenidas no fueron óbice para un nuevo intento de retiro de la circulación del papel moneda. En efecto, en parte como crítica a la gestión del gobierno de Rafael Reyes en materia monetaria, y al desempeño del Banco Central en relación con el escaso retiro de la circulación del papel moneda, la ley 58 de 1909 aprobó la celebración de un contrato entre el Gobierno y el Banco Central por medio del cual se declararon resueltos todos los contratos celebrados por el Poder Ejecutivo con esa institución. De esta manera, pese a la férrea oposición de Don José María Sierra, terminaron los privilegios del Banco Central, que siguió funcionando como banco privado hasta 1928 cuando se fusionó con el Banco de Bogotá.

Complementariamente la ley 69 de 1909, con el objeto de independizar la política monetaria y cambiaria de la influencia del Gobierno, creó la Junta de Conversión, conformada por tres miembros designados por el Congreso, con el doble propósito de estabilizar la tasa de cambio y de retirar el papel moneda de circulación.

Para esos dos propósitos se estableció un fondo en oro que destinó la mitad de sus recursos para intervenir en el mercado cambiario, comprando y vendiendo moneda extranjera, de modo tal que la tasa de cambio no oscilara más allá de los límites establecidos por la misma Junta. La otra mitad de los fondos se destinaría al retiro de la circulación del papel moneda para lo cual, a diferencia de lo hecho en 1903 cuando se aspiró a que el billete se valorizara progresivamente, se fijó una tasa de cambio única equivalente a cien pesos de papel moneda por un peso de oro.

En el empeño de estabilizar el cambio, como veremos más adelante, la Junta de Conversión tuvo total éxito; en relación con el retiro de la circulación del papel moneda, por el contrario, las dificultades fiscales recurrentes impidieron el logro del propósito.

Con el producto de las rentas y demás ingresos previstos en la ley 69 de 1909, que incluyeron, entre otros, los rendimientos de las minas de esmeralda de Muzo y Coscuez; el producto del arrendamiento de las minas de Santa Ana, La Manta, Supía y Marmato; el producto del 2% sobre los derechos de importación; y la diferencia entre el valor de costo y el nominal de la moneda de plata en circulación, la Junta de Conversión había acumulado hacia 1913 reservas cercanas a 1,5 millones de pesos en oro y se previó que para fines de ese año ascenderían al 20% del valor de los billetes en circulación, o sea dos millones de pesos oro. Sin embargo, las dificultades fiscales impidieron que el Fondo siguiera acumulando recursos.

Contrario a una disposición contenida en la ley 69, que estableció que “al Fondo de Conversión no podía dársele en ningún caso, por ningún motivo, ni por orden de autoridad alguna, inversión distinta de la prescrita en esta ley, so pena de considerar el hecho como fraude a las rentas públicas y de ser castigados como responsables los miembros de la Junta y los empleados que ordenen la entrega y los que consientan en ella”, la ley 126 de 1914, ante la caída de las importaciones y del impuesto aduanero que provocó la Guerra Mundial, ordenó que el gobierno podía disponer de los recursos del Fondo de Conversión cuando sus rentas mensuales no alcanzaran la suma de 1.250.000 pesos. Disposiciones sucesivas, como las leyes 65 de 1916, 15 de 1918 y 61 de 1921, reafirmaron lo dispuesto por la ley 126 de 1914 y de esa manera se pospuso el reemplazo de los billetes de antiguas denominaciones por moneda metálica.

Ante esa imposibilidad, la Junta de Conversión, a partir de marzo de 1916, entró a sustituir los billetes antiguos por unos representativos de oro en denominaciones de 1, 2, 5 y 10 pesos, cuya edición, de fecha julio 20 de 1915, se contrató con American Bank Note Company. Estos billetes representativos de oro fueron emitidos por la República de Colombia y se conocieron como billetes nacionales hasta su retiro de la circulación en 1975.

A efectos de llevar a cabo el cambio de los billetes antiguos, y mantener en buen estado los que se pusieran en circulación, la Junta de Conversión ordenó emitir veinte millones de pesos en billetes representativos de oro, de los cuales 10 millones fueron de la denominación de un peso, 2 millones de la de dos pesos, 5 millones de la de cinco pesos y 3 millones de la de diez pesos. Los montos de esos billetes puestos en circulación entre 1916 y 1924 se consignan en la Tabla 2. Se estableció que el cambio de los billetes antiguos tendría como límite el 30 de junio de 1918, fecha que luego se amplió a junio de 1919. Límite que tampoco se cumplió pues hacia 1923 aún circulaba una pequeña cantidad de esos billetes antiguos.

Al tiempo que se intentaba convertir el papel moneda en moneda metálica, la ley 110 de 1912 adoptó el Código Fiscal que estableció como unidad monetaria de la Nación el peso oro, dividido en cien centavos, que pesaría un gramo 957 milésimas de gramo y se acuñaría a la ley 0,9162/3. Como múltiplos de la unidad monetaria se establecieron el doble cóndor (20 pesos), el cóndor (10 pesos), el medio cóndor (5 pesos) y el cuarto de cóndor (2,50 pesos). Estas dos últimas monedas eran equivalentes, pues tenían su misma ley y peso, a la libra y media libra de esterlina, monedas que circulaban libremente en el país. Los sub múltiplos del peso oro estaban constituidos por monedas de plata a la ley 0,900 de 10, 20 y 50 centavos que pesaban 0,25 gramos por cada centavo y cuyo poder liberatorio se reducía a diez pesos por transacción. Las monedas de más baja denominación eran las de cobre y níquel, de 1, 2 y 5 centavos y con peso de dos, tres y cuatro gramos, respectivamente, cuyo poder liberatorio era de dos pesos por operación.

Prohibidas las emisiones de papel moneda e instaurados regímenes monetarios que propugnaban por la circulación de moneda metálica con base en el oro, entre principios del siglo XX y el inicio de los años veinte del mismo el monto de la moneda en circulación estuvo gobernado, en buena medida, por los superávit o déficit que se presentaban en el comercio exterior, aunque es preciso señalar que durante los años de la Primera Guerra Mundial la conflagración ejerció notorio influjo sobre dicho monto. Así, entre 1910 y 1913 el país importó monedas de oro por el equivalente a cuatro millones de pesos oro. Durante la guerra, por el contrario, y pese al superávit comercial, se exportó el oro. Con ello, se produjo una tendencia a la baja en la cantidad de dinero en circulación, que sólo fue solucionada en 1919 con una importación de monedas de oro provenientes de Estados Unidos, en cuantía de nueve millones de pesos, con la acuñación de monedas de oro y con la puesta en circulación de los Certificados sobre Consignación de Oro, las Cédulas de Tesorería y las Cédulas Bancarias.

La acuñación de moneda después de 1919 encuentra su explicación en que, una vez Estados Unidos volvió a permitir los pagos en oro, los excedentes externos acumulados durante la guerra por los exportadores colombianos fueron cobrados en oro y más tarde acuñados. La circulación de los Certificados sobre Consignación de Oro se originó como respuesta a la limitada capacidad para acuñar el metal en la Casa de la Moneda de Medellín. En ésta se recibía el oro para acuñación a cambio de certificados de consignación, en series de 2,5, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos. Como el Estado recibía estos certificados en pago de las rentas y luego se cambiaban por el oro acuñado, puede decirse que cumplieron funciones monetarias.

De estas Cédulas se emitieron cuatro millones de pesos, que el Gobierno entregó a quienes voluntariamente las aceptaran en pago de sus acreencias. Los documentos eran al portador, en denominaciones de 1, 2, 5, 10, 25 y 50 pesos, y el Gobierno las recibía por su valor nominal en pagos de rentas. Para su amortización se utilizó el impuesto de timbre y papel sellado. Las Cédulas de Tesorería se imprimieron en talonarios del antiguo Banco Central y fueron recogidas por el Banco de la República a partir de 1923, como se explicará más adelante.

El segundo expediente utilizado para aumentar la circulación monetaria por Esteban Jaramillo, ministro del Tesoro del Presidente Suárez, consistió en recibir en las oficinas recaudadoras de impuestos, a la par con la moneda nacional, los billetes emitidos por el Banco de Inglaterra. Esta medida buscó aumentar el circulante y estabilizar la tasa de cambio que se había revaluado durante la Primera Guerra Mundial, debido al exceso de exportaciones sobre las importaciones y al bloqueo de las exportaciones de oro por parte de Estados Unidos y los países europeos. La Corte Suprema de Justicia no encontró ajustada a la Constitución esa disposición, fallo que desató una polémica entre el ministro Jaramillo y esa corporación y acabó por ponerle término a la circulación de los billetes ingleses.

Los anteriores esfuerzos para incrementar la circulación monetaria fueron complementados con la emisión de Cédulas Hipotecarias por los bancos privados, para pagar parte de sus créditos. Estos papeles al ser vendidos en el mercado por los compradores de bienes raíces circulaban como medio de pago. Además la ley 6 de 1922 consagró una autorización para emitir seis millones de pesos de baja denominación, a través de los llamados Bonos del Tesoro.

Como conclusión, puede afirmarse que desde 1903 los gobiernos de Colombia se propusieron el retiro de la circulación de los billetes de curso forzoso y el establecimiento de un patrón monetario basado en el oro. Pese a que, debido a los apremios fiscales, no se tuvo éxito en el logro de este propósito, el período que va del fin de la Guerra de los Mil Días hasta principios de los años veinte se caracterizó por un clima de estabilidad en los precios y en el tipo de cambio y por un rápido crecimiento económico.

En cuanto a la tasa de cambio, luego de la creación de la Junta de Conversión en 1909, el peso se cotizó casi a la par con el dólar hasta 1922, salvo en 1920 y 1921 cuando debido a una escasez de recursos externos subió a 1,12 y 1,17 pesos por dólar, respectivamente. En relación con el comportamiento de los precios, la inflación fue moderada durante todo el período y antes por el contrario se presentaron suaves bajas de los precios entre 1905 – 1907, 1912 – 1914 y 1921 – 1922. El único período en que se presentó una inflación relativamente alta fue en 1919 – 1920, cuando los precios subieron casi 20%.

La expansión económica de este período merece un comentario un poco más amplio. A raíz de la Guerra de los Mil Días, y por el desarrollo de la misma, el cultivo del café se desplazó de Cundinamarca y los Santanderes hacia Antioquia, Caldas y el Valle del Cauca. Ese cambio en la localización de la actividad cafetera tuvo un gran significado económico pues hizo que perdiera predominio la gran hacienda y lo ganara el cultivo de explotaciones pequeñas.

Esto a su vez produjo la separación de las actividades de producción y comercialización del grano, y en cierta medida una menor variabilidad de los precios internos debido a las fluctuaciones del precio internacional. Todo lo cual repercutió en una notoria expansión del mercado interno, no sólo por la demanda que generaban los ingresos cafeteros, sino por la expansión de la red interna de transporte y por la inversión requerida para beneficiar el café.

Además, las reformas arancelarias de 1903, 1905 y 1913 protegieron algunos productos agrícolas, lo cual, aunado al proceso de urbanización, propició el crecimiento de algunos de ellos como el algodón, la cebada, el trigo y el tabaco, entre 1903 y 1920. Expansión que también se dio en el sector industrial, por el impulso a la explotación petrolera, la fundación y modernización de varios ingenios azucareros, el crecimiento de la producción de cemento y ácido sulfúrico, el surgimiento de una industria de bienes de consumo, como el chocolate, las cervezas, las gaseosas, las velas y los fósforos y, de manera muy importante por el surgimiento de la industria textil en Antioquia y Cundinamarca, principalmente.

Se configuró así un proceso de desarrollo hacia afuera, merced a las exportaciones cafeteras, que se complementó con un notorio incremento del mercado interior. Ese desarrollo material tropezaba, como serio obstáculo, con la inexistencia de un sistema financiero que proveyese el crédito que demandaba la expansión económica y el medio circulante necesario para el buen desarrollo de la actividad productiva pues, como hemos visto, la creación del numerario se enfrentaba con muchas dificultades y el sistema de intermediación financiera funcionaba precariamente.

Conscientes de ello dirigentes como Rafael Uribe Uribe, Lucas Caballero, José Camacho Carrizosa y Carlos Calderón propusieron en distintas oportunidades el establecimiento de un banco de emisión. A partir de 1914 la controversia sobre la organización institucional necesaria para emitir el circulante se acrecentó y al debate sobre la pluralidad o la unidad de la emisión se agregó una discusión sobre la naturaleza jurídica de esa institución y sobre la conveniencia o no de que en ella participara el capital extranjero.

A pesar de que los partidarios de la unidad de emisión fueron ganando preponderancia, sobre los demás aspectos los consensos fueron escasos y fue así como entre 1917 y 1922 fueron presentadas al Congreso ocho iniciativas sobre la manera de organizar el Banco Central. Ninguna de esas propuestas cristalizó debidamente, pues el propósito sólo vino a quedar perfeccionado con la expedición de la ley 25 de 1923, mediante la cual se autorizó al gobierno para promover y realizar la fundación del Banco de la República, medida que se complementó, en lo atinente a la organización del sistema crediticio, con la ley 45 de 1923 sobre establecimientos bancarios.