Las emisiones clandestinas y la liquidación del Banco Nacional

Escudo de la Regeneración, según Greñas, publicado en El Zancudo, 1890. Clara muestra de la oposición que ciertos sectores de la nación hacían a los gobiernos de la Regeneración. 

Miguel Antonio Caro, presidente en ejercicio durante 1892-1898 por ausencia del titular Rafael Núñez, fue el más acérrimo defensor de la política monetaria y financiera de la Regeneración. 

Billete del Banco Nacional, de losaños 1885 y 1881. 

Billete del Banco Nacional, de losaños 1885 y 1881. 

Billete del Banco Nacional, de losaños 1885 y 1881. 

Retrato de Rafael Núñez en billete de 20 centavos del Banco Nacional, 1887. 

Nicolás Osorio. Co-gerente del Banco Nacional se vio involucrado en las investigaciones por emisiones clandestinas en el Banco Nacional.  

Libranza del puente de Girardot por 100 pesos, firmada por Carlos Martínez Silva como ministro del Tesoro de Carlos Holguín. 

Val de 100 pesos, por exacciones de la guerra  

Val de 10 pesos, por exacciones de la guerra  

Carlos Martínez Silva. Ministro del Tesoro de Carlos Holguín se vio involucrado en las investigaciones por emisiones clandestinas en el Banco Nacional.  

Parque de Santander a finales del siglo XIX, según óleo de Juan Cárdenas (1976). En el costado sur de este parque se levantaría, a mediados del siglo XX, el actual edificio del Banco de la República.  

Arturo Malo O´leary. Co-gerente del Banco Nacional se vio involucrado en las investigaciones por emisiones clandestinas en el Banco Nacional. Malo O´leary fue condenado a prisión y al pago de una multa por esas emisiones. 

Caricatura de Greñas en El Zancudo sobre la elección de vicepresidente, durante los comicios de 1892. Carlos Martínez Silva lanza a Marceliano Vélez, mientras Carlos Holguín “afila las espuelas” de Miguel Antonio Caro. Con las tijeras en la mano, Rafael Núñez observa la escena. 

Billete del Banco Nacional, 1881, con alegoría del istmo de Panamá. 

Reverso de un billete del Banco Nacional, con la firma de Juan de Brigard como cajero. 

Texto de: Antonio Hernández Gamarra Hacia

A pesar de una situación económica relativamente estable, la ley 70 de 1894 ordenó la liquidación del Banco Nacional. Por lo que hemos dejado consignado no puede decirse que esa decisión se gestó por un desborde monetario, por una inflación galopante, por una crisis externa o por una depresión económica. Nada de eso ocurrió hacia mediados de los años noventa del siglo XIX. La decisión tuvo razones de origen ético y político, como se puso de manifiesto en mayo y abril de 1894, con ocasión de una controversia periodística entre El Correo Nacional, diario opositor al Presidente Caro, y El Telegrama, periódico defensor y vocero del gobierno en ejercicio. Controversia que se había iniciado con ocasión de la elección presidencial de 1892.

Para dicha elección un grupo conservador, a cuya cabeza figuró Carlos Martínez Silva, ex ministro del Tesoro en el gobierno de Carlos Holguín, postuló como candidatos a Rafael Núñez para la Presidencia y a Marceliano Vélez para la Vicepresidencia, en oposición al partido nacional que apoyando a Núñez como candidato a la Presidencia prefería para la Vicepresidencia el nombre de Miguel Antonio Caro.

La escogencia del Vicepresidente resultaba crucial pues, como en efecto sucedió, se suponía que Núñez no ejercería el mando. Este optó en un principio por no inclinarse a favor de ninguno de los dos candidatos a la Vicepresidencia, pero terminó por sugerir a Vélez el retiro de su candidatura, lo que aseguró su elección como Presidente y la de Miguel Antonio Caro como Vicepresidente para el período 1892 a 1898. Al decir de Liévano Aguirre, Núñez se inclinó por Caro porque “significaba el mantenimiento e integridad de la Constitución de 1886, y Vélez la tendencia revisionista de esa Constitución. A Caro se le candidatizó porque él era el mejor símbolo de una política que tenía como fundamento la integridad de la Carta del 86, y consecuentemente, de la política nacionalista; a Vélez, porque significaba precisamente todo lo contrario, como lo demuestran sus escritos y los de los hombres que lo seguían; porque simbolizaba la tendencia hacia una mayor descentralización política y administrativa, porque pedía un aflojamiento del poder público y la revisión de las reformas económicas y financieras del gobierno regenerador”. [Liévano Aguirre (1985), p. 468]. Punto de vista este último compartido por Charles Bergquist, para quien Vélez era crítico del régimen del papel moneda y cuando hizo públicas sus críticas a las políticas fiscales de la Regeneración se ganó la animadversión de Núñez.

De esta manera, la elección presidencial de 1892 marcó un punto de no retorno para la unidad del partido en el poder. La división de ese año entre Caro y los veliztas, a cuya cabeza estuvo Carlos Martínez Silva en nombre de los conservadores históricos, se profundizó en los años subsiguientes cuando los opositores del Gobierno redoblaron sus críticas a la política fiscal y al régimen del papel moneda. Según Bergquist, el estilo inflexible y autoritario de Caro contribuyó a la polarización de las facciones conservadoras, pero la división también reflejaba factores económicos y en especial la postura de los distintos grupos frente a la política fiscal y monetaria del Gobierno.

En su mensaje al Congreso de 1892 Caro respondió a sus opositores, un mes después de su posesión como Presidente por la ausencia del titular Rafael Núñez, con una defensa cerrada del régimen del papel moneda y de sus benéficos efectos al señalar que “en los seis años de uso de ese instrumento de cambio la actividad industrial ha cobrado sorprendente vuelo”. [Caro (1956), p. 60]. Además, en ese mensaje el Presidente en ejercicio recabó sobre la necesidad de flexibilizar las normas de emisión monetaria y, discrepando de Núñez, sobre el dogma de los doce millones señaló “no se fijó esa suma caprichosa o arbitrariamente, como pudo haberse fijado la de 6, o 24, o 30 millones por ejemplo sino calculando una proporción justa entre ellas, y el movimiento económico del país representado por el monto de las rentas públicas. La proporción natural es de equivalencia de la masa del papel moneda con el importe total de las contribuciones públicas. La base que aquí se adoptó fue bien moderada como inferior al precitado límite. Mas si aquella cifra fue suficiente mientras subsistieron las condiciones que la determinaron, no debe serlo si varían considerablemente los elementos que sirven para calcular la cantidad de moneda necesaria para los cambios interiores; de donde se infiere rectamente que la promesa que se hizo en 1887, consignada en una ley, reformable por naturaleza, de no pasar de aquel límite, debe estimarse constante mientras perduren iguales causas, pero no de carácter absoluto o como consagración perpetua para todos los tiempos y circunstancias”. [Citado por Torres García (1980), pp.186 – 187].

Caro también censuró las propuestas sobre libre estipulación ya que “por la admisión simultánea y autorizada por la ley de diversas especies que tendieran a su recíproca exclusión, la equivalencia legal del billete con determinada moneda metálica sería implícitamente burlada, el curso forzoso de la moneda fiduciaria dejaría de regir, la nación faltaría a la palabra empeñada por sus leyes, y desde ese momento, cuanto tendiese a levantar el crédito del billete nacional sería recibido como una falsa promesa” .[Caro (1956) p. 62].

Uno de los principales opositores del Gobierno era Carlos Martínez Silva, director del Correo Nacional, periódico que había fundado el 1º de septiembre de 1890, quien escribió el 4 de abril de 1894 un editorial en ese diario, proponiendo un cambio en la orientación del Gobierno en lo relativo a la instrucción pública, las finanzas gubernamentales, la emisión de papel moneda, la organización del Banco Nacional, el manejo del crédito externo y terminaba pidiendo el abandono de las excomuniones políticas. Esas críticas y propuestas provocaron, en El Telegrama del 12 de abril de 1894, una dura réplica, que muchos entendidos atribuyeron a la pluma del Presidente Caro, porque en ella se decía que la depreciación del papel moneda era la principal causa de los mayores males de la Nación y se insinuaba que los excesos de emisión se habían hecho durante la época en que Carlos Martínez Silva había ejercido el cargo de ministro del Tesoro, durante el gobierno de Carlos Holguín.

Martínez Silva recogió las insinuaciones y pidió se presentara denuncia formal del delito que se le atribuía. Este escrito motivó uno nuevo en El Telegrama en el cual se afirmó que como había en circulación veintiséis millones de pesos en billetes y la ley solamente había autorizado la emisión de diecisiete millones de pesos, era preciso que los ex ministros del Tesoro que pudiesen haber participado en el exceso de emisión explicaran de una manera categórica su conducta. Quedó así planteado el inicio del debate sobre las emisiones clandestinas en el Banco Nacional.

Como resultado de esa controversia, y del escándalo que ella suscitó, salieron a la luz pública nuevas informaciones entre las que se destaca por su detalle el “informe del Contador del Banco Nacional, relativo al negocio de compra y venta de unos documentos de crédito público, efectuados entre el Banco Nacional y el de Bogotá, y a la emisión general de billetes”, de fecha 19 de mayo de 1894, publicado en la Memoria del Tesoro de ese año. Ese informe contiene un detenido recuento de todas las emisiones efectuadas a partir de abril de 1889, con indicación de las personas que intervinieron en su autorización, las fechas de emisión y el destino que se les dio.

Las publicaciones y los debates dieron lugar a que el Fiscal del Tribunal Superior de Cundinamarca iniciara, el 10 de mayo de 1894, una investigación y que otro tanto hiciera la Cámara de Representantes que en agosto de ese mismo año designó una Comisión para investigar las emisiones ilegales del Banco Nacional.

La Comisión designada por la Cámara de Representantes el día 3 de agosto de 1894, en informe rendido el 14 de noviembre del mismo año, examinó once episodios de presuntas irregularidades, entre los cuales, por su cuantía y significación, sobresalen las emisiones para la negociación de la deuda antigua en 1889 y las emisiones para el cambio de la moneda de ley 0,500 en 1891.

Como conclusión de ese informe se presentó un proyecto de resolución acusatoria, ante el Senado de la República, contra los ex ministros del Tesoro Carlos Martínez Silva, Vicente Restrepo, Marcelino Arango, y contra el ministro en ejercicio Miguel Abadía Méndez. Los cargos iban desde exceso de emisión, violación de los estatutos del Banco Nacional, incumplimiento del deber, hasta el de emisiones ilegales.

De otro lado, el 10 de mayo de 1894 el fiscal del Tribunal Superior de Cundinamarca pidió que se procediera a averiguar las denuncias de la prensa en relación con los hechos indebidos ejecutados por los Bancos Nacional y Bogotá.

Surtidos todos los trámites legales del respectivo juicio, la Corte terminó por sobreseer a Simón Herrera, por la fabricación e introducción de billetes ordenadas por el Gobierno en 1886 y por las emisiones hechas durante su gerencia; declarar prescritas las penas en que incurrieron el gerente Nicolás Osorio y el revisor Carlos Eduardo Coronado por su participación en las emisiones ilegales de billetes del Banco Nacional anteriores a 1891; sobreseer del cargo de falsedad a Nicolás Osorio; seguir causa criminal contra el mismo por extravío, usurpación, malversación o mala administración de los caudales de la Hacienda Nacional; seguir causa criminal contra Arturo Malo O’leary por su participación en las emisiones ilegales realizadas durante su gerencia, por la parte que tuvo en la negociación de las acciones del Ferrocarril de la Sabana y por falsedad en documentos públicos y privados; seguir causa criminal contra Carlos Eduardo Coronado por haber firmado un balance falso y sobreseer al ex gerente del Banco Juan de Brigard.

Del examen de los hechos también es factible concluir que, contra la opinión del profesor Guillermo Torres García, dos de los gerentes del Banco Nacional y el Revisor Fiscal sufrieron penas de prisión a raíz de estos hechos. No obstante, para mayor precisión, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia terminó por revocar las medidas contra el revisor fiscal del Banco Nacional Carlos Eduardo Coronado; absolvió del cargo de malversación o usurpación de caudales públicos al ex gerente Nicolás Osorio; declaró prescrita las penas en que este último incurrió por los demás cargos que se le formularon en el auto de proceder; y condenó a Arturo Malo O’leary a quince meses de arresto y al pago de una multa de trescientos noventa y ocho mil doscientos noventa y dos pesos y quinientos milésimos de pesos.

Aun cuando el debate sobre las emisiones clandestinas tuvo un claro trasfondo político, de los hechos relatados se concluye inequívocamente que varios de los episodios investigados por la Comisión de la Cámara de Representantes en el segundo semestre de 1894, y por la Corte Suprema de Justicia en ese año y en 1895, constituyeron actos delictivos. Y fueron precisamente esos hechos los que terminaron por facilitar la expedición de la ley 70 de 1894 que ordenó el cierre del Banco Nacional y dispuso la amortización del papel moneda por él emitido.

Para este último fin se destinaron las dos quintas partes del 25% de los derechos de importación que en 1886 se habían cedido a los departamentos; el valor recuperable de la cartera del Banco Nacional; los valores que le correspondieran a la Nación en las empresas del Ferrocarril y del Canal de Panamá; y las utilidades que el Gobierno obtuviera al conceder a los bancos privados la facultad de emitir billetes.

La liquidación del Banco Nacional debía concluir en enero de 1895 pero, en atención a la norma que establecía que el proceso se suspendería en caso de conmoción interior y en vista de las circunstancias políticas que condujeron a la guerra de 1895, el Gobierno prorrogó su existencia hasta enero de 1896 cuando desapareció, siendo sustituido por la llamada Sección Liquidadora que era una dependencia del Ministerio del Tesoro. No obstante estas normas y disposiciones, algunas leyes de 1898, en forma bastante extraña, autorizaron emitir billetes al Banco Nacional cuando ya no existía legalmente, por lo que se conocen especies monetarias emitidas por esta institución con posterioridad a 1896.

Si bien el Banco Nacional no fue en sentido estricto un banco central, tal como modernamente se conocen esas instituciones, pues nunca fue un prestamista al que en última instancia pudieran acudir las demás instituciones de crédito, ni regulaba las reservas monetarias que ellas debían mantener, no debe caber duda de su trascendencia en la historia monetaria de Colombia. Después de todo, a través de esa institución el Estado ejerció el derecho a la emisión monetaria no como una apropiación arbitraria del mismo, sino como el ejercicio de un derecho inalienable y legítimo.