Crisis mundial y ortodoxia monetaria

Estampilla sobre el tema ”Riquezas Naturales”, impresa en 1932: banano.  

Estampilla sobre el tema ”Riquezas Naturales”, impresa en 1932: ganadería.  

Estampilla sobre el tema ”Riquezas Naturales”, impresa en 1932: café.  

Policía agrede a un obrero durante una manifestación de trabajadores de la industria automoviliaria en Detroit, diciembre de 1931.  

Portada del libro Colombia Cafetera de Diego Monsalve, 1925. Después de la década de 1920, el precio internacional del café y el valor de las exportaciones cafeteras incidieron sobre la política macroeconómica de Colombia. 

“Producción”, ilustración en el libro Colombia Cafetera, de Diego Monsalve, 1925. 

Ruta de exportación del café, en el libro Colombia Cafetera, de Diego Monsalve, 1925. 

Texto de: Antonio Hernández Gamarra

El auge económico durante la mayor parte de los años veinte, descrito a grandes rasgos en la sección anterior, empezó a detenerse en el segundo semestre de 1928 cuando confluyeron la caída en los precios internacionales del café y la paralización del flujo internacional de capitales.

Por este último concepto en el período comprendido entre el segundo semestre de 1928 y todo el año de 1929 ingresaron al país 15,5 millones de dólares, cuando por contraste durante la primera mitad de 1928 se recibieron casi setenta millones de dólares. Esa brusca caída obedeció, según José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro, a que “en el segundo semestre de 1928 se conjugaron tres factores diferentes que paralizaron el crédito externo: la política monetaria restrictiva en los Estados Unidos a partir de julio, la actitud firme del gobierno colombiano ante los intereses petroleros y las dudas crecientes en el exterior sobre la situación fiscal del país y la racionalidad de la política de obras públicas”. [Ocampo y Montenegro (1982), p. 42].

Todo parece indicar que estos dos últimos factores estuvieron estrechamente relacionados. En efecto, tratando de frenar el acelerado endeudamiento externo de los departamentos y los municipios se expidió la ley 6 de junio de 1928 que sometió a control del Presidente de la República y del Consejo de Ministros ese endeudamiento. Esa disposición fue utilizada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos como argumento para expedir una circular en la que se señaló lo riesgoso que podían resultar los nuevos endeudamientos de Colombia.

A pesar de los intentos del Gobierno por desvirtuar los términos de dicha circular, lo cual era relativamente fácil habida cuenta del poco peso del servicio de la deuda dentro de los ingresos corrientes de la Nación, ella surtió pleno efecto sobre la disponibilidad de crédito externo para Colombia porque en el fondo no se trataba de juzgar la situación financiera del país sino de presionar a favor de las compañías petroleras norteamericanas que abiertamente cuestionaban la política nacional sobre esa materia.

El cierre del crédito externo afectó de manera particularmente intensa a la banca hipotecaria cuyas emisiones de cédulas se colocaron a partir de 1927 en más de un 60% en los mercados del exterior. Pero además, debe agregarse que el crédito comercial de corto plazo otorgado por los bancos extranjeros a sus corresponsales colombianos para financiar operaciones de comercio exterior, prácticamente desapareció durante la crisis. Sobre el particular, en el noveno informe anual a la Junta Directiva (Julio 1° de 1931 a junio 30 de 1932), el Gerente del Banco de la República Julio Caro, quien fue designado en 1927 y permaneció en el cargo por veinte años, anotó: “los bancos extranjeros, especialmente los americanos, cancelaban por cable los créditos que habían abierto a las instituciones colombianas, llegando alguno de éstos al increíble extremo de protestar el giro de un banco respetable de Colombia expedido y presentado en virtud de un crédito vigente. Era el pleno pánico…”. [Caro (1932), p. 26].

Al cierre del crédito externo se sumó en el segundo semestre de 1928 la caída en el precio internacional del café, fenómeno que se agudizó en 1929 por el escaso financiamiento bancario que provocó la crisis mundial, por una cosecha excepcionalmente abundante en el Brasil y por la imposibilidad en que se encontró el gobierno de este último país para seguir una política de retención de inventarios.

Debido a la caída en los precios del café y al cierre del crédito externo, y en general a la aguda crisis mundial que abarató los precios de los demás productos exportados, la capacidad para importar de Colombia que fue de 132,7 millones de dólares como promedio anual en el período 1925-9, disminuyó en promedio a 45,3 millones de dólares anuales entre 1930 y 1934.

Bajo el esquema monetario entonces imperante, semejante contracción en la entrada de divisas tenía que reflejarse en una caída en las reservas internacionales, en una contracción del medio circulante y en general de los demás indicadores monetarios. Lo que en efecto aconteció, tal como se observa en la Tabla 4.

Tal caída, que fue especialmente severa en los años 1930 y 1931, se prolongó hasta 1932 en el caso de las reservas internacionales y se extendió hasta 1934 en cuanto a la cartera bancaria. Obedeció esto último a que a la política monetaria restrictiva, seguida al inició de la crisis por el Banco de la República, se unió la escasa disponibilidad a prestar del sistema financiero, en respuesta a la crítica situación por la que atravesaban los deudores, debido al alza de la tasa de interés real y a la desvalorización de sus garantías como consecuencia de la caída en el nivel general de precios.

De otra parte, la reducción en la capacidad para importar repercutió negativamente sobre la renta de aduanas, y en general sobre los recursos presupuestales del Gobierno, de tal suerte que a fines de 1930, o sea cuatro meses después de haberse iniciado el gobierno de Enrique Olaya Herrera, el déficit fiscal ascendía a 30.627.000 pesos, equivalente al 4,1% del PIB. La consecuencia lógica del desequilibrio fiscal fue la suspensión del programa de obras públicas, lo cual también repercutió adversamente sobre el nivel de empleo.

De esta manera, al decaimiento en la demanda privada, provocada entre otras cosas por la baja en el precio del café que descendió de cerca de 27 centavos de dólar la libra en 1928 a 11 centavos de dólar la libra en 1932, se sumó una caída en el gasto público, todo lo cual causó una desaceleración en la demanda agregada y el crecimiento económico, que se tradujo en una recesión abierta y en caídas en el nivel general de precios del orden del 17% anual en cada uno de los años que van de 1929 a 1932.

Tan desoladora situación se presentaba de manera análoga en casi todas las economías del mundo, en especial en el resto de los países de América Latina que compartían con Colombia la doble condición de haberse endeudado en el exterior muy rápidamente antes de la crisis y de ser exportadores de bienes agrícolas y materias primas cuyos precios descendieron agudamente en los mercados internacionales.

No obstante, a diferencia de muchos países latinoamericanos en los cuales la crisis repercutió adversamente sobre la legitimidad constitucional, en Colombia la recesión se presentó en momentos en que por primera vez en medio siglo las fuerzas opositoras, que representaba el partido liberal, accedieron al Poder Ejecutivo luego de un debate electoral cuya legitimidad no se puso en duda.

A pesar de ese cambio político, la crisis se manejó en los primeros meses de la administración Olaya Herrera con los instrumentos que aconsejaba la ortodoxia monetaria bajo un esquema de patrón oro, entre otras cosas porque el nuevo mandatario consideró que si Colombia pagaba cumplidamente su deuda externa se facilitaba la entrada, nuevamente, del capital internacional, lo que haría factible mantener el patrón oro.

En la concepción sobre la política monetaria entonces imperante, de la cual había sido fruto las instituciones creadas por Kemmerer en 1923, se creía que para la vuelta al equilibrio macroeconómico era necesario elevar la tasa de redescuento del Banco de la República, porque frente al desequilibrio en las cuentas externas esa elevación acentuaría la caída en la cantidad de dinero en circulación y produciría bajas en los precios internos, que favorecerían la competitividad de las exportaciones y el encarecimiento de las importaciones, con repercusiones favorables sobre la balanza de pagos, el ingreso y el empleo.

Estos fueron, precisamente, los principios que guiaron la política inicialmente seguida por el Banco de la República para hacer frente a las primeras manifestaciones de la crisis. En efecto, en marzo de 1929, bajo el gobierno de Miguel Abadía Méndez, la tasa de redescuento se elevó al 8% anual luego de haber permanecido inmodificada en 7% anual desde principios de 1924, como atrás se mencionó.

Esa primera alza en la tasa de redescuento produjo efectos en la dirección esperada, toda vez que en los meses subsiguientes bajó el volumen de los redescuentos bancarios y subió el respaldo en oro de los billetes y los demás pasivos monetarios del Banco de la República. Ello hizo que en julio de 1929 la tasa de redescuento se redujera nuevamente a 7% anual. El optimismo en que se basó esta última decisión se desvaneció, sin embargo, bien pronto. En octubre de 1929 la tasa de redescuento subió nuevamente a 8% anual y en noviembre se elevó a 9% anual. Preciso es, sí, anotar que con ocasión de la decisión de octubre de 1929, de la elevación en la tasa de redescuento se exceptuaron las operaciones garantizadas con prenda agraria y las otorgadas a favor del Gobierno, y que otro tanto sucedió al elevar las tasas de redescuento en noviembre de 1929 cuando se mantuvo el diferencial de 1% entre el redescuento común y las operaciones preferenciales.

Nació así la noción del crédito preferencial y la tasa de redescuento empezó a perder su condición de instrumento para orientar la política monetaria. El uso de ella se encaminó, desde entonces, a asignar preferencialmente determinados créditos.

Contra lo esperado, según la teoría, las alzas en la tasa de redescuento de octubre y noviembre de 1929 no disuadieron a los bancos para seguir incrementando su demanda por recursos del Banco de la República. Por el contrario, en esos meses los redescuentos siguieron creciendo hasta alcanzar los niveles más altos hasta entonces, en toda la historia del Banco de la República.

Esa evidencia, la postura de otros bancos centrales en el mundo y las reiteradas peticiones de los gremios económicos para que se redujesen los intereses llevaron al abandono definitivo de la tasa de interés como el instrumento central de la política monetaria. En mayo de 1930 la tasa de redescuento volvió al 8% para el crédito ordinario y al 7% para el preferencial, y en septiembre de ese mismo año se rebajó en un punto adicional para ambos tipos de créditos.

Así, la tasa de interés no preferencial volvió a un nivel igual al existente antes de la crisis. Sobre el particular, en su informe a la Junta Directiva de julio 1° de 1930 a junio 30 de 1931, el gerente del Banco de la República señaló que esa política se adoptó tomando en cuenta “la baja considerable experimentada por los tipos de descuento en los principales mercados monetarios”, [Caro (1931), p. 13] y el deseo de dar con ello una muestra de la confianza de la Junta Directiva en la política financiera del nuevo gobierno. Sin embargo, ello no satisfizo a los sectores nacionales que consideraban deseables bajas adicionales.

Tales fuerzas se expresaron en el Congreso de la República, que en uno de los artículos de la ley 82 de 1931 ordenó al gobierno “procurar” rebajas adicionales. Ese mandato provocó el rechazo del gerente Caro en los siguientes términos: “No es posible por disposiciones legislativas fijar las tasas de descuento de un banco central de emisión. Dependen ellas de múltiples y variables factores y consideraciones que los directores del establecimiento han de estudiar constantemente, para guiarse en la materia, sin dejarse perturbar por motivos personales o políticos. Es que instituciones de esa clase no pueden ser manejadas por las opiniones del público, que generalmente tiene un concepto muy imperfecto de los verdaderos fines y funciones de ellas; y… estas tienen que ir con frecuencia absolutamente en contra de lo que la opinión pida, si quieren seguir una acertada política en materia de crédito”. [Caro (1931), p. 14]

Pese a la resistencia del Banco de la República, la tasa de redescuento perdió toda significación como instrumento de manejo monetario, pues se bajó al 4% anual desde 1934 y en ese nivel permaneció inmodificada durante los siguientes años, con independencia de las situaciones monetarias, cambiarias o crediticias que afrontaran desde entonces las autoridades.

En materia cambiaria, en los comienzos de la crisis la política adoptada también estuvo acorde con los postulados del patrón oro. En efecto, hasta mayo de 1929 la tasa de cambio osciló dentro de los estrechos niveles fijados desde 1927, esto es 1,0275 pesos por dólar para la venta y 1,0150 pesos por dólar para la compra. En el referido mes de 1929 se llevó a cabo la primera modificación de la tasa de cambio, debido a que el Banco de la República, presionado por la elevada demanda de letras sobre el exterior, fijó como tasa de venta para estas últimas 1,0351 pesos por dólar. Esta tasa se conservó hasta principios de 1931, cuando se elevó a 1,05 pesos por dólar, la cual estuvo vigente hasta principios de 1932 según se explicará en la siguiente sección.

En referencia a la política de gasto público, el gobierno de Enrique Olaya Herrera decidió, en un principio, pagar cumplidamente el servicio de la deuda externa. Esa decisión unida a la imposibilidad de obtener nuevo endeudamiento de ese tipo, a la merma en la renta de aduanas y en general en los recursos rentísticos del Gobierno, y a las dificultades para financiarse internamente, bien con el sector privado o con el Banco de la República, llevaron a una reducción del gasto público. Lo cual se tradujo en disminuciones en los salarios oficiales y en la paralización de la inversión gubernamental en general y de las obras públicas en particular. Ese forzado y austero manejo del gasto público estaba, por lo demás, acorde con los principios del patrón oro pues en momentos en que el Banco de la República perdía reservas internacionales, y bajaba el encaje de sus billetes, resultaba inconcebible que se emitiera para financiar gasto público.

En resumen, puede decirse que en los tres años transcurridos entre principios de 1929 y finales de 1931 la lucha contra la recesión económica se intentó de acuerdo con los principios y reglas que la ortodoxia instituida por Kemmerer en 1923 recomendaba. Sin embargo, como esto no fue suficiente para reactivar la economía, se llegó al paulatino abandono de tales principios.