Los liberales de 1871 y el fomento de la Caficultura

General Miguel García Granados, Presidente provisional de Guatemala, que llegó al poder tras la Revolución liberal, de 1871 a 1873. 

Palacio de Gobierno de Guatemala, de donde emanaron todas las leyes de desarrollo económico de los liberales. 

Patio interior de la Sociedad Económica (hoy edificio del Congreso de la República), cuya Comisión de Agricultura impulsó la caficultura en la década de 1860. 

Plano en tela de la finca Panzamalá de Jorge Appenzauser, departamento de Alta Verapaz. Ejemplo ilustrativo del resultado de medición y diseño en un plano de la extensión de una finca, importante para la titulación de las tierras.  

Talando árboles para sembrar cafetales. Finca Las Nubes, Mazatenango, Suchitepéquez. Fotografía de Eadweard Muybridge, 1875. 

Trabajadores en el corte de café. Por su traje se sabe que son de la región de Atitlán. 

Ranchería en una finca de café en la bocacosta sur.  

Trabajadoras con sus escaleras y canastas listas para el corte de café. Fotografía de Eadweard Muybridge, 1875. 

Mesa de pago del jornal de los mozos, en la finca Cerro Redondo, Santa Rosa, ca. 1890. 

Trabajadores entregando el café cortado en el día. 

General José María Reyna Barrios, Presidente de Guatemala de 1891-1898, época de auge del café.  

Muelle del puerto de Champerico, habilitado en 1871.  

Muelle de San José con vista sobre la playa y los volcanes de Fuego, Acatenango y Agua en el fondo. 

William Owen. Junto con John T. Anderson montó un servicio de vapores entre los puertos de Lívingston y Panzós. 

Trabajadores descargando en el Puerto de Panzós, sobre el río Polochic.  

Puerto de Lívingston en la Bahía de Amatique, en la desembocadura del río Dulce.  

Estación del ferrocarril en Escuintla, con el volcán de Agua al fondo. Fotografía de Joaquín Alcain, ca. 1886. 

Texto de: Regina Wagner

El café, que se venía cultivando en Guatemala desde mediados de siglo y que gradualmente sustituyó a la cochinilla, adquirió importancia capital bajo el régimen liberal que llegó al poder en Guatemala en 1871. Ese año, las exportaciones de café alcanzaron casi el 50% del total y continuaron aumentando, lo cual significó para los liberales no sólo la entrada de divisas, sino también la importación de tecnología para modernizar el país.

Los liberales encontraron varios impedimentos al desarrollo de la caficultura. Había que cambiar la legislación vigente y modernizar el sistema político, pues para los agricultores progresistas era fundamental crear las bases jurídicas que fomentaran y protegieran la propiedad privada, aseguraran el crédito agrícola hipotecario, regularan el trabajo de los jornaleros agrícolas, impulsaran la construcción y mejora de la infraestructura vial e impulsaran políticas económicas que promovieran el desarrollo del país.

En el Occidente, liberales inconformes y marginados del poder desde 1839 fraguaron un movimiento revolucionario liberal, cuyo ejército, liderado por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, incursionó de México a Guatemala en marzo de 1871 y entró triunfante en la capital el 30 de junio de ese año.

La filosofía de desarrollo de los liberales de 1871

Las ideas modernas del liberalismo y positivismo de mediados del siglo XIX llegaron a la Universidad de San Carlos de Guatemala e impactaron en las mentes de estudiantes como Marco Aurelio Soto, Justo Rufino Barrios y Lorenzo Montúfar, quienes después de la Revolución ocuparon altos cargos en la administración pública y promovieron cambios radicales con consecuencias profundas en las estructuras económicas y sociales del país.

En la Sociedad Económica también se discutieron las nuevas corrientes y sus miembros buscaron soluciones prácticas a la deprimente situación económica. En abril de 1869 la Comisión de Agricultura de la Sociedad realizó una encuesta sobre las prácticas, costumbres, usos y abusos observados en la contratación de trabajadores en las fincas; y en mayo de 1870 convocó a un certamen para buscarle una solución al problema del sistema crediticio, que ganó Marco Aurelio Soto, con la propuesta del establecimiento de un crédito agrícola hipotecario.

Los liberales tenían como metas establecer un Estado moderno y desarrollar el país en lo económico y social. Para ello se basaron en la Reforma Mexicana con su famosa Ley Lerdo de 1856 (confiscación de los bienes de la Iglesia) y evitaron repetir los errores del gobierno liberal de Mariano Gálvez de la década de 1830. En lo ideológico postularon el libre comercio y se inspiraron en las concepciones individualistas del Estado, la economía y la sociedad, así como en la nueva corriente filosófica y científica de Augusto Comte, el Positivismo, que postulaba que “la elite debe encargarse de la conducción de la sociedad”, suponiendo que el beneficio material individual de los empresarios exitosos se extendería, por ende, al resto de la nación.

Para alcanzar el éxito y desarrollo económico observado en Estados Unidos –país que durante el siglo XIX recibió una fuerte inmigración europea–, los liberales fomentaron la inmigración extranjera a fin de atraer capitales, ideas, tecnología y espíritu empresarial.

En lo fundamental, los liberales deseaban orden y progreso, sacar al país del atraso económico y político en que se encontraba y dirigirlo por la senda de la civilización hacia la modernidad. Por tanto, sus políticas tendían a secularizar el Estado, dotarlo de instituciones modernas e impulsar el desarrollo y el progreso material.

Siguiendo la mentalidad española de “legislar es gobernar”, los liberales abundaron en decretos gubernativos, por medio de los cuales fomentaron la adquisición de tierras para la formación de propiedades privadas, proveyeron mano de obra a la agricultura, alentaron la construcción de una infraestructura vial, portuaria y ferroviaria, dictaron medidas para la protección al café, regularon el crédito agrícola y fomentaron la fundación de bancos.

Tierras para la caficultura

Había muchas tierras incultas y muchas personas deseaban cultivarlas, pero las leyes vigentes impedían su adquisición por tratarse de tierras ejidales (municipales) o propiedades eclesiásticas en manos inactivas o “muertas”. De allí que una de las tareas más importantes fue crear una legislación tendiente a facilitar la adquisición de tierras, tanto baldías como ejidales y de las corporaciones religiosas, para fomentar la propiedad privada y la agricultura comercial.

En julio de 1873, poco después que Barrios asumiera la Presidencia, el Estado declaró en venta 2,000 caballerías de tierras baldías de suelo fértil ubicadas en la Costa Cuca y El Palmar, Quetzaltenango, donde se confiscó una finca a la Orden de los Jesuitas. El objetivo era formar pequeñas y medianas propiedades de una a cinco caballerías. Las incultas valían 500 pesos y las ya cultivadas por los compradores con café, caña de azúcar, cacao y zacatón, 200 pesos; también se otorgaron facilidades para amortizar 100 pesos anuales.

En agosto de ese mismo año el gobierno confiscó los bienes de las iglesias, monasterios, conventos y hermandades. El producto de su venta se destinó a la formación de un Banco Agrícola-Hipotecario. De esta forma, no sólo quedaron eliminadas las “manos muertas” (los terrenos indivisibles e invendibles de las comunidades religiosas) que entraron a formar parte del mercado de tierras, sino también se creó el primer banco con crédito agrícola hipotecario en Guatemala.

En enero de 1877 el gobierno abolió el anticuado contrato de “censo enfitéutico”. Tierra “a censo” significaba arrendar terrenos de los ejidos municipales mediante el pago anual de un canon del 2% al 3% de su valor. En la venta de tales terrenos se privilegió a las personas que las habían tenido a censo, lo cual contribuyó sobremanera a la formación de propiedades rurales a un precio nominal del 5%, 8% y 10% del valor total del terreno, dependiendo de si se había tenido en censo antes de 1840, entre 1840 y 1860, o después de esa fecha, respectivamente.

Además, se favoreció la denuncia de baldíos por particulares. El procedimiento para adquirirlos era el siguiente: se denunciaba una tierra baldía ante la Jefatura Política del departamento respectivo y las autoridades ponían dicha denuncia al asta pública por un mes. Llegada la fecha determinada, se remataba el baldío en 100 pesos la caballería, en tanto no había competencia, de lo contrario se le otorgaba al mejor postor, de allí que el precio era elástico.

Para no afectar las tierras comunales de los indígenas, fue necesario e importante definir qué eran “tierras comunales” y “baldíos”. Tierras comunales eran “los terrenos poseídos y cultivados en común”, y aunque sólo satisfacían “necesidades transitorias” y no se “estimaban como correspondía” (o sea, no se destinaban al cultivo comercial), las municipalidades no debían redimirlos, sino “enajenarlos a las personas radicadas en el propio lugar” para que continuaran trabajándolas “como hasta ahora se ha acostumbrado”.

Baldíos eran los terrenos “que no están destinados por la autoridad a un uso público ni pertenecen con título legítimo a particulares o corporaciones”. No obstante, en el transcurso del tiempo se fue dando la enajenación de tierras que desde tiempos inmemoriales habían poseído las comunidades indígenas, pero que por carecer de un título que legitimara su propiedad, y por no tenerlas bajo cultivo –sino como “reserva”–, fueron enajenadas muchas veces por las municipalidades, manejadas por ladinos.

La medición de los terrenos denunciados debía realizarla un agrimensor autorizado por el gobierno, acompañado de dos testigos alfabetas y varios residentes locales para marcar los linderos y así fueran conocidos por todos. El precio de la medición por caballería era de 50 pesos. Según narra el geógrafo Doctor Carl Sapper, esta operación era a veces bastante dificultosa, pues había que subir y bajar montañas en la más densa jungla, y abrirse paso con machete y hacha, talando y botando árboles, palmeras, palos de helechos, lianas y maleza. Luego se tendía la cadena de medición y se levantaba un plano sobre tela o papel-tela, con el diseño de los linderos y los mojones del terreno.

A continuación se registraba el terreno adquirido en el Libro de Matrícula de la Jefatura Política del mismo departamento, donde se debía cancelar trimestralmente la contribución territorial de dos pesos por caballería. Luego el nuevo propietario encargaba a un abogado el trámite de inscribir el terreno en el Registro de la Propiedad Inmueble.

El Registro de la Propiedad Inmueble fue una institución clave, creada por el Código Civil el 8 de marzo de 1877. Su finalidad era dar seguridad a la propiedad privada. Por su importancia se establecieron tres oficinas de Registro: una en la capital, otra en Jalapa y la tercera en Quetzaltenango. En 1898 hubo necesidad de crear otras tres oficinas más: en Zacapa, Cobán y San Marcos.

Aun cuando el gobierno promovió la formación de tierras de tamaño mediano y pequeño –como se hizo en México–, en Guatemala muy pronto se formaron plantaciones de grandes extensiones de tierra, de manera que cuando ésta empezó a escasear, el presidente José María Reyna Barrios restringió la denuncia a una superficie baldía de 30 caballerías en 1891 y 15 caballerías en 1894.

En la bocacosta de los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez y Quetzaltenango, en particular en las faldas de la cordillera en la Costa Cuca y la Costa Grande, se talaron muchos bosques y se sembraron muchos cafetales. “Por doquier había fincas, grandes y pequeñas, que salían disparadas como hongos de la tierra”, decía el médico suizo Doctor Otto Stoll, quien visitó Guatemala entre 1878 y 1883, y agrega que “cada ciudadano que se respetaba a sí mismo tenía que tener su propia finca o al menos una finquita”.

En la fértil zona de la Verapaz, dividida el 4 de mayo de 1877 en Alta y Baja Verapaz, la adquisición de tierras baldías costaba 50 pesos la caballería –comparado con 500 pesos en la Costa Cuca–, pues desarbolar y desmontar tierras vírgenes en la selva significaba una gran inversión y mucha paciencia. No obstante, los bajos precios y la abundancia de mano de obra indígena atrajeron a muchos extranjeros, en particular alemanes, por lo que la denuncia de muchas caballerías llevó allí a la formación de grandes latifundios, con población indígena incluida. Esta población hizo parte de tales propiedades como colonato residente.

Provisión de la mano de obra

Conforme se incrementaba la producción de café, aumentaba la demanda de mano de obra. Para responder a las necesidades de los caficultores, el Estado liberal se vio obligado a prestarles asistencia, proveyéndoles de mozos. El problema no era tanto la escasez de población como la falta de mano de obra dispuesta a trabajar para los finqueros. La dificultad radicaba, básicamente, en la cosmovisión del mundo indígena, dedicado a la agricultura de subsistencia en sus tierras comunales y a la venta de productos artesanales en los mercados locales o regionales –una visión totalmente diferente a la del mundo occidental, moderno y capitalista, dedicado a la agricultura comercial y a los mercados internacionales.

Por la falta de interés del campesino indígena de trabajar en las haciendas cafetaleras y por la necesidad de mano de obra de los caficultores, a mediados del período de Cerna algunos finqueros empezaron a reclutar peones por medio del sistema de “habilitaciones” o anticipos de dinero, observa la Gaceta en 1867. Aparentemente el gobierno toleraba el incumplimiento de la legislación protectora de las comunidades indígenas, que durante el gobierno de Rafael Carrera no fueron molestadas, en parte porque el cultivo de la cochinilla no requería mucha mano de obra, lo cual les permitió desarrollarse y fortalecerse durante el Régimen Conservador.

En 1869 la Comisión de Agricultura de la Sociedad Económica encontró en su encuesta sobre las prácticas, costumbres, usos y abusos en la contratación de trabajadores en las fincas, que la escasez de brazos en la agricultura se debía al aumento de la relativa autosuficiencia y productividad de las comunidades campesinas indígenas, así como a la legislación vigente que las protegía del trabajo obligatorio.

En consecuencia, la primera disposición liberal que ordenaba dar asistencia a los caficultores para que sus empresas no fracasaran la emitió el Presidente Barrios, en una circular del 3 de noviembre de 1876, según la cual cada jefe político debía proporcionar de 50 a 100 mozos de los pueblos indígenas de su jurisdicción a quienes los solicitaran, haciendo relevos de mozos cada dos semanas. Éstos debían ser pagados por anticipado, según lo acostumbrado, por intermediación del alcalde o gobernador del pueblo para evitar el pago diario del jornal.

Medio año después, el 4 de abril de 1877, Barrios emitió el decreto Nº 177 o Reglamento de Jornaleros, que regulaba los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades del patrón, de los colonos o “rancheros” residentes en las fincas y de los jornaleros habilitados y los no habilitados. Dichos mandamientos consistían de la provisión de hasta 60 mozos a los finqueros por los jefes políticos, por 8 ó 15 días si eran del mismo departamento, y por 30 días si eran de otro. Las secretarías municipales debían anotar en un libro los mandamientos, las listas de mozos, el tiempo y las fincas a donde iban a trabajar.

Por su parte, los patronos debían llevar un registro o matrícula de cuentas corrientes con el debe y haber semanal de todos los jornaleros, entregar a éstos una libreta o boleta de solvencia con sus datos personales, el contrato convenido, sus deudas y pagos recibidos. Los finqueros debían proporcionar a los colonos habitaciones de teja o paja, alimentación sana y abundante o habilitación diaria (tres reales) o semanal, asignarles un pequeño terreno en la finca para labrarlo en su tiempo libre y establecer una escuela de primeras letras para los niños de los mozos cuando hubiere más de 10 familias.

Los colonos no podían retirarse de la finca hasta no haber cumplido el tiempo convenido ni aceptar habilitaciones de otros finqueros. Los mozos debían pagar el anticipo obtenido con su trabajo personal, sólo después de ello podían abandonar la finca. El pago a los jornaleros no habilitados era semanal. En la finca, mozos y colonos quedaban bajo la supervisión de los caporales, que dependían de un mayordomo, éste estaba a su vez bajo las órdenes del administrador del finquero.

En el enganche de mozos lo usual era que los agentes de los caficultores pasaran por los pueblos de las regiones del altiplano para habilitar y enganchar peones y llevarlos a las plantaciones. También había mujeres que trabajaban en la recolección del café, como se observa en la fotografía de Muybridge de 1875, en la finca “Las Nubes”.

A la par del Reglamento de Jornaleros, Barrios emitió una Ley contra la Vagancia en septiembre de 1878, que conminaba a todo vago y sin oficio a trabajar en algo productivo. Pero conforme aumentaban las plantaciones a fines del siglo XIX, la “cuestión de brazos” se convirtió en un tema apremiante para los caficultores. En 1893 el presidente José María Reyna Barrios abolió los mandamientos y, en abril de 1894, creó una nueva Ley de Trabajadores, que establecía que quedaban exentos del servicio militar y del batallón de zapadores (trabajo en obras públicas) los colonos, jornaleros habilitados e indígenas que mostraran una libreta en la que constara que tenían un compromiso de trabajo de por lo menos tres meses en fincas de café, caña de azúcar, cacao y banano en gran escala.

A principios del siglo XX, el reclutamiento de peones se volvió un asunto de competencia entre los enganchadores, y por los abusos y quejas de que los mozos se mantenían constantemente endeudados, los gobiernos tomaron diversas medidas, hasta que finalmente el Presidente Jorge Ubico prohibió los anticipos de dinero a los mozos colonos y jornaleros de las fincas en mayo de 1934 y fijó dos años para cancelar las deudas contraídas.

Ubico también derogó la Ley contra la Vagancia de 1878 y en su lugar la Asamblea Legislativa emitió una nueva, el 8 de mayo de 1934, que penaba con prisión a toda persona ociosa y sin oficio, en tanto no poseyera terrenos que pagaran impuestos o una propiedad de cuatro manzanas con algún cultivo para su sustento. Con ello, todo jornalero estaba obligado a trabajar en algo productivo por 150 días al año, debiendo portar una libreta que lo acreditaba como trabajador, con un empleo y un salario diario.

Los efectos sociales de tales políticas fueron varios. Por una parte hubo una fuerte migración de indígenas de las tierras frías a las cálidas de la bocacosta, tanto en forma estacional como permanente, y por la otra, se observa un aumento poblacional en las regiones costeras del sur y del occidente a partir de 1880, en particular en los departamentos de Escuintla, Santa Rosa, San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu y Suchitepéquez, en detrimento de las tierras altas, así como un proceso acelerado de “ladinización” de la población indígena en las fincas y en los municipios circundantes.

Ampliación de la infraestructura

La necesidad de establecer mejores comunicaciones entre los centros de producción cafetera y los puertos para su exportación, así como la introducción de maquinaria para su beneficio, constituyó un aspecto esencial en la política de desarrollo de los liberales. Hasta entonces el transporte se realizaba sólo en carretas tiradas por bueyes y a lomo de mula o mecapal en caminos de herradura.

Desde un principio el gobierno se esforzó por mejorar y ampliar la red vial y los servicios públicos. La institución encargada de ello fue el Ministerio de Fomento, creado en agosto de 1871. Sus funciones eran supervisar la apertura y el mantenimiento de las vías por tierra, ríos y canales, o sea caminos, puentes, puertos, vías férreas, así como los servicios de correos y telégrafos, a partir de 1873. Pero por la falta de fondos estatales, la ejecución de tales obras fueron realizadas, en la mayoría de los casos, por empresas privadas, contratadas por el Estado.

La construcción de caminos estuvo a cargo del gobierno y se planificó de la capital hacia las principales villas y ciudades y de las regiones cafetaleras a los centros de comercio y los puertos. En 1876 estaban concluidos los caminos que enlazaban la capital con Quetzaltenango y Huehuetenango, y con los puertos del Pacífico. También se construyeron carreteras troncales, cuyo financiamiento se obtuvo mediante un impuesto de dos pesos por caballería de tierra a los terratenientes, en vista de que esta medida los beneficiaría a ellos.

En 1871 existía sólo un puerto importante con muelle de hierro sobre el Pacífico en Escuintla: San José. El primer decreto promulgado por los liberales, el 10 de julio de 1871, fue la habilitación del puerto de Champerico en el suroccidente del país, en donde ya se había desarrollado un buen número de plantaciones cafetaleras en la zona cada vez más importante conocida como la Costa Cuca y la Costa Grande, en Suchitepéquez y Quetzaltenango. Su construcción se inició en 1875 y quedó abierto al público en 1877. Por el clima insalubre del puerto, la aduana y los negocios relacionados con la agricultura fueron trasladados a la villa de Retalhuleu, cuya creciente importancia obligó al gobierno a crear el departamento que lleva ese nombre, el 16 de octubre de 1877.

El siguiente puerto fue Lívingston, habilitado el 9 de noviembre de 1878, en la desembocadura del río Dulce. En 1882 fue declarado libre de derechos de alcabala marítima por diez años. Cuando quedó instalada la línea del telégrafo, la aduana de Izabal se trasladó a Lívingston, que como puerto de salida adquirió gran importancia para la región de la Alta y Baja Verapaz, cuya caficultura estaba en pleno desarrollo.

El 16 de agosto de 1884 se habilitó el Puerto de Ocós, en San Marcos, cuya construcción estuvo a cargo de una compañía privada de finqueros y comerciantes alemanes, ingleses y estadounidenses establecidos en la región. El puerto y el muelle de 433 metros de longitud quedó abierto al público en 1888.

Los tres puertos sobre el Pacífico eran radas abiertas y poco profundas, por lo que los buques no podían atracar directamente en los muelles. Los muelles de San José y Champerico eran propiedad de la Compañía de Muelles, una sociedad anónima encargada de las operaciones de embarque y desembarque de los bultos y fardos en lanchones.

En Izabal, los norteamericanos John T. Anderson y William Owen obtuvieron en marzo de 1881 la concesión estatal de establecer una agencia de comunicación y transportes, con pequeños vapores de bajo calado, para transportar café desde el puerto fluvial de Panzós sobre el río Polochic hasta el puerto de Lívingston, en el Mar Caribe. Diez años, después expiró el contrato de Anderson & Owen, y en Cobán se formó la Compañía de Agencias, que se encargó de la comunicación por vapor y, más adelante, del manejo del Ferrocarril Verapaz. El Muelle de Puerto Barrios fue habilitado en 1891, pero careció de importancia por falta de una comunicación hacia el interior, hasta 1897, cuando quedó concluida la línea Puerto Barrios-El Rancho.

Las líneas marítimas que llegaban a los puertos guatemaltecos eran de origen británico, francés, estadounidense, alemán, danés, noruego, mexicano y chileno. Inicialmente se trataba de veleros, pero desde mediados de la década de 1850 comenzaron a arribar vapores de la Panama Railroad Company (que más tarde cambió su nombre a Pacific Mail Steam Ship Company) y de la British Royal Mail Steam Ship Company. A partir de 1871 se establecieron nuevas líneas navieras con la Compagnie Général Transatlantique, la Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Aktiengesellschaft (HAPAG o línea Hamburgo-América) y el Norddeutscher Lloyd (Lloyd Nortealemán, de Bremen). Dicha comunicación era a partir de Panamá.

En vista de que el servicio distaba de ser satisfactorio, pues los buques partían antes del horario establecido o no atracaban en los muelles y el café se apilaba en el muelle –situación terrible para los exportadores–, el gobierno de Guatemala firmó en 1881 un contrato con la compañía naviera alemana Kosmos, la cual se asoció con la Hamburg-Pacific-Dampfschiffs-Linie (Kirsten) en 1892. Dicha línea prestaba un mejor servicio y cubría el viaje completo y directo de Europa a Suramérica y Centroamérica en vapores que arribaban cada dos meses a los puertos de San José y Champerico y, en época de cosecha, una vez al mes. Similar servicio prestó la HAPAG en Lívingston a partir de 1900, a petición de varios exportadores de café alemanes influyentes de Alta Verapaz.

Los ferrocarriles fueron una de las mayores ambiciones de los liberales. No había modernización sin “caminos de hierro” que facilitaran el transporte terrestre de mercadería y de personas. Pero, en vista de que su realización y construcción significaba la erogación de fuertes sumas de dinero, el Estado recurrió a inversionistas y constructores extranjeros y subvencionó la construcción de cada milla. Los contratos se celebraron con el Ministerio de Fomento, y se estableció que a los 99 años las líneas pasarían a ser propiedad del Estado. En el siguiente mapa se indican las varias etapas en que se realizó la construcción de los ferrocarriles.

Como se observa en el mapa, las vías férreas comunicaban los centros de producción de café y las principales villas y ciudades con los puertos, siguiendo la línea costera del Pacífico al pie de la cordillera. Esto facilitaba el flujo de la mercancía a los mercados mundiales. Para completar el sistema ferroviario con salida al Atlántico, el presidente Manuel Estrada Cabrera puso todo su empeño en la conclusión del tramo El Rancho-Guatemala, que fue grandemente celebrada en 1908 por su trascendencia para la economía del país. El concesionario Minor C. Keith -a la vez Presidente de la United Fruit Company– recibió a cambio toda la línea del–Ferrocarril del Norte, más 1,500 caballerías de tierra en Izabal. En 1912 absorbió todas las demás líneas existentes –excepto el Ferrocarril Verapaz–, que operaron bajo el nombre de International Railways of Central America (IRCA).

Medidas de protección al café

Una de las medidas para incrementar el cultivo del café, tomada por el Presidente Barrios en 1875, fue la siembra de 10 quintales de café para crear semilleros y almácigos en todos los departamentos de la República. Esto se hizo particularmente en Amatitlán y en Antigua Guatemala, en donde había decaído completamente el cultivo de la cochinilla y donde el clima y el suelo eran propicios para el cultivo del café. En Antigua Guatemala, el agricultor Manuel Matheu Sinibaldi, por encargo del gobierno, cultivó “un millón de matas de café en su finca que fueron repartidas conforme a las órdenes que recibía”. El gobierno instruyó también a los jefes políticos departamentales para que formaran semilleros y almácigos, con el objeto de que cuando estuvieran en edad de trasplante, se entregaran al costo a las personas acomodadas y en forma gratuita a la gente pobre. De tal cuenta, esta región llegó a formar una de las zonas cafetaleras más ricas del país.

La protección del cultivo del café llegó a tal extremo que, en septiembre de 1876, el gobierno decretó la pena de cárcel y hasta de trabajo en obras públicas por el delito de hurto o destrucción de semilleros, almácigos o plantillas de café. Esto se hacía “no por el valor de la cosa”, sino por “la gravedad del hurto” y “lo especial del delito”.

Diferente y cambiante fue la situación relativa a los derechos de exportación. Consistiendo los ingresos del Estado básicamente en impuestos aduanales, en noviembre de 1871 el derecho de exportación del café se fijó en un real por quintal exportado, cantidad que fue aumentada en febrero de 1873 en medio real. Al comenzar a representar el café la riqueza del país, el Estado consideró aumentar el impuesto de exportación –por motivo de guerra con El Salvador– en cuatro reales, y en mayo de 1877 en otros 50 centavos por quintal, lo cual ya sumaba un peso.

No obstante, cuando en 1879 el precio del café acusó una notable baja en los mercados europeos, situación que influyó desfavorablemente en la producción nacional, el gobierno redujo el derecho de exportación a 50 centavos, y en septiembre de 1885 hasta exoneró el café de todo impuesto de exportación por el término de 10 años. Pero cuando empezaron a mejorar los precios del café en los mercados extranjeros, el gobierno reconsideró dicha medida y en 1887 impuso el cobro de un peso sobre cada quintal de café oro exportado, y el 80% de ese valor sobre cada quintal de café pergamino exportado, lo cual ya se venía haciendo desde entonces.

El crédito agrícola y los primeros bancos

Al inicio, la caficultura estaba estancada en cierta medida por la falta de una política que facilitara la obtención de créditos para la formación de plantaciones, la compra de maquinaria de beneficio y los adelantos de dinero para enganchar mozos y levantar las cosechas de café, sin recibir beneficios antes de tres a cinco años. En realidad, no existía el crédito territorial, o sea la hipoteca sobre fincas rurales, sino sólo urbanas, y el tipo de interés acostumbrado en la cosecha de la cochinilla era a corto plazo y sumamente elevado. Además, existía el diezmo, que gravaba la agricultura en favor de la Iglesia.

A partir de 1872 quedó abolido el diezmo y, en julio de ese año, el gobierno liberal decretó las bases para el nuevo sistema crediticio y reguló la concesión de créditos hipotecarios por medio del Código Civil, de 1877.

En tanto la ausencia de bancos constituía un freno para las habilitaciones en la caficultura, este vacío fue llenado inicialmente por comerciantes importadores y exportadores, como Hockmeyer & Co. (quien había intentado fundar un banco con nacionales y extranjeros en 1867), los comerciantes y exportadores de café Adolfo Stahl y Carlos Quezada, que se establecieron en la década de 1880 en Quetzaltenango, y otros más, que hacían las veces de “habilitadores” o financistas de las cosechas de café, con el compromiso de los caficultores de venderles a éstos tales cosechas, que como prenda agraria constituían una garantía.

Esta modalidad siguió existiendo aun cuando el gobierno estableció, el 27 de agosto de 1873, el primer banco en Guatemala, el Banco Agrícola-Hipotecario, que se formó con el producto de la venta de las tierras confiscadas a las órdenes religiosas. A partir de marzo de 1874 dicho banco se llamó Banco Nacional de Guatemala. Este banco fue de corta duración, pues en 1876 el presidente Barrios recurrió al mismo para costear una guerra contra El Salvador y lo dejó descapitalizado. En consecuencia, fue cerrado en noviembre de ese mismo año.

Sin embargo, sirvió de ejemplo a particulares, que con base en el Código de Comercio de 1877, fundaron el Banco Colombiano, el 27 de agosto de 1877; el Banco Internacional, el 3 de septiembre de 1877; y el Banco de Occidente en Quetzaltenango, en 1881. Estos bancos estaban autorizados a imprimir sus propios billetes, realizar operaciones bancarias de depósito, cambio de moneda extranjera y giros, así como otorgar adelantos de dinero para las cosechas en la agricultura.

Durante la última década del siglo XIX, cuando subieron los precios del café y la bonanza incitó a una mayor formación de fincas cafetaleras, aumentaron las transacciones bancarias y se fundaron tres bancos más: el Banco Agrícola-Hipotecario, en 1894; el Banco de Guatemala y el Banco Americano de Guatemala, en 1895.

Para atender al público en los distritos comerciales y cafetaleros del país, estos bancos establecieron agencias, que fueron manejadas por comerciantes de su confianza, en las ciudades de Quetzaltenango, Retalhuleu, Coatepeque, Mazatenango, San Felipe, San Marcos, Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa, Antigua Guatemala, Cobán, Zacapa y otras más.

Con tales medidas para impulsar la formación de propiedades rurales, el suministro de mano de obra para la caficultura, la construcción de infraestructua vial, portuaria y ferroviaria, la protección del almácigo y la reducción del impuesto de exportación de café cuando bajaron los precios internacionales de éste, así como la regulación del crédito agrícola más la fundación de bancos. No cabe duda de que el Estado liberal dio todo el apoyo y fomento decidido al cultivo y producción del grano de “oro”.

En consecuencia, la identificación con la caficultura de los políticos liberales (a la vez caficultores y presidentes como Justo Rufino Barrios y Manuel Lisandro Barillas), los terratenientes, financiadores y exportadores, dio al Estado una base económica enfocada casi exclusivamente a la producción, comercialización y exportación del café, cuyo fin era acelerar la modernización y el desarrollo del país. Esto creó la dependencia de un monocultivo que, en consecuencia, dio a Guatemala –como a los demás países centroamericanos– el nombre de Repúblicas cafetaleras.