Preámbulo

El Tratado Lozano-Salomón ratificado por los dos países en 1928, culminó las negociaciones bilaterales, pero no dejó satisfechas las aspiraciones contrapuestas de colombianos y peruanos. 

Antigua carta de viaje publicada en Nuremberg en 1599 para mostrarla «delimitación de la América Austral, Brasilia, Caribana, Guiana, Castilla del Oro, Nicaragua, Antillas, Perú, Chile y Río de la Plata». 

La Ignición del Conflicto

El 1º de septiembre de 1932, hacia las cinco treinta de la madrugada, una agrupación de civiles armados de carabinas Winchester y militares peruanos asaltaron la población de Leticia, sobre el llamado Trapecio Amazónico, consagrado come territorio nacional de Colombia por el Tratado Lozano Salomón de 1928.

La capitaneaban el ingeniero Oscar Ordóñez y el alférez del Ejército del Perú Juan de la Rosa, quien vestía prendas civiles. Aunque los asaltantes vestían de paisano, la participación militar en el ataque se comprueba por múltiples aspectos. El alférez La Rosa era el comandante de la guarnición de Chimbote. Se emplearon ametralladoras pesadas y cañones, al lado de fusiles Mauser y carabinas Winchester, que sólo podían tener procedencia castrense. Una vez perpetrado el asalto, un contingente de soldados en uniforme distribuyó centinelas en los puntos más importantes de la población.

La pequeña localidad de Tarapacá, sobre la margen sur del río Putumayo, lugar estratégico por su ubicación próxima a la frontera con el Brasil y sus características topográficas, fue tomada por fuerzas militares peruanas y convertida en fortín atrincherado, con lo cual se controlaba la navegación de este importante tributario del río Amazonas.

El intendente del Amazonas, Alfredo Villamil Fajardo, fue tomado prisionero junto con las autoridades allí presentes y con la totalidad de los pobladores de nacionalidad colombiana. Expulsados los funcionarios por las fuerzas agresoras, hallaron refugio en la cercana población brasileña de Benjamín Constant, donde el intendente depuesto de su cargo y exiliado del territorio nacional, abrió un expediente en el que reunió 37 declaraciones de testigos presenciales de los hechos.

La consistencia en el relato de lo ocurrido es notable. Cuatro ciudadanos brasileños, un francés, un maltés y el resto colombianos, además de dos peruanos revelan la presencia de elementos militares del Perú en el asalto, si bien difieren en el número de cañones y ametralladoras empleados. Este detalle se explica por las diferentes horas en las que unos y otros vieron dicho material pesado, lo que pudo significar emplazamiento gradual de las piezas divisadas por los declarantes.

Todo en retamiento armado tiene un período de gestación. Los antagonismos que lo originan generan tensiones en progresivo aumento, que culminan bien porque un detonante ocasional produce el estallido, bien porque un proceso calculado señala el momento para desencadenar el conflicto.

El asalto a Leticia estuvo precedido por más de un siglo de difíciles negociaciones diplomáticas, varias veces abiertas e interrumpidas, y por incidentes armados que variaron desde la guerra de 1829 desatada por el mariscal José de la Mar con el propósito de anexar al Perú las provincias colombianas de Cuenca, Loja y Guayaquil, hasta el ataque a la localidad de La Pedrera en 1911 sobre la margen sur del río Caquetá por una expedición militar al mando del teniente coronel del Ejército peruano Oscar Benavides.

El Tratado Lozano-Salomón, ratificado por los dos países en 1928, si bien culminó las negociaciones bilaterales, no dejó satisfechas las aspiraciones contrapuestas de colombianos y peruanos, que se sentían con derechos sobre extensiones geográficas que el mencionado instrumento de Derecho Internacional Público dejó por fuera del respectivo país.

Para el Perú, la soberanía nacional se extendía hasta el río Caquetá por el norte, por cuanto hasta allí llegaba la jurisdicción religiosa del obispado de Lima, al cual había asignado la corona española el territorio amazónico para efectos misionales. Para Colombia, esa parcela, entendida por el Sur hasta el río Napo y por el Oriente hasta la desembocadura del Caquetá en el Amazonas, le pertenecía como heredad histórica del Virreinato de la Nueva Granada, en virtud de la doctrina del Uti Possidetis de 1810, aceptada en el mundo hispanoamericano como base de la delimitación territorial entre las naciones surgidas de las antiguas colonias españolas.

Lo que para los colombianos fue aceptación resignada de un hecho jurídico, para los peruanos, en particular los pobladores de la región amazónica, aquello fue un despojo. Dos importantes firmas comerciales de naturaleza familiar, poseían intereses en la zona adscrita por el Tratado a Colombia. La Casa Arana, tristemente célebre desde las épocas de las caucherías, una inmensa concesión en territorio colombiano, otorgado por el gobierno de su país desde antes de la firma del Tratado Lozano?Salomón. Los hermanos Vigil eran propietarios de la granja La Victoria, al oeste de Leticia, fuente de importantes negocios madereros y agrícolas.

Con poderosas influencias en los círculos políticos del Perú, Aranas y Vigiles presionaban el reintegro de los territorios «cedidos» a Colombia al patrimonio nacional de su país. Un hecho político vino a crear la coyuntura propicia. Al gobierno del Perú había accedido por la vía armada el coronel Luis María Sánchez Cerro.

Débil políticamente por la cerrada oposición de partidos rivales, el régimen dictatorial halló en las circunstancias descritas la coyuntura favorable para consolidarse en un acto de reivindicación patriótica que obedeció, en sus propios términos, a “las incontenibles aspiraciones del pueblo peruano”.

Dos naciones amigas y hermanas se veían precipitadas así, a un conflicto bélico adverso a los intereses reales y futuros de sus pueblos, contrario a la vez a mandatos históricos y fuerzas unificadoras. Es este el origen del recuento contenido en las páginas del presente libro.