La cuestión limítrofe

La geopolítica considera puntos conflictivos los lugares donde confluyen fronteras de tres o más países. Colombia, Perú y Ecuador se dan cita en el triángulo histórico de San Miguel‑Sucumbíos, área litigiosa cuya delimitación costó muchos años e innúmeras negociaciones. 

El conjunto forestal amazónico es el más extenso del planeta, en donde se encuentran especies vegetales y zoológicas autóctonas de esta zona húmeda, tropical y ecuatorial.  

Carlos lll marca con su largo reinado la más brillante etapa de la era borbónica española. Sus famosas ordenanzas fueron, en las postrimerías del siglo XVIII, la base estructral del Ejército y de las milicias coloniales de América. 

Fabio Lozano Torrijos, exponente de la famosa “Generación del Centenario”, signo con el Ministro de Relaciones del Perú, Alberto Salomón, el Tratado definitorio de las fronteras entre los dos países. 

Jorge Tadeo Lozano, segundo hijo del Marqués de San Jorge, como Presidente del Estado de Cundinamarca fue signatario con el canónigo venezolano José Cortés Madariaga del pacto conocido como Uti possidetis juris para la definición de las fronteras entre Estados surgidos de las colonias españolas. 

Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, derrotó en la doble batalla de Saraguro ‑ Tarqui, a las fuerzas invasoras peruanas al mando del mariscal José de la Mar en 1829. 

El general Rafael Reyes Prieto fue, con sus hermanos Néstor y Enrique, el primer explorador de la Amazonia colombiana. 

El Encanto fue la sede amazónica de la empresa cauchera establecida en territorio colombiano por Julio César Arana y sus hermanos, que contribuyó seriamente a la generación del conflicto limítrofe de 1932. 

General Ramón González Valencia. 

Carlos E. Restrepo. 

José Vicente Concha.  

Enrique Olaya Herrera. 

Miguel Abadía Méndez 

Luis María Sánchez Cerro derrocó del gobierno al presidente Augusto Leguía para hacerse elegir luego por la Unión Revolucionaria. Posesionado el 8 de diciembre de 1931, quiso buscar el respaldo de que carecía, apoyando la invasión a territorio colombiano. 

Texto de: Mayor General, Jaime Durán Pombo

Geografía e Historia

Una de las consideraciones que debe formularse quien se ocupe de cualquier acontecimiento histórico, es apreciar, previamente, la íntima vinculación que existe entre la geografía y la historia. La primera de estas ciencias estudia en sus más variados aspectos, el escenario natural en el cual ha venido actuando el hombre, el gran protagonista de la historia. Estas consideraciones son básicas cuando se trata de la cuenca hidrográfica del Amazonas, la más extensa del globo.

Al respecto en Los fundamentos geográficos y los problemas de la vida económica, de que es autor el geógrafo Rudolf Lutgens, dice: “La región del tráfico fluvial más extensa del mundo es la del Amazonas, tiene más de veinte (20) ríos secundarios que son mayores que el Rhin. Los buques pueden remontar el Amazonas por más de cuatro mil (4.000) kilómetros”. Inserta un cuadro comparativo que se transcribe.1

A los datos precedentes debe agregarse que dos quintas partes del espacio territorial de América del Sur, están cubiertas por el conjunto forestal amazónico, el más extenso del planeta, en donde se encuentran especies vegetales y zoológicas autóctonas de esta zona húmeda, tropical y ecuatorial. Además, la naturaleza ha complementado esta red fluvial con el brazo Casiquiare que conecta al río Negro, afluente del Amazonas, con el río Orinoco.

Las condiciones geográficas características de la cuenca amazónica, han sido estudiadas por antropológos y sociólogos, quienes han establecido la influencia que ellas ejercen en los seres humanos que habitan esas regiones. Concuerdan en afirmar que diez mil años antes de la Era Cristiana, ya había llegado el hombre a esta zona del planeta.

Antecedentes Remotos

No fue fácil en el pasado la delimitación territorial en la Amazonia, donde se dieron cita dos imperios, España y Portugal, y convergen cuatro naciones contemporáneas, herederas de las que fueran sus antiguas posesiones de ultramar: Colombia, Brasil, Ecuador y Perú.

Los dos reinos ubicados en la Península Ibérica se disputaron, durante los períodos que se conocen como Descubrimiento, Conquista y Colonia de Iberoamérica, el dominio de los espacios colindantes, circunscritos a las cuencas hidrográficas del Amazonas y del río de La Plata. Entre Castilla y Portugal se habían presentado, antes del Descubrimiento del Nuevo Mundo, discrepancias dinásticas y territoriales, para cuya solución los reyes y príncipes cristianos solicitaron la intervención del Sumo Pontífice. Tales discrepancias irían a intensificarse en la era de los grandes descubrimientos, cuando los intereses de los imperios español y portugués en formación comenzaron a coincidir en áreas de interés.

El Meridiano De Tordesillas

El regreso de Cristóbal Colón de su primer viaje planteó el interrogante de cuáles serían los límites de las posesiones ultramarinas de España y Portugal. La cuestión se sometió al Soberano Pontífice de la Cristiandad, Alejandro VI (Rodrigo Borja 1492?1503? español), quien expidió al respecto seis bulas pontificias. La que vino a definir los límites imperiales de las dos naciones ibéricas, se tradujo en un Tratado que se firmó en la Villa de Tordesillas (Valladolid) el 7 de julio de 1494.

Desde entonces se ha conocido como Meridiano de Tordesillas la línea divisoria entre los dos imperios, acordada antes de que Cristóbal Colón hubiese regresado de su segundo viaje. Sin embargo, ni el Meridiano ni el Tratado pusieron fin a los litigios. Fuertes controversias surgieron entre España y Portugal y por ende entre sus herederos iberoamericanos.

Portugal nunca se ciñó al límite impuesto por el Meridiano. Sus bandeirantes lo traspasaron en el Brasil, a costa de grandes extensiones de territorios españoles, situados al occidente de esa línea inmaterializable, lo que iría a complicar seriamente la demarcación fronteriza entre las cuatro naciones amazónicas, surgidas de los dos imperios durante el proceso de emancipación de iberoamérica.

El Tratado De San Ildefonso

Muchas fueron las incidencias que se registraron en la historia paralela de España y Portugal a lo largo de los primeros dos siglos que sucedieron al Descubrimiento. Su desenvolvimiento constituye aspecto de singular interés por las repercusiones que tendría en la futura delimitación de las naciones surgidas del coloniaje imperial.

Mención especial merece el Tratado de París, que determinó la entrega de Sacramento a los portugueses, y la devolución de los territorios ocupados por los bandeirantes a España. Lo segundo no se cumplió. Por el contrario, la progresión portuguesa continuó por el Amazonas y sus afluentes, Caquetá y Putumayo. En este último río fundaron los bandeirantes la población de San Antonio, y en el Amazonas la de Tabatinga, sobre su margen izquierda, que España reclamó obteniendo por respuesta la fortificación del lugar, enclavado sobre un barranco prominente que domina la angostura fluvial que allí se produce.

El 1º de octubre de 1777, firmaron los representantes de España y Portugal un tratado en el real sitio de San lldefonso, por el cual se comprometían a suspender los preparativos bélicos que se venían cumpliendo y establecer una comisión bilateral a fin de determinar los límites de sus posesiones en la América del Sur.

La Cuarta Comisión, a la que correspondió la región amazónica, inició labores el 9 de febrero de 1781. Portugal se las arregló para no devolver a Tabatinga y mantener los territorios conquistados que consideraba propios por su presencia de facto, frente a una etérea posesión jurídica de España. Fracasado el arreglo que se pretendió alcanzar por el Tratado de San lldefonso, la Revolución Francesa iniciada con la toma de La Bastilla el 14 de julio de 1789, iría a cambiar por completo la faz de Europa y el fenómeno napoleónico terminaría por dejar a los herederos de España y Portugal el arreglo de su cuestión limítrofe.

La Real Cédula De 1802

Un personaje español, don Felipe de Requena, vino a ser el autor intelectual de un instrumento jurídico que iría a formar parte fundamental de la cuestión limítrofe colombo?peruana. Miembro de la comisión hispano?portuguesa de demarcación de fronteras en los ríos Yavarí y Negro, permaneció más de 14 años en esos territorios, siendo designado a su regreso a España como asesor del Consejo de Indias.

Habiendo conocido de cerca la importante labor cumplida por la Compañía de jesús con los aborígenes de la región amazónica, y las graves perturbaciones que allí produjo la expulsión de la comunidad jesuita por Carlos III, propuso al Consejo establecer una sede episcopal en Mainas, cuya jurisdicción cubría los territorios de Quijos y Jaén. De allí resultó la promulgación, el 15 de julio de 1802, de la Real Cédula que creó el obispado de Mainas, sufragáneo del Arzobispado de Lima.

El Virrey de la Nueva Granada elevó ante el Rey el denominado “Recurso de Súplica”. Lo propio hizo la Real Audiencia de Quito. Al no ser confirmada la Real Cédula, como era de rigor ante dicho recurso para que entrara en vigencia, el obispado no llegó a tomar forma, máxime si se tiene en cuenta que el Ilustrísimo Señor Sánchez Rangel, designado obispo de Mainas, solicitó al Rey suprimir dicho gobierno.

El historiador Francisco Andrade Suescún, al referirse a estos hechos, anota que en 1818, esto es 16 años después de haber sido promulgada la Real Cédula en referencia, se publicó bajo el virreinato del brigadier Juan Sámano la Guía de Forasteros del Virreinato de la Nueva Granada, que incluyó a Jaén, Mainas y Quijos como provincias del dicho virreinato. Esta información oficial no se habría hecho pública, de no existir la certeza de que dichas provincias pertenecían a la jurisdicción territorial del Virreinato de la Nueva Granada.

La Era Republicana

Pasando a la época contempóranea, el ya citado historiador Andrade Suescún informa que el poeta peruano José Santos Chocano, en un folleto titulado El Escándalo de Leticia, que apareció después del conflicto de 1932, analiza la Cédula Real de 1802 para concluir que ella no estableció segregación territorial del Virreinato de la Nueva Granada ni agregación al del Perú.

Don Fabio Lozano Torrijos, quien como embajador de Colombia ante el gobierno del Perú pactó con don Alberto Salomón, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, el Tratado que lleva sus nombres, demuestra en un profundo estudio que “La Cédula de 1802 no fue de segregación territorial” y agrega que “Las altas autoridades civiles y militares del Perú, durante la Colonia, no consideraron la Cédula de 1802 como título territorial”, en tanto el gobierno del Perú tan sólo en 1853 adujo que dicho instrumento determinara límites entre los dos virreinatos.2.

El internacionalista Joaquín Caicedo Castilla, en su afamada Historia Diplomática, se ocupa también de la Real Cédula de 1802 y presenta dos interesantes estudios, uno Examen jurídico, el otro el Proceso Histórico, y demuestra la razón que ha asistido a las autoridades de la Gran Colombia, la Nueva Granada y la Colombia actual, frente a las tesis del Perú y el Brasil .3.

Colombia y el Uti Possidetis Juris

La creación de la república de Colombia por el Libertador en Angostura, refrendada por el Congreso de Cúcuta en 1821, planteó para la nueva nación múltiples cuestiones en medio de la guerra que constituía la más alta prioridad para el Estado naciente. Entre tales materias, el establecimiento de relaciones diplomáticas con las naciones iberoamericanas en proceso de formación, revestía alta importancia dentro del pensamiento geopolítico de Bolívar.

Surgió así la conveniencia de establecer normas jurídicas que, de ser aceptadas por los distintos gobiernos, facilitarían la celebración de acuerdos para arreglar diferendos que pudiesen presentarse entre las partes. Las autoridades colombianas consideraron entonces, como lo habían hecho sus antecesoras en la Primera República, acoger el principio del Uti possidetis juris, por el cual se aceptaban las fronteras fijadas por España entre sus posesiones americanas, y vigentes el año de 1810 cuando la mayoría de las naciones hispanoamericanas iniciaron sus movimientos independentistas.

Gobernaba el Estado de Cundinamarca don Jorge Tadeo Lozano, cuando arribó a Santafé en 1811, con carácter de enviado de la Junta Suprema de Caracas, el canónigo José Cortés de Madariaga, natural de Chile y uno de los principales protagonistas del movimiento del 19 de abril de 1810 en Caracas. Con dicho personaje se firmó un tratado por el cual se aceptaba el principio del Uti possidetis juris, que por primera vez convirtió esta teoría en doctrina dentro del continente americano.

Años después el imperio del Brasil, trastrocando la esencia de este principio, adoptó el de Uti possidetis de facto, practicado por Portugal desde los días de don Manuel el Afortunado y don Pedro Alvarez Cabral. Se pasaba así de la posesión jurídica a la ocupación de hecho, lo que convenía a los intereses expansivos del Brasil. El gobierno de Colombia designó embajadores ante el de México a don Miguel Santamaría y ante los de Perú, Chile y la Argentina a don Joaquín Mosquera, quienes adelantaron positiva labor. Al respecto señala el historiador Germán Cavelier: “El genio internacional de Bolívar, Santander y Gual, no reside en haber obtenido el reconocimiento de Colombia por las grandes potencias, sino en haber sido los creadores de alianzas americanas alrededor de Colombia, ejemplo de acción internacional único en la historia de América” .4.

En Lima, don Joaquín Mosquera firmó con don Bernardo Monteaguado, Secretario de Relaciones Exteriores del Perú, un Tratado de Unión Perpetua. La cuestión de límites territoriales se aplazó, pero quedó reconocido el principio del Uti possidetis juris de 1810.

Las provincias de Quijos, Jaén y Mainas

El gobierno del Perú convocó a elecciones en 1822, e incluyó como territorios de su jurisdicción las provincias de Quijos, Jaén y Mainas, que habían formado parte del Virreinato de la Nueva Granada desde su creación. Don Joaquín Mosquera, como representante de Colombia, reclamó y fue escuchado, por lo cual dichas provincias fueron excluidas de los comicios peruanos. Este es un antecedente importante por cuanto, años después, en 1826, se repitió la citación a elecciones en las tres provincias por el gobierno del Perú. Correspondió entonces presentar protesta formal por este hecho a don Cristóbal Armero, ministro de Colombia en el Perú, en medio de serias tensiones provocadas por la rebelión de la Tercera División colombiana en Lima, que había quedado allí después de la victoria de Ayacucho.

Guerra colombo-peruana de 1829

La cuestión fronteriza con el Perú adquiere la forma de conflicto armado entre las dos naciones, hermanadas por la historia desde la Independencia, durante el gobierno del mariscal don José de la Mar, quien había comandado las fuerzas peruanas del Ejército Unido Libertador del Perú en Junín y Ayacucho.

Natural de Cuenca en el Ecuador actual, deseaba incorporar al Perú su tierra ancestral, junto con las provincias de Loja y Guayaquil. La guerra se hizo inevitable mientras en Colombia las fuerzas de ruptura que se venían gestando desde 1826, disolvían la gran patria de Bolívar y Santander. Se hallaba en Guayaquil, de regreso de Bolivia donde había renunciado a la presidencia de la joven nación, el Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre. Nombrado para comandar las fuerzas colombianas presentes en el departamento de Quito, Sucre dio una vez más demostración brillante de su talento militar, al batir en la doble batalla de Saraguro y Tarqui al ejército de La Mar, dos veces superior al suyo en efectivos materiales y humanos.

Culminó el breve conflicto con el Convenio de Girón, en el que una vez más se puso en evidencia el espíritu magnánimo de Sucre, al no exigir del vencido las reparaciones que entonces se acostumbraba para cubrir los costos de la guerra. En cambio renunciaba el Perú a nuevas demandas territoriales de Colombia por la vía armada.

El Convenio no se cumplió por el mariscal La Mar, quien se empeñó en retener a Guayaquil. Su derrota en Tarqui, sin embargo, deterioró de tal manera su prestigio en el Perú, que fue depuesto por un movimiento popular en Lima, lo que dio lugar a un Tratado de Paz, firmado en Guayaquil el 16 de septiembre de 1829, entre don Pedro Gual por Colombia y don José Larrea y Laredo por el Perú. Se aceptaba por las dos partes el principio del Uti possidetis de 1810 y se convenía designar una comisión bilateral que determinara la línea divisoria entre las dos naciones hermanas.

Pacto Mosquera-Pedemonte

El Libertador, cumpliendo lo acordado en Guayaquil, designó como enviado plenipotenciario en Lima al general Tomás Cipriano de Mosquera, quien acordó con el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, presbítero Carlos Pedemonte, el protocolo que lleva sus nombres. Este pacto definía los límites entre los dos países en forma definitiva, dentro de la doctrina del Uti possidetis de 1810, pero el documento desapareció y el Perú nunca aceptó su existencia.

La Línea Apaporis-Tabatinga

El imperio del Brasil y la república del Perú celebraron en 1851 un Tratado de Libre Navegación en el río Amazonas y en él establecían como límite entre las dos naciones la línea geodésica Apaporis-Tabatinga; vale decir un meridiano geográfico que se trazaba desde la desembocadura del río Apaporis en el río Caquetá hasta el puerto de Tabatinga en el Amazonas.

Este Tratado ofreció ventajas a ambos países. El Brasil había logrado que por medio de un tratado internacional se le reconociesen sus posesiones al oriente de la línea Apaporis-Tabatinga. El Perú consiguió detener el avance brasileño iniciado por os bandeirantes desde la etapa virreinal. Ese meridiano geodésico se establecía en territorios de la república de la Nueva Granada que el Perú afirmaba le pertenecían y para ello invocó la Real Cédula de 1802 que, como está dicho, establecía una jurisdicción diocesana, de orden eclesiástico, y nada tenía que ver con la segregación de territorios del Virreinato de la Nueva Granada para anexarlos al Perú.

El gobierno de la Nueva Granada no había intervenido para nada en ese Tratado, que le cercenaba extensos territorios. En 1853 arribó a Bogotá como Ministro Plenipotenciario de don Pedro 11 Emperador del Brasil, don Angel María Lisboa, quien presentó sus credenciales y adelantó conversaciones con el Secretario de Relaciones Exteriores don Lorenzo María Lleras. El intercambio de opiniones fue muy acelerado. Se supo que el Brasil mantenía una posición inmodificable en relación con la línea Apaporis-Tabatinga: no cedería ningún territorio al oriente del mencionado meridiano. Entre los señores Lleras y Lisboa se redactó un proyecto de tratado que para su estudio fue presentado al Congreso Nacional, el cual lo rechazó. Esta decisión del cuerpo legislativo se debió a la brillante y erudita intervención de don Pedro Fernández Madrid. Desde esta época, mediados del siglo XIX, hasta el año de 1907, continuaron las gestiones diplomáticas a fin de encontrar una solución a los problemas fronterizos entre Ecuador, Perú , Brasil y la Nueva Granada. No se obtuvo ningún resultado satisfactorio, aceptable para los cuatro países colindantes con la cuenca amazónica.

Por el Putumayo al Amazonas

Sería más acorde con la realidad histórica colombiana el haber rotulado esta nota así: Rafael Reyes y sus exploraciones amazónicas. Este insigne personaje fue el primero en establecer la navegación con buques de vapor por el río Putumayo, para alcanzar el Amazonas y los puertos del Atlántico.

La familia Reyes es originaria de Boyacá. Elías, el hermano mayor, se estableció en Popayán, donde fundó y organizó una importante empresa mercantil a la cual se involucraron más tarde algunos de sus hermanos. Rafael, nuestro personaje, cuando arribó a Popayán apenas había cumplido diez y ocho años de edad. La legendaria y señorial ciudad será el centro de sus actividades juveniles; allí contraerá matrimonio y de allí saldrá a cumplir importantísimas misiones que lo llevarán más tarde a ocupar la presidencia de la república.

Entre los negocios de la casa comercial Elías Reyes y Hermanos estaba la extracción y exportación de quina, planta silvestre originaria de la cuenca amazónica. A fin de localizar las zonas en donde se producía el mencionado vegetal, Rafael, Enrique y Néstor Reyes realizaron exploraciones en la vertiente oriental de la cordillera. Salían de Popayán y de Pasto en busca de tales plantíos. La quina se exportaba a Europa y los Estados Unidos de Norte América por los puertos del Océano Pacífico. Su transporte desde las zonas de producción al puerto de embarque, transmontando la cordillera por pésimos caminos de herradura en donde el producto se llevaba a espaldas de los cargueros nativos o a lomo de mula. Surgió la necesidad de buscar una vía que facilitase el acceso a los ríos navegables afluentes del Amazonas, por los cuales se pudiese transportar los productos al Atlántico rumbo a los mercados de consumo.

El negocio de la exportación de quina marchaba bien, mas una serie de percances de diverso orden perjudicó la empresa. Holanda e Inglaterra establecieron cultivos de quina y caucho en sus posesiones insulares de Java, Borneo y Ceilán. El Tundama se incendió. Además, hecho muy doloroso, perdió a sus dos hermanos: Enrique murió a consecuencia de las fiebres malignas propias de la selva tropical; Néstor fue devorado por una tribu de aborígenes antropófagos. La empresa se clausuró.

Las caucheras del Putumayo

En las últimas décadas del siglo XIX adquiere gran importancia comercial el negocio del caucho. El primer productor mundial es el Brasil. Esta planta es originaria de la cuenca amazónica. Su explotación estimuló la organización de factorías que utilizan como mano de obra a los indígenas descendientes de las primitivas tribus aborígenes. Esto fomentó un comercio de esclavos, por cuanto gentes llegadas a la región estimulaban las luchas entre las tribus aborígenes y al vencedor le compran los indígenas hechos prisioneros en la contienda. Ese es el ambiente que se vive en la zona.

El cauchero peruano Julio César Arana y sus hermanos establecieron la denominada Casa Arana, que desalojó a los colonos colombianos dedicados al negocio de la cauchería en los territorios que bañan los ríos Igarapa-raná y Caraparaná, los cuales vierten sus aguas por la margen izquierda del Putumayo. El gobierno del Perú no censuró ni prohibió los desalojos de los Aranas. Esta firma se afianzó económicamente y obtuvo la vinculación de capital inglés; así surgió la Peruvian Amazonic Company Limited. Esta compañía continuó con las mismas depredaciones ya enunciadas. Los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica y Reino Unido de la Gran Bretaña, se enteraron de las atrocidades que allí se cometían y decidieron intervenir para buscar un entendimiento entre las partes que pusiera fin a tanto oprobio.

La Cámara de los Comunes de Inglaterra designó una comisión para que investigara lo relacionado con la Peruvian Amazonic en el Putumayo. Fue nombrado director de esta comisión Sir Roger Cassement. Al respecto se produjeron varios informes y conceptos; el de los Estados Unidos se conoce como El Libro Azul; en Inglaterra la revista Truth publicó en varias entregas las crónicas del Putumayo, que luego se reunieron en un libro que se tituló Los dueños del Paraíso del Diablo; de más está aclarar que este paraíso está en la zona geográfica del río Putumayo.

Además, Sir Edward Grey, basado en los artículos de Truth y los informes de Sir Roger Cassement, quien había visitado el Putumayo en 1909, rindió su informe. Se imprimió entonces, patrocinado por la firma N. Thomson & Co., una publicación que se conoce como El libro rojo del Putumayo. En Bogotá, la casa editorial Arboleda y Valencia lo tradujo del inglés al castellano. Esta edición es al presente valiosísima pieza bibliográfica, indispensable para conocer la situación de esta parte de nuestro territorio nacional a comienzos del presente siglo.

Transcribimos textualmente un concepto que se encuentra en el prefacio del mencionado libro. Dice:

“La lectura de estas páginas demostrará la prioridad de los derechos de Colombia. En ellas se verá que el territorio de Colombia ha sido usurpado por el Perú por la fuerza de las armas, y que se han llevado a Iquitos colombianos del Putumayo...”

Los hechos patrocinados por la Casa Arana son antecedentes de suma importancia en lo relacionado con el conflicto de Leticia (1932?1934).5.

Debemos agregar que las atrocidades del Putumayo adelantadas y patrocinadas por la Casa Arana con el oculto respaldo del gobierno del Perú, conmovieron la conciencia mundial. Tanto es así que Su Santidad, el Papa Pío X, en la Encíclica “Lacrimabili Status” censura ese comportamiento. Recordemos que Pío X (José Sarto 1903?1914) ha sido uno de los eminentes Pontífices de la iglesia católica, hoy se le venera en los altares, por cuanto fue canonizado el 29 de mayo de 1954 por Su Santidad Pío XII.

La cuestión diplomática

El Perú adelantó su proceso expansionista y de ocupación del territorio colombiano en varios frentes. El diplomático, cuando firmó con el imperio del Brasil el Tratado de 1851 y estableció la línea Apaporis-Tabatinga. El frente interno, cuando el 10 de marzo de 1853, creó el mando político en los territorios que ambicionaba, y al efecto expresó:

“Se erige en las fronteras de Loreto un gobierno político y militar, independiente de la prefectura del Amazonas y Marañón, desde los límites del Brasil, todos los territorios y misiones comprendidos al sur y al norte de dichos ríos, conforme el principio del Uti possidetis adoptado en las repúblicas americanas, y al que en este caso sirve, además, de regla la Real Cédula de 15 de julio de 1802... “

En el frente de la realidad, al permitir y estimular la ocupación del territorio colombiano por los caucheros peruanos, cuyo principal ejecutor fue la Casa Arana.

La Confederación Granadina, los Estados Unidos de Colombia y la República de Colombia continuaron actuando en el campo internacional, manteniendo los principios que venían sustentando desde los días iniciales de la independencia patria. Al efecto, ante el gobierno de Río de Janeiro presentó don Manuel Ancízar formal protesta a nombre de Colombia de la que era plenipotenciario. Igual actitud tuvo en Lima el doctor Florentino González. En esta aguda controversia diplomática participaban Perú, Ecuador, Brasil y Colombia. El problema Perú?Ecuatoriano fue sometido en 1887 al arbitraje del Rey de España, el cual se abstuvo de pronunciar el fallo; entonces se buscó un acuerdo entre las Cancillerías, que no fue aprobado por las partes. La Cancillería colombiana propuso un acuerdo tripartita en 1894 entre Perú, Ecuador y Colombia, que fue rechazado por el Ecuador.

Se inicia el siglo XX y la situación fronteriza con Perú, Ecuador y Brasil era similar a la que existía a mediados del siglo que terminaba. Es entonces cuando llega a la presidencia de Colombia el general Rafael Reyes quien, como está dicho, conocía, como el mejor, los problemas de variado orden que se presentaban en la cuenca amazónica.

El gobierno del general Rafael Reyes inicia sus gestiones diplomáticas enviando al Brasil como embajador especial al general Rafael Uribe Uribe, quien inicia gestiones en Río de Janeiro. Adelantadas las primeras diligencias, las conversaciones continúan en Bogotá, en donde en abril de 1907 se firmó el Tratado de Límites con el Brasil. Actuó como representante de Colombia el general Alfredo Vásquez Cobo, Ministro de Relaciones Exteriores, y el doctor Eneas Martínez, plenipotenciario del Brasil. El general Vásquez Cobo es figura de singular importancia en el conflicto de Leticia. Se había convenido, en busca de un arreglo, dividir en dos sectores la frontera colombo-brasileña, al norte de la desembocadura del Apaporis y al sur de ese lugar. El tratado que ahora se firma fijaba la demarcación fronteriza al norte del Apaporis, quedando pendiente por resolver la línea Apaporis-Tabatinga. Este sector de la frontera, que no se había definido, constituirá luego uno de los impedimentos que alegará el Brasil, cuando se llegue a un acuerdo con el Perú.

En el campo de nuestras actividades diplomáticas, como consecuencia de los sucesos del Putumayo, se utilizan en estos primeros años del presente siglo, con muchísima frecuencia, unos convenios que se denominan Modus vivendi que buscan un punto de equilibrio entre tesis contrapuestas. Estos convenios, sucedió alguna vez, fueron aceptados por los plenipotenciarios y luego rechazados por los gobiernos. Mientras tanto, en Colombia el presidente, general Reyes, había renunciado y se había trasladado a Europa. Asumió la presidencia inicialmente el general Jorge Holguín. Luego la Asamblea Constituyente designó para tan alto cargo al vicepresidente, general Ramón González Valencia. La situación económica por la que atravesaba la nación, lo obligó a disminuir el pie de fuerza nacional. Esto sucedía en momentos en que el Perú se alistaba para luchar contra el Ecuador. El 7 de agosto de 1910, asumió la presidencia de la república el doctor Carlos E. Restrepo. En esta situación se presenta un hecho que conmoverá a la nación.

La Pedrera

Los variados y graves incidentes del Putumayo determinaron al general Isaías Gamboa y a algunos otros oficiales del Ejército de Colombia, a manifestar a la Asamblea Legislativa y al gobierno nacional la necesidad de establecer colonias militares en esas regiones. Las autoridades accedieron a ello y fue designado el citado oficial como comandante de una pequeña guarnición que se estableció en el sitio de La Pedrera, en la margen derecha del río Caquetá. A finales del año de 1910 salieron de Bogotá con dirección a la costa Atlántica los integrantes de dicha guarnición. Por el mar Caribe entraron al Amazonas y llegaron a La Pedrera, el 11 de abril de 1911, el general Gamboa, diez oficiales y suboficiales y cuarenta y siete soldados voluntarios. Debe registrarse que estaban por entonces vigentes entre Colombia y el Perú los convenios denominados Modus vivendi, acomodamientos transitorios, mientras se definía el problema fronterizo. A pesar de ello, tropas de infantería del Ejército del Perú, a órdenes del teniente coronel Oscar Benavides, salieron en medio del alborozo de sus conciudadanos a cumplir una misión en la zona fronteriza. El objetivo era la guarnición de La Pedrera recientemente establecida. El gobierno de Colombia, mientras tanto, decidió reforzar la mencionada guarnición Y. al efecto, envió un reducido contingente a órdenes del general Carlos G. Neira, quien con su tropa, por la vía del mar Caribe, arribó al Amazonas y llegó a Manaos el 16 de julio de 1911.

El 19 de julio de ese año, en Bogotá se firmaba un nuevo Modus vivendi por el cual Colombia podía mantener en La Pedrera una guarnición de 110 hombres. Signaban ese Convenio el doctor Enrique Olaya Herrera, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, y don Ernesto de Tezanos Pinto, Embajador Plenipotenciario y Extraordinario del Perú ante el gobierno nacional. Debe considerarse que a ese acuerdo se había llegado después de prolongada conversación, de la cual estaban ampliamente informadas las entidades peruanas. Pese a ello, la fuerza militar que comandaba el teniente coronel Benavides continuaba su avance hacia el Caquetá; tanto fue así que una semana antes de la firma del Convenio en Bogotá, esto es el 10 de julio de 1911, se inició el ataque peruano a la guarnición colombiana de La Pedrera. Ofensiva que se desconocía en Bogotá el día en que se firmó el Convenio.

En La Pedrera se cumplieron tres días de intensa lucha. El general Gamboa, gravemente enfermo, se refugió con los pocos sobrevivientes en una localidad brasileña. Días después, el cónsul del Perú en Manaos, al conocer el Modus vivendi firmado en Bogotá el 19 de julio, solicita al teniente coronel Benavides abandonar La Pedrera a fin de que fuese ocupada por los colombianos. Benavides se negó a acatar el Convenio. Este oficial peruano fue recibido en Lima como un héroe y años después, ascendido a mariscal, ocuparía la presidencia del Perú. El general Gamboa regresó a Colombia. Se inició un debate en el Congreso y se adelantó un proceso contra él, que culminó en 1915 cuando el presidente de la república, doctor José Vicente Concha, le exoneró de los cargos que se le imputaban. Uno de los defensores de Gamboa en el Congreso había sido el general Rafael Uribe Uribe.6.

El Tratado Lozano-Salomón

El litigio de límites entre Colombia y el Perú continuaba, los diplomáticos de ambas naciones habían acordado someter la cuestión al arbitraje del Sumo Pontífice. Esta negociación se estancó cuando, el 3 de febrero de 1913, estalló en el Perú la sublevación, en la cual participaba el coronel Oscar Benavides, que concluyó deponiendo al presidente don Guillermo Billinghurts. Benavides fue ascendido a general y encargado de la presidencia de la república. El indiscutible prestigio político de Benavides se había originado y sustentado en el asalto a La Pedrera. En 1915 fue elegido presidente del Perú don José Pardo, quien no estaba interesado en arreglos territoriales. Lo sucedió en 1919 don Augusto B. Leguía, quien dio a su mandato un cariz dictatorial. En 1920, Colombia tomó la iniciativa nuevamente y designó como su representante en el

Perú a don Fabio Lozano Torrijos, quien se entendió en Lima con don Alberto Salomón, Ministro de Relaciones del Perú. El 22 de marzo de 1922 se firmó el Tratado Lozano-Salomón.

La aprobación que al Tratado Lozano-Salomón debían impartir los respectivos congresos de Colombia y del Perú, estuvo precedida de discusiones prolongadas y difíciles en ambas corporaciones. Además de los problemas políticos propios de cada país, se presentaron las objeciones que ante el gobierno del Perú presentó la Cancillería brasileña, las cuales fueron utilizadas por los parlamentarios peruanos, contrarios al acuerdo, para dilatar su aprobación. Fue entonces cuando, por la oportuna intervención del gobierno de los Estados Unidos, se firmó en Washington, el 4 de marzo de 1925, el Acta Tripartita por los representantes de Colombia, Enrique Olaya Herrera, del Perú Hernando Valarde y del Brasil, Samuel de Souza Leao, relacionada con la línea Apaporis-Tabatinga. Conocido este documento, se logró la aprobación parlamentaria.

Debe anotarse como hecho de gran significación, en el campo de nuestra literatura, la publicación de La Vorágine, obra de José Eustasio Rivera, en la cual relata las atrocidades a que estaban sometidos aborígenes y colonos colombianos en esa zona de nuestro territorio, en los ríos Putumayo y Caquetá, invadida por los caucheros peruanos. Esta novela causó gran impacto y constituyó un testimonio invaluable de la situación que se vivía en el sur de Colombia en las primeras décadas de este siglo.

En 1926 asumió la presidencia de la república el doctor Miguel Abadía Méndez. Durante su mandato, tanto en Lima como en Bogotá, se efectuaron los respectivos canjes de las ratificaciones del Tratado Lozano?Salomón, en marzo de 1928. Entre tanto en Río de Janeiro se venían adelantando conversaciones diplomáticas que culminaron el 15 de noviembre de ese mismo año (1928) con la firma, efectuada en Río de Janeiro, del Tratado de Límites entre Colombia y Brasil, en el cual se reconocía a nuestra patria el derecho a la libre navegación del río Amazonas y al Brasil la línea Apaporis-Tabatinga.

La demarcación de fronteras

Durante el año de 1928, Colombia, después de ardua y muy prolongada labor diplomática, había logrado celebrar los Tratados de Límites con el Perú y con el Brasil, culminando así, en esta parte de nuestra frontera, un problema secular que había afectado nuestras relaciones con los países vecinos de la hoya hidrográfica del Amazonas, cuya libre navegación nos había sido reconocida.

La labor diplomática había concluido. Seguía de inmediato la muy difícil tarea de demarcar las fronteras, difícil por cuanto esa línea divisoria debía trazarse en el interior de la selva tropical, carente de vías de comunicación terrestre, malsana, escasamente poblada y la mayoría de sus habitantes descendientes de las etnias aborígenes; además tan extensos territorios carecían de los recursos técnicos para la exacta determinación geográfica y topográfica que la frontera exigía.

Los tratados que se habían firmado, tanto con el Perú como con el Brasil, establecían que una vez fuesen ratificados por los respectivos gobiernos, éstos procederían a designar sus representantes para integrar con los de la otra nación la Comisión mixta que debía realizar la dispendiosa labor de determinar la línea divisoria.

La Comisión Colombiana que participaría en la delimitación con el Perú, fue designada en mayo de 1928 y puesta bajo la dirección del ingeniero Darío Rozo y como subjefe Daniel Ortega Ricaurte. Se trasladó al Perú, donde inició labores con sus colegas del país hermano en la población de Mansisen en el departamento de Loreto. A esta Comisión se integraron luego el coronel David Velilla y el mayor Angel María Diago, oficiales del Ejército colombiano.

Inicialmente, en las reuniones de Mansisen y luego en las de Iquitos, a donde se trasladaron, se convino la forma como se adelantaría la demarcación: la Comisión se dividió en dos secciones, una se ocuparía de la zona vecina al Triángulo de Sucumbíos, y la otra del Trapecio amazónico. Ambas, posteriormente, complementarían sus trabajos por información recíproca. Se instalaron catorce (14) hitos, los cuales fueron aprobados por la Comisión en pleno.

Colombia hizo entrega del Triángulo de Sucumbíos y al respecto se elaboró en Iquitos el acta correspondiente. El 31 de julio de 1930 el coronel Luis Acevedo, jefe de la frontera colombiana en el Amazonas, recibió del coronel T. Molina Darteano, prefecto del departamento de Loreto, el Trapecio amazónico. En el puerto de Leticia, a bordo de la embarcación peruana América, se firmó el acta respectiva. El coronel Acevedo de inmediato tomó posesión del mencionado territorio.

Entre tanto en Bogotá, el 9 de enero de ese mismo año (1930), se efectuaba la ratificación del Tratado de Límites de Colombia y el Brasil firmado en 1928. El gobierno nacional designó al doctor Belisario Ruiz Wilches como Jefe de la Comisión Demarcadora de Límites y como Subjefe lo fue el doctor Darío Rozo. Los recién nombrados se trasladaron a Río de Janeiro en donde iniciaron labores al finalizar diciembre de 1930. El 31 de marzo del año siguiente se reunieron las comisiones de los dos países en Manaos, donde una primera sección se hizo cargo de la determinación fronteriza, de acuerdo con el Tratado de 1907, desde la Piedra del Cocuy hasta la desembocadura del Apaporis en el río Caquetá. La otra sección debía determinar la línea Apaporis-Tabatinga. El 15 de julio de ese año (1931) salieron las comisiones de Manaos con destino a sus respectivos sectores. Al finalizar el año decidieron, de acuerdo con los términos del Tratado, consultar con sus respectivos gobiernos lo relacionado con uno de los afluentes del Apaporis, sobre el cual no se habían podido poner de acuerdo. Esta consulta demoró la demarcación de la frontera.

La invasión de los peruanos a Leticia en 1932 no suspendió la demarcación de la frontera colombo-brasileña, mas sí la retardó por cuanto el hecho afectaba un sector de la línea que se estaba trazando. En 1934 se reanudaron labores en pleno hasta finales de 1936. La sesión de clausura de la Comisión se efectuó el 5 de enero de 1937 en la ciudad de Manaos.

Ese día terminó la demarcación de nuestra frontera con el Brasil. Así se ponía fin a un problema que desde los días mismos del Descubrimiento de América se venía tratando sin haberle encontrado hasta entonces solución.

Situación En Colombia

El doctor Enrique Olaya Herrera se posesionó como presidente de la república de Colombia ante el Congreso Nacional el 7 de agosto de 1930. Debe registrarse como una positiva realidad de democracia, que fortalece el espíritu civilista de Colombia, la forma como el gobierno del doctor Abadía Méndez y el partido conservador acataron la decisión mayoritaria del electorado. La transmisión del mando se efectuó en perfecto orden, sin ningún traumatismo.

Una de las primeras preocupaciones del nuevo gobierno se relacionó con la cuestión fronteriza con el Perú. La semana anterior a la posesión del presidente Olaya Herrera, había sido recibido por el coronel Luis Acevedo el Trapecio amazónico. El presidente organizó su gabinete, designó como Ministro de Relaciones Exteriores al doctor Eduardo Santos. Al doctor Carlos Adolfo Urueta Ministro de Guerra. El súbito y lamentable fallecimiento del Ministro Urueta, ocurrido cuarenta días después de haberse posesionado, llevó a este despacho al doctor Carlos Arango Vélez, a quien reemplazó algún tiempo después el capitán Carlos Uribe Gaviria.

El gobierno que iniciaba sus labores solicitó y obtuvo del Congreso Nacional la aprobación de tratados y convenios internacionales de singular importancia. En efecto, durante la Quinta Conferencia Panamericana, celebrada en Santiago de Chile en 1924, se aprobó un pacto internacional cuya finalidad era prevenir y evitar conflictos armados entre los países hispanoamericanos; este acuerdo se denominó Convenio Gondra como homenaje a don Manuel Gondra, político y escritor natural del Paraguay. También el Congreso aprobó el denominado Pacto Briand?Kellog, por el cual la Sociedad de las Naciones, organización creada después de la Primera Guerra Mundial por los signatarios del Tratado de Versalles (1919) por iniciativa del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Woodrow Wilson, que había presentado el documento conocido como Los Catorce Puntos, origen de la mencionada sociedad, que, en 1927, presentó el Pacto Briand-Kellog, por el cual las naciones renunciaban al empleo de la Fuerza Armada como instrumento de persuasión política internacional.

También el Congreso de Colombia aprobó el Protocolo de la Corte Permanente de la justicia Internacional. A la importancia de estas ratificaciones se sumó otro hecho de singular significación. Por intervención del gobierno argentino se reanudaron las relaciones diplomáticas con el Ecuador, suspendidas desde 19,215. El doctor José María Velasco Ibarra, presidente del Ecuador, visitó a Colombia y se le brindó clamoroso y entusiasta recibimiento.

Situación en Perú

Los historiadores peruanos han designado con un curioso vocablo: Oncenio, los once años que, por segunda vez, permaneció en el poder como presidente de su nación Augusto B. Leguía. Efectivamente, triunfó en las elecciones de 1919, mas ante la posibilidad de que éstas fuesen anuladas, decidió asaltar el Palacio Presidencial y deponer de su cargo al titular don José Pardo y Barredo, a quien deportó a Europa. Así se inició este gobierno dictatorial que duraría hasta 1930. Durante él, los destierros, las ejecuciones y los actos de fuerza se combinaron con reformas y adelantos positivos. Durante el mandato de Leguía se celebraron el Tratado Lozano?Salomón con Colombia y el Tratado Rada?Figueroa con Chile, con el cual finalizó el prolongado pleito entre estas dos naciones que ocasionó la guerra entre 1879 y 1883. Los convenios con Colombia y Chile no fueron bien recibidos por la opinión pública, y la oposición creciente los utilizó para atacar y desprestigiar el mandato de Leguía.

Por extraña coincidencia, quince días después de la posesión, de Enrique Olaya Herrera como presidente de Colombia, el 22 de agosto de 1930, se sublevaba en Arequipa la guarnición militar comandada por el coronel Luis María Sánchez Cerro. Simultáneamente, en Lima era atacada la residencia presidencial. Destituido el señor Leguía, fue enviado prisionero a una isla.

El 27 de ese agosto llegaba a Lima el coronel Sánchez Cerro. De inmediato se organizó una junta de gobierno presidida por el oficial sublevado. Los actos de fuerza continuaron y provocaron la reacción popular. Se convocó a elecciones para presidente de la república y Congreso. Sánchez Cerro pretendió presentarse como candidato, intención que se vio frustrada por varios movimientos que en su contra se presentaron en distintas ciudades del Perú. Sánchez Cerro y la junta de gobierno renunciaron.

En medio de un verdadero caos político se instaló la que se denominó junta Nacional de Gobierno, que presidió don David Samanez Ocampo. Nuevas elecciones en las que se disputaron el poder presidencial la Unión Revolucionaria, cuyo candidato era Sánchez Cerro, y el Partido Aprista con Víctor Raúl Haya de la Torre. Triunfó la Unión Revolucionaria y Sánchez Cerro se posesionó de la presidencia el 8 de diciembre de 1931. El Congreso quedó constituido por una agresiva mayoría de la Unión Revolucionaria. Su primera medida fue ascender a Sánchez Cerro a general. Poco tiempo después, la dirigencia aprista era apresada y desterrada. El descontento cundía en toda la nación, y en estas circunstancias el gobierno dictatorial de Sánchez Cerro decidió explotar la inconformidad que había en el departamento de Loreto y en otras regiones. Así buscaba el apoyo nacional, que condujo a la invasión a territorio colombiano, disimulando políticamente la acción lo más posible.

La Intendencia Nacional del Amazonas

El gobierno de Colombia estuvo siempre interesado en mantener la soberanía nacional en el territorio amazónico. Fue entonces cuando se buscó a un distinguido diplomático, quien se encontraba desempeñándose como cónsul de Colombia en Saint?Nazaire, Francia, para designarle Intendente Nacional del Amazonas. El escogido para tan delicado cargo fue don Alfredo Villamil Fajardo, quien tenía amplia experiencia diplomática y además era un excelente conocedor de los problemas de la Amazonia. En efecto, hacía algunos años se había desempeñado como cónsul de Colombia en Iquitos, la capital del departamento de Loreto.

Como cónsul apreció la condición de la Casa Arana, y por el conocimiento que tuvo de lo que pretendían rindió una serie de informes y alertó a las autoridades nacionales sobre los peligros que corría nuestra soberanía en la región del Putumayo. Esta elección del gobierno nacional fue hábilmente realizada y muy acertada. El señor Villamil Fajardo, lleno de patriotismo, decidió abandonar las riberas del Loira en la Francia apacible para trasladarse al Amazonas a asumir muy graves responsabilidades. La historia ha reconocido su patriotismo y habilidad.

Ya tenemos anotada la súbita muerte del Ministro de Guerra, doctor Carlos Adolfo Urueta. Su reemplazo, doctor Carlos Arango Vélez, tomó una de las más acertadas medidas cuando ordenó en febrero de 1932 desguarnecer a Leticia y trasladar los 35 soldados colombianos a El Encanto. De no haber sido así, la invasión peruana habría significado un triunfo militar para el Perú y la consiguiente derrota colombiana. Esto se evitó. Por lo tanto lo que aconteció en Leticia fue un caso de Policía.

Aquí terminan los antecedentes de un conflicto territorial que abarca algo más de cuatro siglos.