Epílogo

Texto de: General, Alvaro Valencia Tovar

Si el conflicto se planteó en hora infortunada por una nación hermana y amiga de Colombia, su final permitió la reconciliación, mantenida hasta hoy en la forma de una sólida y sentida amistad entre los dos pueblos.

Con el Protocolo de Río de Janeiro, firmado el 24 de mayo de 1934, se puso fin al choque político y militar. El Perú reconoció explícitamente el Tratado Lozano Salomón de 1922 y declaró que “... deplora sinceramente, como lo ha hecho en declaraciones anteriores, los acontecimientos ocurridos a partir del 12 de septiembre de 1932 ... ”.

Las armas colombianas hicieron valer los derechos de la nación en Tarapacá y Güepí, cubriéndose de gloria en la segunda de estas dos acciones. Fue una clara demostración de que el país podía restablecer su soberanía en los sitios donde fue violada por medio de la fuerza en respaldo del derecho. Pero, al mismo tiempo, su acción diplomática demostró ante el mundo la razón que asistía a Colombia, en afortunada combinación del poder en apoyo de la justicia.

Lamentable como fue el sacrificio de vidas y las cuotas de sangre que los dos pueblos aportaron a una lucha mal planteada por quien la desató, ésta pudo detenerse antes de que pérdidas mayores ocasionaran enemistad o distanciamiento incurables. Colombia no debe una pulgada de su territorio al derecho de conquista, pero tampoco puede permitir que se le arrebaten fragmentos de su heredad por medio de la fuerza. Sus fronteras se definieron por tratados que, en muchos casos, significaron pérdidas territoriales considerables de lo que la doctrina del Uti possidetis juris de 1810 le adjudicaba. Pero siempre, en forma invariable, se atuvo a la juridicidad por encima de la fuerza.

Para las Fuerzas Militares de Colombia, el conflicto fue una prueba al rojo vivo de su reciedumbre institucional y el comienzo de una nueva era de desarrollo y profesionalización. Colombia repasó una dura lección, vivida pero no aprendida: la de que el derecho sin el poder necesario para respaldarlo se convierte en letra muerta. La debilidad invita a la agresión, en cambio la fortaleza equilibrada y racional la disuade.

El despertar de la conciencia nacional frente a su heredad geográfica la compenetró con la inviolabilidad de su patrimonio histórico. Para conseguir la realización de ese desideratum, la nación colombiana desarrolló un instrumento militar de primer orden, revaluado espiritual, doctrinaria y materialmente. Dos nuevas armas del poder nacional tuvieron origen en el conflicto, con el Ejército como matriz: la Aviación Militar y la Marina de Guerra. La primera existía en forma embrionaria. La segunda, triunfante y gloriosa en la batalla del Lago de Maracaibo en 1823, se sumió en el olvido, pese a la condición de esquina oceánica que demanda para Colombia la posesión de una Armada capaz de asegurar el pleno ejercicio de su soberanía en el mar.

El Ejército terrestre experimentó una profunda trasformación, comparable, dentro de términos diferentes a la que en 1907 produjo la reforma militar del general Rafael Reyes. Armamento moderno, desconocido en el país, técnicas de la preguerra mundial que ya se avizoraba en el horizonte, un pensamiento militar renovado, servicios administrativos y logísticos a tono con las nuevas circunstancias, marcaron el paso hacia una evolución largamente esperada.

El Arma Aérea, que al término del conflicto había reforzado sus tres aviones Osprey con una verdadera flota aérea de 75 aparatos modernos de diferentes especialidades, podía considerarse entre las primeras del continente, no sólo por su modernidad sino por la calidad y eficiencia de sus pilotos, demostradas a lo largo de las operaciones de combate en el Teatro Amazónico. En pocos años más, desprendida ya del Ejército que nutrió sus primeros años, se convertiría en Fuerza separada siguiendo el ejemplo de las potencias que así lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial.

La Armada resurgía del olvido. Primero con buques adquiridos bajo la presión de los acontecimientos. No eran los más indicados para enfrentar una potencia naval como lo era el Perú. Sin embargo, con ellos se respondió al desafío, que tres cañoneros fluviales afrontaron solos al comienzo junto con un guardacostas anticuado. Los nombres de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Pichincha, mosqueteros solitarios de las primeras horas de confrontación, se reforzaron con los de Boyacá, Córdova, Nariño, Bogotá, Mariscal Sucre, para grabarse con letras de oro en la memoria militar de la nación.

Ya en las postrimerías de la confrontación, el Cúcuta, transporte que terminó como buque escuela por algunos años, y los modernísimos destructores Caldas y Antioquia, sentaron las verdaderas bases de nuestra moderna Armada.

Nombres que hicieron historia y se incorporaron al patrimonio afectivo de los colombianos. Sobre todo los últimos, adquiridos con las argollas de oro donadas por millares de parejas y las alhajas entregadas en acto de sublime desprendimiento en horas de angustia.

Del balance positivo que dejó la negatividad de todo conflicto bélico, sin duda lo más egregio y perdurable, fue la vibración estremecida del alma colombiana ante el peligro. En las joyas arrancadas más del sentimiento que del patrimonio familiar, se hizo presente el espíritu de un pueblo, su fiera determinación de llegar al supremo sacrificio por defender una parcela de la patria que pasó a representar, hace sesenta años, lo más valioso de una nación: su espíritu, su voluntad, su determinación, su coraje, su unidad ante la amenaza.

La perpetuación de ese espíritu en medio de las difíciles circunstancias de la hora actual, es la máxima aspiración de quienes han plasmado en este libro un cálido homenaje a los héroes de ayer.