Rafael Pardo Buelvas

Texto de: Alfonso López Michelsen.

El próximo domingo 13 de septiembre se cumplen veinte años del asesinato de Rafael Pardo Buelvas por un grupo de jóvenes pertenecientes a una sola familia y asesorados por un banderillero fracasado y otros personajes anónimos, todos amparados bajo la sigla “ADO” (Grupo de Autodefensa Obrera), a pretexto de ser el autor intelectual de las muertes del fracasado paro del 14 de septiembre de 1978, patrocinado por doña Bertha Hernández de Ospina y el dirigente sindical Tulio Cuevas.

Basta transcribir las palabras del propio Cuevas, nueve años después, el 15 de septiembre de 1986, en el periódico El Espacio, para medir la sinrazón del magnicidio:

Yo siempre he sido oponente al presidente López, pero ello no quiere decir que siempre lo admiré. Los trabajadores estamos arrepentidos de haberle hecho el paro más sangriento, como fue el del 14 de septiembre, a un gobierno que fue el que más nos dio, el más concreto, el que nos reivindicó en parte del mal que le hizo al país y a las masas laborales el de Misael Pastrana Borrero, quien nos dio garrote, instaurando la inmoralidad y creando las upacs que desmontaron la industria. Sobre esto debemos ser claros.

Diez meses después del magnicidio, Colombia ostentaba las más altas cifras de crecimiento del PIB, índices de empleo jamás antes registrados y un segundo lugar en el crecimiento de la producción agrícola, próxima al de la Argentina. Los gobiernos tienen que pagar altísimos costos de impopularidad transitoria para poder ostentar más tarde balances satisfactorios.

Contrariamente a lo que suele suceder con familiares que pierden un destacado ser querido a manos de los sicarios políticos, la familia de Rafael Pardo Buelvas, ni obtuvo beneficios especiales del gobierno ni se duele de la incuria en que pudo caer la justicia sin el condigno castigo de los criminales. Más aún, no quiere que se ponga sobre el tapete un recuerdo tan amargo, como fue el sacrificio de un hombre bueno, en su casa de habitación y en presencia de su mujer. ¡Paz sobre su tumba!

En realidad se trataba de hacerme víctima de un homicidio premeditado, dizque para vengar los muertos, víctimas del gobierno del “Mandato Claro”. En vista de que no fue posible dar con mi paradero, se concibió la idea de dar muerte al general Abraham Varón Valencia, un ministro de Defensa que duró cuatro años en medio del respeto de civiles y militares, con una sola excepción. Se hallaba en Facatativá y, en último término, se escogió como víctima propiciatoria al ministro de Gobierno, doctor Pardo Buelvas, que no había tenido dares ni tomares en el doloroso episodio. Los muertos, que los hubo en Bogotá, no fueron atacados en forma alguna, sino que la mayoría de entre ellos tomó la iniciativa de saquear la Caja Agraria y algunos almacenes en la periferia de la ciudad y murieron a manos de los celadores con armas de dotación ajenas al servicio militar. Se estableció que una ínfima minoría murió de disparos oficiales, cuando pretendió arrebatarle sus armas a los agentes del orden. No hubo, pues, autores intelectuales ni hubo órdenes distintas de no entorpecer el paro proyectado, como no lo fue, y tal la razón para que, en vista del fracaso, la consigna degenerara en motín y saqueo.

Quienes conocieron a Rafael Pardo Buelvas deben conservar un recuerdo imborrable de su carácter jovial y extrovertido, como es el de la gente de su patria chica, Córdoba. Militaba en el ala laureanista del Partido Conservador, pero la mayor parte de su vida transcurrió en el sector privado, ya como empresario, o como dirigente gremial. Lo conocí en este último carácter, en la edad de oro de los cultivos de algodón, cuando se desempeñaba como presidente de la Federación de Algodoneros y me pareció la persona indicada para orientar la agricultura colombiana. Me correspondió con tal lealtad y con tal acuciosidad que se convirtió en un excelente colaborador, no sólo del presidente sino de todos los miembros del gabinete.

Rafael Pardo puso en práctica la rehabilitación del regadío en los distritos de Coello y Saldaña, cuyo funcionamiento se había visto entorpecido por una regulación anacrónica, que no contemplaba su permanente mantenimiento. De igual manera, sustrajo de la ley de reforma agraria lo relativo a la irrigación y a la meteorología, dándole vida al himat, lo cual molestó grandemente al ex presidente Lleras Restrepo, quien consideraba que el régimen de las lluvias y el manejo de los riegos podían ser capítulos de la reforma agraria. Pero, sin duda, la tarea más ingente fue la de ejecutar el llamado “Acuerdo de Chicoral”, elaborado por una comisión bipartidista, presidida por el entonces ministro de Agricultura, doctor Hernán Jaramillo Ocampo, y de la cual formó parte el doctor Indalecio Liévano Aguirre. Era, dentro de los conceptos de la época, un paso hacia atrás, y acabó por ser inaplicable. El tema de evaluar cuándo y cómo un predio estaba adecuadamente explotado, quedó reducido a calificarlo de tal si los hijos de los trabajadores disponían de medios de educación y si las cosechas se ajustaban a determinados niveles de producción, para lo cual se miraba hacia el futuro, o sea, que si no estaban adecuadamente explotados, se disponía de un plazo para ponerlos en tal condición, con posterioridad al señalamiento del predio como objeto de expropiación. Un verdadero galimatías, que protocolizó la necesidad de una nueva reforma, a raíz de la sentencia por medio de la cual se confirmó que los predios podían adecuarse con miras al futuro.

El doctor Pardo, que tan lujosamente había desempeñado este primer encargo, sucedió al doctor Cornelio Reyes en el Ministerio de Gobierno, en momentos en que se debatía el acto legislativo por medio del cual se convocaba a la llamada “Pequeña Asamblea Constituyente”, cuya agenda se reducía a dos temas: la descentralización administrativa y política y la reforma de la justicia. Los mismos temas que siguen en tela de juicio sin solucionarse, pese a las reformas introducidas en la nueva Constitución de 1991.

Fue la labor más valiosa de la carrera de Rafael Pardo y, como sucede tan frecuentemente, más desperdiciada. Periódicamente convocaba a la llamada Comisión Echandía, a cuya cabeza estaba el inolvidable maestro, y participaban juristas de la talla de Jorge Enrique Gutiérrez, Carlos Holguín, César Gómez Estrada y Bernardo Gaitán Mahecha. Durante meses, hasta el año siguiente, cuando la Corte declaró inexequible el acto legislativo que convocaba a la Constituyente, se profundizó en el análisis de estos temas, con aportes que podrían servir de guías en todo lo atinente a la justicia y a la descentralización. Fueron ocho meses de trabajos, en contraste con las improvisaciones posteriores.