Marcando el paso para reunir a Colombia

Taller Construyendo País, Coliseo de Ferias, Girardot, 11 de agosto de 2018. 

Lanzamiento de la convocatoria Inquilinos del Bronx Distrito Creativo en Bogotá. 19 de octubre de 2018. 

Viaje al archipiélago de San Andrés el primer día de trabajo, en compañía de María Paula Correa, Cármen Vásquez ministra de Cultura y Karen Abudinen, 8 de agosto de 2018. 

Álvaro García y Carlos Cortés acompañan al presidente previo a un //Facebook Live//. Casa de Nariño, Bogotá, 28 de diciembre de 2018. 

María Paula Correa, Alejandro Salas Pretelt, Rafael Guarín y Mauricio González de regreso a Bogotá tras el atentado al helicóptero. Aeropuerto Militar de Catam, Bogotá, 17 de enero de 2019. 

Con los ministros Alberto Carrasquilla, de Hacienda, y Juan Pablo Uribe, de Salud, en el Salón Consejo de Ministros de la Casa de Nariño. Bogotá, 1 de octubre de 2018. 

Acto de posesión del gabinete ministerial: Nancy Patricia Gutiérrez, Carlos Holmes Trujillo, Alberto Carrasquilla, Gloria M. Borrero, Guillermo Botero, Andrés Valencia, Juan Pablo Uribe y Alicia Arango, entre otros ministros. 

Lanzamiento del programa Legalidad+ emprendimiento = equidad. 

Votación de la Consulta Anticorrupción. Plaza de Bolívar, Bogotá, 26 de agosto de 2018. 

Ceremonia de ascenso de oficiales a los grados de general, mayor general y brigadier general honorario. Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, Bogotá, 13 de junio de 2019. 

Consejo de Seguridad en el salón Consejo de Ministros, Casa de Nariño, Bogotá, 27 de julio de 2020. 

Cierre constructivo de la dovela del nuevo Puente Pumarejo. Barranquilla, 13 de septiembre de 2019. 

Entrega del túnel de La Línea. Con 8,65 km de longitud, es el más largo de Colombia y América Latina. Cajamarca, Quindio, 4 de septiembre de 2020. 

Reunión con el director de Carlyle International Energy Parthers (ciep) - Sierracol Energy. Salón Obregón de la Casa de Nariño, Bogotá, 25 de enero de 2021. 

Encuentro con miembros del Grupo Motor pdet. Coliseo CIC, Paujil, Caquetá, 6 de febrero de 2020. 

Consejo Nacional de la Economía Naranja. Teatro Colón, Bogotá, 8 de abril de 2021. 

Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, pdet. Institución Educativa Departamental. Fundación, Magdalena, 6 de noviembre de 2020. 

Inauguración del Sistema de Abastecimiento de agua potable ‘Wuimpalaa’. Corregimiento de Wimpeshi Maicao, La Guajira. 19 de febrero de 2021. 

Jornada de formalización comercial Agrosavia. Turipaná, Montería, Córdoba, 6 de noviembre de 2020. 

El 8 de agosto de 2018, el recién posesionado presidente, Iván Duque, viajó al archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde había prometido comenzar su mandato. En un consejo ampliado de seguridad, una mujer mayor le dijo: “agradezco mucho la visita, porque el gobierno nunca ha hecho nada”. Como en San Andrés, los colombianos de todos los rincones del país sentían que el Estado no estaba llegando a sus comunidades. Para millones de ellos, de hecho, poco importaba que se tratara de un presidente nuevo, de derecha, centro o izquierda, que hubiera impulsado el SÍ o el NO. La realidad era que el Estado colombiano se sentía ausente y que su pueblo exigía que su jefe máximo hiciera presencia.

Esta visita, primera de varias que realizó en cuatro años, inauguró una presidencia que les apostó a las regiones y que trabajó desde y para los territorios más olvidados del país. Duque, con ese primer paso, comenzó a cumplir su promesa de no ser un presidente encumbrado en un palacio. Tan solo durante esa semana, además del archipiélago caribeño, el presidente visitó Tibú, en Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela; Tumaco, en Nariño, en el suroccidente y a orillas del océano Pacífico; y, por último, ese domingo, Girardot, entre las cordilleras central y oriental, a la vera del río Magdalena. Allí adelantó el primero de los cientos de Talleres Construyendo País que marcarían su mandato, con los que buscó siempre acercarse a los ciudadanos para escucharlos y articular la gestión del gobierno con las necesidades reales de las comunidades.

El ejercicio de escuchar y dialogar con la ciudadanía, sin intermediarios, era fundamental para superar la polarización. Los colombianos necesitábamos volver a sentarnos a construir soluciones para superar los desafíos comunes. Y teníamos que hacerlo entendiendo que la diversidad de nuestro país es una fortaleza, reconociendo que había muchos problemas que “habían envejecido mal” y muchas deudas históricas que saldar, pero que solo trabajando juntos podían resolverse. Ese propósito de reunir a los colombianos, que constituía un deber histórico inaplazable, fue abordado desde diversos flancos: la conformación de su gabinete, el paquete legislativo propuesto el mismo 7 de agosto, la agenda territorial del presidente y la estructura de su discurso. Todo buscaba enviar un mensaje: somos de nuevo una sola Colombia.

El primer gabinete ministerial recogió esta premisa. Ya en el momento de su elección, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez hicieron historia al convertirse en la primera fórmula presidencial mixta en lograr la victoria. El nombramiento de ocho ministras, incluyendo la primera ministra del Interior y de dos directoras de departamentos administrativos, le dio al país su primer gabinete paritario, que envió un mensaje contundente sobre la equidad de género y el papel protagónico de la mujer en las más altas esferas del poder. En el mismo sentido, priorizó los perfiles técnicos antes que los políticos y, con contadas excepciones, los ministros provinieron del sector privado.

El Consejo de ministros estaba conformado por:

• Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior.
• Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores.
• Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público.
• Gloría María Borrero, ministra de Justicia.
• Guillermo Botero, ministro de Defensa Nacional.
• Andrés Valencia, ministro de Agricultura.
• Juan Pablo Uribe, ministro de Salud.
• Alicia Arango, ministra de Trabajo.
• María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía.
• José Manuel Restrepo, ministro de Comercio Exterior.
• María Victoria Angulo, ministra de Educación.
• Ricardo Lozano, ministro de Medio Ambiente.
• Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.
• Sylvia Constaín, ministra de Tecnologías de la Información.
• Ángela María Orozco, ministra de Transporte.
• Carmen Vásquez, ministra de Cultura.

La Casa de Nariño, a su turno, también se transformó para establecer una presidencia fuerte, que delineaba acciones estratégicas y acompañaba a los distintos ministerios en la articulación intergubernamental. El cuerpo de secretarios, consejeros y asesores del presidente contaba con personas que habían trabajado con él, lo conocían y conformaban su primer círculo de confianza:

• María Paula Correa, Secretaria Privada.
• Jorge Mario Eastman, Secretario General.
• Carlos Cortés, Secretario de Prensa.
• Carlos Enrique Moreno, consejero para la Gestión y Cumplimiento.
• Rafael Guarín, consejero de Seguridad Nacional.
• Álvaro García, consejero de Comunicaciones.
• Francisco Barbosa, consejero para los Derechos Humanos y Relaciones Internacionales.
• Karen Abudinen, consejera para las Regiones.
• Felipe Buitrago, consejero Económico.
• Víctor Muñoz, consejero para la Transformación Digital.
• Clara Parra, Consejera para la competitividad.
• Emilio Archila, consejero para la Estabilización.
• Carolina Salgado, consejera para la Infancia.
• Raiza de Luque, consejera para la Juventud.
• Ana María Tribín, consejera para la Equidad de Género.
• Andrés Rugeles, secretario para la Transparencia.
• Francisco Miranda, Jefe de Discursos.
• Alejandro Salas, Asesor Presidencial.

Con este equipo, Duque emprendió la tarea de escribir un nuevo capítulo de la historia nacional, navegando entre aguas agitadas con una agenda de cambio, lucha contra la corrupción y renovación de las formas políticas, con base en una relación dialéctica entre las ramas del poder público, la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. El diálogo que supuso la nueva dialéctica en el ejercicio del poder implicó una transformación de fondo de las costumbres políticas, porque buscó cambiar un relacionamiento tradicionalmente transaccional y dependiente de los espacios burocráticos por uno argumentativo y de construcción a través del debate. Así, la realidad política del país se convirtió en una confrontación permanente de ideas.

La visión que ofreció el Pacto por Colombia, lanzado en su discurso de posesión, fue precisamente un acuerdo de voluntades sobre la forma de edificar un país diferente. El pacto se resumió en la siguiente ecuación: legalidad más emprendimiento, igual equidad. Esta fue casi un evangelio del gobierno, pues todas sus acciones comenzaron a girar en torno a esos tres grandes pilares.

La legalidad, que es el pacto indisoluble entre seguridad y justicia, se convirtió en el primer paso hacia adelante, ya que recogió la necesidad urgente de la sociedad de no sentirse apabullada por la impunidad, ni el delito, ni la incertidumbre derivada de un sistema de normas y leyes que, en lugar de orientar, confundía al ciudadano. Esta también comprendió lo acordado en la Habana, sobre todo la implementación de los correctivos que el mandato ciudadano había ordenado en las urnas, la voluntad de poner a las víctimas de la violencia en el centro de la política, el apoyo a la reincorporación de los guerrilleros de base y el cambio del paradigma de una justicia que se eleva sobre los hombros de la impunidad. En su discurso de posesión, Duque sentenció con claridad:

Por el respeto a Colombia y por el mandato ciudadano que hemos recibido, desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, que reciban también la reparación efectiva y que no exista repetición en ningún lugar del territorio. También corregiremos las fallas estructurales que se han hecho evidentes en las implementaciones. Las víctimas de Colombia deben contar con que habrá verdadera reparación moral, reparación material, reparación económica por parte de sus victimarios y que nunca, ¡nunca!, serán agredidas por la impunidad.

Creo en la desmovilización, en el desarme y en la reinserción de la base guerrillera. Muchos de ellos fueron reclutados forzosamente o separados de su entorno por la intimidación de las armas.

La visión de Duque sobre la legalidad obedeció a su convicción profunda sobre el cambio cultural que demandaban los nuevos tiempos en los que Colombia estaba entrando. El país venía de décadas de debates entre falsos dilemas, las supuestas justificaciones políticas de la violencia y las supuestas justificaciones sociales del narcotráfico. Para el nuevo presidente y los colombianos que lo apoyaron con su voto, la violencia no podía escudarse detrás de una ideología, como tampoco el narcotráfico podía excusarse en las condiciones de pobreza que afectaban a los colombianos. Los valores democráticos, aquellos que hacen que una sociedad florezca, no son valores a medias. La honestidad no es una moneda de cambio, ni tener una opinión es una razón suficiente para acabar con la vida de nadie.

Por la convicción íntima de que hay valores y principios irrenunciables en la vida republicana, no podía haber espacio para la corrupción en la vida pública. En consecuencia, todas las iniciativas, ciudadanas o parlamentarias que buscaran generar mayor transparencia en el actuar del Estado debían ser respaldadas. Por ello, a pesar de la oposición del partido Centro Democrático, el presidente apoyó la iniciativa del referendo anticorrupción, que se celebró el 27 de septiembre de 2018. Por esa misma convicción, respaldado por millones de votantes, a pesar de que el referendo no alcanzó el umbral para ser validado, Duque decidió convocar a todos los partidos políticos, con el objetivo de encontrar la mejor manera de implementar las modificaciones razonables de la iniciativa mediante el trámite legislativito. De este llamado, bajo el liderazgo de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, y del secretario presidencial de transparencia, Andrés Rugeles, resultaron aprobadas varias leyes, que contaron con el espaldarazo del presidente. La ministra del Interior de entonces, Nancy Patricia Gutiérrez, fue clave para que las iniciativas avanzaran firmemente en las dos cámaras del Congreso. Prueba del compromiso irrestricto del presidente Duque con la lucha contra la corrupción fue su designación de Rugeles como alcalde encargado de Santa Marta tras la destitución de su mandatario.

Para materializar el valor de la seguridad, Duque modernizó la fuerza pública, de manera que esta contara con los instrumentos necesarios para enfrentar las amenazas del siglo XXI. Con los Derechos Humanos en una mano, de cara a la ciudadanía, y con las herramientas tecnológicas pertinentes para derrotar la criminalidad, la Fuerza Pública avanzó en su modernización. A pesar de que este proceso comenzó desde el mismo 7 de agosto de 2018, su intensificación y reafirmación se daría en 2021, cuando Diego Molano, una persona de trayectoria pública reconocida y capacidad de diálogo probada, asumió la jefatura del Ministerio de Defensa.

En seguridad, el desafío más grande sería enfrentar a los grupos armados residuales de las FARC y al ELN, que consistían en bandas criminales con altos niveles de impacto criminal y contaban con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Con una retaguardia estratégica protegida al otro lado de la frontera y con los mandos del ELN resguardados en Cuba, estas organizaciones del crimen, que gozan de estrechas relaciones con el Cartel de Sinaloa, constituyen hoy en día el conglomerado mafioso más peligroso de Latinoamérica. Para enfrentarlos, no solo se requiere una fuerza pública fuerte, sino una voluntad clara de la sociedad, que, como ocurrió en ocasión del atentado contra la Escuela de cadetes de policía Francisco de Paula Santander, expresa inequívocamente su rechazo ante la violencia y el delito.

Junto con la legalidad, otro pilar del Pacto que propuso Duque fue el emprendimiento. En la base de este concepto se encuentra su concepción de la libertad económica como principio democrático irrenunciable, gracias al cual todas las personas tienen el derecho a determinar su propio camino. Para Duque, una sociedad prospera cuando se promueve la iniciativa privada y se premia el éxito que se deriva del trabajo honesto y constante. Así, el Estado debe dar las garantías para que una buena idea pueda concretarse en un proyecto productivo que, a su turno, pueda evolucionar en una empresa o un trabajo digno. El Estado debe ser un aliado de la persona, sus ideas y sus iniciativas, porque son las personas y las empresas quienes innovan, crean maneras de superar obstáculos, descubren nuevos mercados y rompen las barreras de la imaginación para llevar a la humanidad más lejos, más rápido. Por ello, el Estado debe ser pequeño, eficiente y austero, de manera que una idea no naufrague en trámites, una empresa pueda generar puestos de trabajo dignos y el ser humano pueda alcanzar su mejor versión.

En este sentido, también fue imprescindible un cambio de la cultura política. Debía dejarse atrás ese discurso que siempre ha buscado extorsionar a los ciudadanos con las obras públicas y generar gratitudes personalistas. Las obras públicas no le pertenecen al gobierno, ni a los políticos, porque son de la ciudadanía, son pagadas con los impuestos de la gente y deben tener como único fin generar mejores condiciones de vida. Atrás quedó la costumbre de dejar por la mitad las obras que otro había iniciado o solo trabajar con los gobernantes locales amigos. Con este derrotero y con su consigna de concluir, concluir y concluir, Duque sacó adelante obras que encontró completamente desfinanciadas, como el Puente Pumarejo, en el departamento del Atlántico, las vías 4G y el tan anhelado Túnel de la Línea.

Para Duque, conectar a los colombianos entre ellos y con el mundo no era solamente un asunto de concreto y acero. Para que Colombia se adentrara en el siglo XXI y los caminos del emprendimiento llegaran a todos sus rincones, Duque realizó importantes inversiones en conectividad que propendieron por la integración de todo el territorio nacional a la red de fibra óptica. También digitalizó el Estado para garantizar el acceso a la oferta institucional por parte de todos los ciudadanos, en todas las regiones.

Adicionalmente, desplegó una agresiva diplomacia comercial que trajo excelentes índices de inversión extranjera directa, dentro de los cuales se destacan las mayores inversiones no minero-energéticas de la historia, una diplomacia sanitaria de importancia global y una multiplicación de las exportaciones agrícolas.

Para Duque, todo crecimiento del ser humano se debe dar armónicamente con el medio ambiente. Por eso, el emprendimiento propuesto y desarrollado por su gobierno tuvo siempre como consideración primaria la máxima “producir conservando y conservar produciendo”, un mantra que, además, pondría a Colombia a la vanguardia de la política pública medioambiental latinoamericana.

De la mano de la legalidad y el emprendimiento, viene la equidad. Para muchos, este es un concepto abstracto, casi inasible, lo que conllevó bastantes críticas al mensaje presidencial a este respecto. Muchos decían que “la gente no entiende qué es equidad”.

Según el diccionario, la equidad es la “propensión a dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley”. En palabras más sencillas, la equidad consiste en llevar la justicia social al caso concreto, teniendo en cuenta las condiciones específicas de la persona, del lugar y de la comunidad. Para el gobierno Duque, la equidad es tanto un fin del Estado como una acción constante que se materializa día a día. La equidad es trabajar para que Colombia supere la miseria, para que no haya niños en las calles sin educación, para que los viejos no anochezcan a la intemperie, las mujeres se sientan seguras y para que nadie, sin importar su origen étnico, religioso o geográfico carezca de oportunidades. La equidad es, en corto, igualar la cancha de la vida.

Para alcanzar la equidad, el gobierno trabajó en varios frentes. Se fortalecieron los programas de asistencia social, llegando a más de 10 millones de hogares; se alcanzó el sueño de una educación pública gratuita y de calidad para los estratos 1, 2 y 3; se ampliaron las capacidades del programa de alimentación escolar, llegando a más de 5 millones de familias; se lograron las mayores ventas de vivienda de interés social de la historia del país, al tiempo que se multiplicaron las asignaciones de subsidios de vivienda y se dotó con luz eléctrica y agua potable a cientos de miles de hogares colombianos que no podían refrigerar sus alimentos, ni tomar agua de la llave.

La equidad fue, sin duda, la gran obsesión de Duque. El trabajo por los pobres, la fe en la voluntad del ser humano y la idea de una sociedad capaz de avanzar, sin negociar sus principios, fueron la tríada que sostuvo todas y cada una de las acciones de su gobierno.