Presentación e historia

Texto de: Hernán Alejandro Olano García

Habiéndome posesionado en el año 2002 en la Academia Colombiana de Jurisprudencia, pronto encontré que la historia de la misma estaba por actualizarse; así, luego de iniciar un primer proyecto llamado “Mil Juristas”, en la sesión ordinaria del 28 de mayo de 2007 se aprobó por unanimidad una proposición presentada por el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, por entonces Presidente de la Corporación, con la cual se me encargó escribir la crónica de la Academia, con base en una investigación realizada por el suscrito durante varios años, primero, en 2004, cuando por más de 400 horas efectué la lectura de las, hasta ese momento, 325 revistas publicadas y luego, en unas 400 horas adicionales, realicé la lectura de más de nueve mil páginas que integraban los 37 tomos con las Actas de las más de 800 sesiones de la Academia realizadas entre 1955 y 2006, seguido luego del recuento, a través de mi libreta, de diferentes episodios acaecidos durante la siguiente década larga hasta 2018.

Debemos remontarnos al nueve de septiembre de 1894, cuando con el propósito de realizar la Junta Preparatoria para la fundación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, estuvieron reunidos en el Salón Rectoral de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional, bajo la presidencia de Luis M. Isaza y la secretaría de Vicente Olarte Camacho, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Manuel E. Corrales, Lucio A. Pombo, Luis M. Isaza y Abraham Fernández de Soto; los magistrados del Tribunal de Cundinamarca Tobías Gaona, Nicolás Enciso, Isaías Castro Vélez, Jesús M. Quintero y Flavio González Malo; el procurador general de la Nación, doctor Carmelo Arango; el secretario de Hacienda de Cundinamarca Eduardo Restrepo S.; los doctores Nicolás Esguerra, Federico Patiño, Juan Félix de León, Teodoro Valenzuela, Alejo de la Torre, Antonio José Restrepo, Eduardo Posada, Gustavo Michelsen, Pedro C. Manrique, Adolfo León Gómez, Felipe Silva, Edmond Champeau, Santiago Ospina A., Enrique Lleras, Lucas Caballero, Alejandro Lince P. y Federico Pinzón.

Previa excusa a la esquela remitida como invitación, dejaron de asistir los doctores Gutiérrez Escobar, Villafrádez, Iriarte, Alejandro Motta, Guillermo Uribe, Luis Rubio S. y Ramón Guerra. No se excusaron: Marceliano Vargas, Francisco Montaña, Federico R. Rodríguez, Jesús Casas Rojas, Baltasar Botero Uribe, José Vicente Concha, Luis Carlos Rico, Juan P. Restrepo y Arístides Forero.

La primera edición de nuestros estatutos data de 1896, impresos en la mítica imprenta de “La Luz” de Bogotá, por entonces ubicada en el número 70 de la calle 14. Allí aparece nuestra organización dividida en once secciones: Jurisprudencia Civil, Jurisprudencia Comercial, Jurisprudencia Procedimental, Jurisprudencia Penal, Jurisprudencia Fiscal, Jurisprudencia Minera, Economía política y Estadística, Derecho Internacional privado y público, Derecho Público, Reformas en la legislación colombiana y Codificaciones colombianas.

Cada una de ellas tenía un director que dirigía los trabajos de la sección, elegido para un período de dos años y elegido por mayoría absoluta de votos por los socios de cada sección. En cada sección se tramitaba, por así decirlo, la primera instancia de los conceptos e informes solicitados a la Academia, de los que se daría cuenta a ella en la siguiente sesión ordinaria a celebrarse.

Posteriormente, el 25 de abril de 1955 se crearon las comisiones al interior de la Academia, que se implementarían siete años después: En 1962 fue creada la Comisión de Reforma de Estatutos; en 1972 fue creada la Comisión para honrar la memoria de Jorge Soto del Corral; en 1979 se institucionalizó, por medio del Acuerdo # 3 del 7 de noviembre, la Comisión de Candidaturas; y, en 1995 se crearon con base en el artículo 3° de los estatutos de la Academia, otro número de comisiones, así: Comisión de Economía y Finanzas, Comisión de Cultura y Relaciones con Organismos Académicos y Universitarios, Comisión de Relaciones Públicas, y la Comisión de Relaciones con Capítulos Departamentales. Un año después, en 1996, se creó la Comisión sobre Estudio del Derecho y, luego, en 2004 se actualizaron esas comisiones así: Capítulos Regionales, Comisión Académica, Comisión Editorial, Comisión Status Jurídico de la Casa, Comisión de Estatutos y Comisión de Relaciones Internacionales.

De acuerdo con el preámbulo de sus estatutos vigentes, la Academia Colombiana de Jurisprudencia fue fundada el 23 de septiembre del año de 1894, bajo el nombre de Sociedad Colombiana de Jurisprudencia. Anualmente se conmemora esta fecha clásica con una sesión solemne de la Academia y, adicionalmente, desde 1987, se decidió celebrar el día de duelo para la Academia cada 22 de agosto.

Aunque Luis M. Isaza, a nuestro juicio fue el primer presidente de la Corporación, oficialmente se tiene que la primera dignidad fue del distinguido jurisconsulto Nicolás Esguerra, a quien le siguieron los siguientes 48 académicos: Edmond Champeau, Diego Mendoza Pérez, Antonio José Uribe, Adolfo León Gómez, Antonio José Iregui, Eduardo Posada, Miguel S. Uribe Holguín, Eduardo Rodríguez Piñeres, Manuel María Fajardo, Rafael Uribe Uribe, Vicente Olarte Camacho, José María Quijano Wallis, Juan B. Quintero, Pedro María Carreño, Simón Araújo, Arturo Pardo Morales, Lucas Caballero, Francisco Montaña, Juan C. Trujillo Arroyo, Ricardo Hinestrosa Daza, Luis Felipe Latorre U., Miguel Arteaga, Ramón Gómez Cuellar, Jorge Soto del Corral, Leandro Medina, Pedro Alejandro Gómez Naranjo, Horacio Hernández, Ramón Miranda, Miguel Aguilera, Luis Felipe Reyes Llaña, Parmenio Cárdenas, Gonzalo Gaitán, Jesús María Yepes, Rafael Quiñones Neira, Mauricio MacKenzie?, Arturo Tapias Pilonieta, Guillermo González Charry, Juan Benavides Patrón, Manuel Dangond Daza, monseñor Rafael Gómez Hoyos, Hernando Morales Molina, Jorge Enrique Gutiérrez Anzola (encargado), Jorge Vélez García, Marco Gerardo Monroy Cabra, Cesáreo Rocha Ochoa y Fernando Sarmiento Cifuentes, entre otros que mencionamos a lo largo del texto y que ocuparon por encargo la primera dignidad académica del foro colombiano.

La presidencia honoraria se concedió a diez académicos: Miguel Abadía Méndez; a la “egregia reliquia del derecho” Domingo Esguerra, considerado así, pues en 1964, con motivo de los 70 años de la Academia, era el único miembro fundador sobreviviente; Nicolás Esguerra; Adolfo León Gómez; Carlos Lleras Restrepo; Vicente Olarte Camacho; Eduardo Rodríguez Piñeres; Eduardo Santos Montejo; Darío Echandía Olaya y Antonio José Uribe.

La secretaría perpetua ha estado de igual manera ejercida por cuatro ilustres académicos, Guillermo Neira Mateus, Luis F. Reyes Llaña, Arturo Quijano y Gerardo Melguizo, sobre quien en 1963 se decidió que ocuparía el cargo hasta su muerte, lo cual ocurrió en 1984; sin embargo, ya en 1978 había sido suprimida esta figura.

En la primera nómina de académicos figuraron los más notables juristas de la época, entre los cuales puede citarse a Luis María Isaza, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Abraham Fernández de Soto, vicepresidente de la Corte; Lucio A. Pombo, magistrado de la Corte; Jesús Casas Rojas, magistrado de la Corte; Manuel E. Corrales, magistrado de la Corte; Baltasar Botero Uribe, magistrado de la Corte; José Vicente Concha, procurador general; Edmond Champeau; Juan Evangelista Trujillo, magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca; Tobías Gaona, magistrado del mismo tribunal; Nicolás Enciso, magistrado del mismo tribunal; Jesús María Quintero R., magistrado del mismo tribunal; Federico R. Rodríguez, vicepresidente del mismo tribunal; Antonio José Cadavid A., magistrado del mismo tribunal; Flavio González Malo, magistrado del mismo tribunal; Alejandro Motta, magistrado del mismo tribunal; Isaías Castro V., magistrado del mismo tribunal; Juan C. Trujillo, juez 1° del Circuito de Bogotá; Germán Pardo, juez 2° del Circuito de Bogotá; Adolfo León Gómez, juez 3° del Circuito de Bogotá; José Joaquín Casas, juez 4° del Circuito de Bogotá; Tomás Angulo E., juez 6° del Circuito de Bogotá; Jesús M. Henao, Juez 7° del Circuito de Bogotá; Carlos Sampedro, juez 5° del Circuito de Bogotá; Jesús María Arteaga; Eugenio García; Gonzalo Pérez; Teodoro Valenzuela; Felipe Silva; Juan Félix de León; Nicolás Esguerra; Eduardo Posada; Santiago Ospina A.; Pedro Miguel Morales; Ricardo Gómez; Francisco Montaña; Federico Pinzón; José María Quijano Wallis, miembro correspondiente de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Madrid; Daniel Herrera R.; Luis Rubio Sáiz; Enrique Gamboa; Aristides Forero; Gustavo Michelsen; Eladio C. Gutiérrez; Alejo de la Torre; José Hilario Cuellar; Alejandro Rodríguez F.; Ricardo Hinestrosa; Diego Mendoza; Enrique Silva; Ramón Calderón Ángel; Aurelio M. Arenas; Julián Restrepo H.; Luis Forero Rubio; Fernando Cortés Monroy; Jesús Rozo Ospina; Benjamín Novoa Zerda; Cruz Sánchez V.; Gonzalo Currea; Felipe Ruiz Quintero; Agustín A. Jiménez; Federico Patiño; Nicolás Pinzón Warlosten; S. A. Galofre; Antonio Gutiérrez Rubio; Vicente Olarte Camacho; Antonio José Uribe; Arturo Campuzano Márquez; Eustasio Mendoza S.; Francisco Antonio Gómez; Constantino Peña V.; Enrique Millán O.; Gregorio Rodríguez F.; Ramón Gómez C.; Eduardo Ricaurte; Inocencio de la Torre G.; Pedro Pablo Delgado; Manuel María Fajardo; Ramón Vanegas Mora; Tancredo Nannetti; Pedro G. Rojas; Andrés Pachón; Alejandro Lince P.; Antonio Pachón; Clímaco Manrique; Juan B. Barrios; Guillermo Uribe; Julio Fajardo y Eduardo Restrepo Sáenz.

El presidente de la República le concedió personería jurídica a la Academia, la cual fue reconocida por medio de la Resolución Ejecutiva # 76 de 1895, declarada órgano consultivo del Gobierno Nacional, del Congreso y del Consejo de Estado, mediante las leyes 48 de diciembre 15 de 1898 y 55 de diciembre 31 de 1964. Así mismo, con base en un acuerdo de cooperación, la Academia a través de sus integrantes, presenta intervenciones doctrinales en el trámite de los procesos que se adelantan desde 1992 ante la Corte Constitucional. La función consultiva de la Academia comprende los problemas atinentes a la interpretación y aplicación de las leyes y proyectos de ley y a cuestiones generales de administración.

Sobre la primera sede de la Academia no tenemos certeza de su ubicación, no obstante para 1955, la Academia se reunía en el salón de esgrima del Capitolio Nacional; el siguiente año, el Distrito, por medio del Acuerdo 163 de 1956, le cedió un lote para construir su sede, lo que se planeó hacer con un edificio que conjuntamente pudiera ser ocupado por el Club de Abogados, proyecto que se planteó en 1962, aunque en 1969 se aprobó vender el lote; en 1963 ocupaba una estrecha oficina de la Escuela Superior de Bellas Artes de Bogotá y luego pasó a una oficina dentro de la Biblioteca Nacional.

En 1964, por medio de la Ley 55 del 31 de diciembre, se auxilió a la Academia con la cantidad de $2.500.000.oo para la construcción o adquisición “de una sede decorosa”, y para la dotación de la misma. Como la Ley no se había cumplido, en 1968 se decidió adquirir un lote para construir la sede, aunque en 1970 el ministro de Justicia, Fernando Hinestrosa, renovó a la Academia la promesa de darle una sede en el Palacio de Justicia y en 1970 se aprobó la compra de una finca como sede social de la Corporación. Ese mismo año, por medio del decreto 1356 del 5 de agosto, se dispuso que de acuerdo con lo previsto en la Ley 132 de 1961, el Palacio de Justicia sería el albergue de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, además de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, el Tribunal Disciplinario, el despacho del procurador general de la Nación y la Biblioteca Judicial.

En 1976 se decidió que las sesiones ordinarias se efectuarían en la sede que se ocupaba en la calle 17 y las sesiones solemnes en el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. En 1981 se resolvió, por parte del Ministerio de Justicia, darle a la Academia un piso del edificio del Banco de Bogotá, carrera 10 con 14, pero no se aceptó esa oferta, no obstante que la Academia estaba ubicada en mal lugar, tanto así que debió construirse un muro para aislarla de un café que era su vecino y del cual estaba separada apenas por una división de madera. En 1985 seguía siendo muy complicada la existencia de la Academia en tan precaria sede de la calle 17 # 4–95, oficina 202, la cual se logró gracias a la generosidad del doctor Tulio César Jiménez Barriga.

En la sesión de junio 3 de 1987, se informó sobre la entrega a título de comodato por parte del Banco de la República a la Academia, de la casa ubicada en la calle 10 # 4-28 de Bogotá, para la cual doña Beatriz de Rozo Rozo donó unos helechos y sus materas. En 1995 se habló ya de la imposibilidad de que la Academia pudiera ocupar un local en el nuevo Palacio de Justicia, dado que estarían allí las cuatro corporaciones judiciales y no habría cupo para nuestra Corporación. Precisamente el 28 de junio de 1996, el presidente de la Academia expresó en esa sesión, que el Banco de la República había solicitado la devolución del inmueble donde funcionaba la Corporación. Finalmente, el 20 de octubre de 1997 se comunicó acerca de la adjudicación de la casa de la calle 84 # 9-32, antigua sede de las fiscalías delegadas ante el Consejo de Estado, aprobando la curaduría urbana en 2002 el actual cerramiento metálico. En esta sede se organizaron las dependencias de la Academia y su salón de sesiones, que el 24 de noviembre de 2002 fue bautizado por unanimidad como “Salón Jorge Vélez García”.

En esta casa reposan además un buen número de obras pictóricas, entre las que encontramos el óleo de Andrés Bello, encargado a Mario Salas Yepes, y la colección de Presidentes y miembros honorarios, que se creó en 1972 y se materializó en 1978 con las primeras obras de la maestra Inés Acevedo Biester (hija del maestro Ricardo Acevedo Bernal), del maestro ecuatoriano Marco Salas Yépez y del maestro Justiniano Durán, plasmando en el lienzo con nitidez fotográfica a varios de los integrantes de la Academia, engalanando nuestros salones y valorizando nuestra pinacoteca de juristas colombianos, que forma parte de ese acervo cultural del que pocas entidades cuentan, para retratar a quienes han honrado el foro colombiano.

Precisamente, hablando de fotografías, fue costumbre realizar mosaicos en distintas entidades y en las universidades; la Academia no fue ajena, pues en 1938 y luego en 1955 se elaboraron dos de ellos que se conservan en la biblioteca. En 1972 se sugirió revivir esta tradición y en 2005 se comenzó a gestar de nuevo bajo la coordinación del fotógrafo Germán Vilón, que finalmente culminó el señor Manuel Pabón en 2012, seguido de un nuevo mosaico para la conmemoración de los 125 años de la Academia en 2019.

Pasando a otro tema, el único tropiezo que encontramos relacionado con la existencia de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, se dio cuando en 1906 el presidente, general Rafael Reyes, declaró en un consejo de ministros como traidor a la Patria al doctor Diego Mendoza Pérez, Presidente de nuestra Corporación, buscando que la Academia diera piso jurídico a tal manifestación, y como la misma no quiso actuar según el querer del primer mandatario, tuvo que dejar de reunirse por tres años, restableciendo sus reuniones en 1909.

Hay que hacer notar que doce de los 96 presidentes que la República ha tenido desde la independencia, han formado parte de esta Academia desde su fundación, entre ellos José Vicente Concha, Carlos E. Restrepo, Miguel Abadía Méndez, Enrique Olaya Herrera, Eduardo Santos Montejo, Carlos Lozano y Lozano, Darío Echandía Olaya, Roberto Urdaneta Arbeláez, José Antonio Montalvo, Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López Michelsen y Belisario Betancur Cuartas.

La Academia es una corporación privada con domicilio en la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, e integra el Consejo Nacional de Justicia desde 1962; el Ateneo de las Academias, hoy Colegio Máximo de Academias Colombianas colmac, según la Ley 103 de 1963; la Red Iberoamericana de Academias, el Comité de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Conferencia Iberoamericana de Derecho Laboral y Seguridad Social y posee un delegado en la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras. Igualmente ha contado con un delegado en el Congreso Americano de Bibliografía e Historia desde1916 y en el Consejo Académico Asesor del icfes, en la Comisión para la Conmemoración del Cuarto Centenario del Natalicio del Licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada y en el Consejo Nacional de Formación de Recursos Humanos para la Salud del Ministerio de Salud. Así mismo, designa un delegado ante la Corte Arbitral de Ética de la Cámara de Comercio de Bogotá y, en 2018 le fue solicitado también proponer candidatos para la Misión de Sabios que desea integrar el presidente Iván Duque Márquez, siendo postulados los académicos Carlos Mario Molina Betancur, Hernán Alejandro Olano García y Hernando Roa Suárez.

En distintas oportunidades, la Academia ha formado parte de la Internacional Bar Association; es Miembro Constituyente de la Federación Interamericana de Abogados, así como que desde 1996 es miembro del Secretariado Permanente de la Asociación de Academias de Legislación y Jurisprudencia Iberoamericanas y de las Filipinas y, como tal, organizó la reunión de los miembros de esta asociación para noviembre de 2007 y ha participado con diferentes ponencias e intervenciones de sus directivos y académicos cuando es convocada esa reunión.

La Academia ha celebrado también cuatro Congresos Jurídicos Nacionales, en 1919, en 1938, en 1971 (para conmemorar el sesquicentenario de la Constitución de Cúcuta de 1821) y en 1981. Igualmente, se han celebrado más de cuatro Congresos Nacionales de la Academia y sus Capítulos Seccionales, con numerosa asistencia y participaciones excepcionales de gran valía para dilucidar los problemas jurídicos del país, entre ellos, la reforma a la justicia, organizado en 2018 en diferentes recintos universitarios y en colaboración con la Procuraduría General de la Nación.

Las sesiones académicas, inicialmente eran de tres tipos: Las solemnes, que en 1894 se verificaban el último domingo de noviembre de cada año; las ordinarias, que tenían lugar el primero y el tercer sábados de cada mes, y las extraordinarias, que se efectuaban cuando el Presidente las convocase. En 1896 se dispuso que las solemnes también podían realizarse, además de en esa fecha, cuando la sociedad lo dispusiere; las ordinarias pasaron a realizarse durante los meses de febrero a noviembre una vez por semana el día que señalare el Presidente, y que se entrara en vacaciones los meses de diciembre y enero.

En 1955, las sesiones se trasladaron de los martes a los jueves y se fijó el 10 y el 25 de cada mes para sesionar. A comienzos de 1995, se modificó el horario de sesiones de la Academia de 6 a 8 p. m. a uno de 12 m. a 2 p. m., por la facilidad enel transporte de los académicos en el centro de Bogotá. Actualmente, las sesiones ordinarias se celebran a las 5:00 p. m. los lunes cada quince días, salvo si es festivo, cuando se traslada al martes siguiente. Las sesiones solemnes habitualmente se celebran los días jueves a partir de las 6:00 p. m.

Hoy en día, desde 1955 se han celebrado más de 900 sesiones solemnes, ordinarias y extraordinarias, despareciendo las especiales. Aunque los estatutos prevén que el período de sesiones ordinarias sea desde febrero hasta noviembre, es costumbre iniciar las sesiones anuales el primer lunes del mes de marzo de cada año y culminar el primer lunes del mes de diciembre, aun cuando otra cosa establezcan los estatutos.

Cuando se fundó la Academia, se hablaba de cuatro clases de socios, los fundadores, los activos, los correspondientes y los honorarios.

Eran miembros fundadores los que firmaron el acto constitutivo de la Sociedad Colombiana de Jurisprudencia y cumplieren con los deberes que ese acto imponía.

Los miembros activos se dividían en dos clases: 1°, todos los socios fundadores, salvo los empleados del orden judicial y, 2°, los abogados que en lo sucesivo se incorporen con este carácter a la Sociedad.

Los miembros correspondientes nacionales eran los jurisconsultos o profesores colombianos a quienes se concedía este honor por notables trabajos científicos, o por servicios importantes prestados a la Academia; mientras que los miembros correspondientes extranjeros eran los jurisconsultos o profesores extranjeros a quienes por las mismas causas se concedía igual distinción.

Por su parte, los estatutos de 1896 disponían que eran miembros honorarios los siguientes empleados del Poder Judicial y los del Ministerio Público: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el procurador general de la Nación; los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito; los jueces superiores de Distrito; y los fiscales de los Tribunales Superiores, de los juzgados superiores y de los juzgados de Circuito.

En los estatutos de 1898 se determinó que los socios, en número ilimitado, podrían ser activos y correspondientes. Se añadieron los requisitos para ser socio activo y entre estos, que el pretendiente como abogado gozara de buena fama, residente o no en Bogotá; debía presentar solicitud por escrito y ser admitido por las cuatro quintas partes de los socios activos presentes en la sesión y, además, prestar promesa solemne de cumplir sus deberes para ante la Academia.

El socio activo que dejara de cumplir con sus deberes por más de un año sin excusa legítima, dejaría de ser parte de la Sociedad. Tales deberes eran: pagar el derecho de diploma; pagar las contribuciones ordinarias o extraordinarias establecidas por la Academia, donar un libro a la biblioteca, desempeñar las comisiones que le fueren confiadas y las demás que se le impusieren, entre éstas, más adelante se incluiría como un deber asistir a las sesiones.

Ya en 1910 se restringió el número de socios, pasando a ser integrada la Academia por cuarenta miembros de número, veinte académicos honorarios y un número ilimitado de correspondientes.

En ese momento, para ser miembro de número se requería tener treinta años de edad, por lo menos; haber desempeñado funciones judiciales, o ejercido la profesión de abogado con buen crédito; o enseñado derecho en un establecimiento público o privado, durante tres años, por lo menos; o haber sido autor de un trabajo serio de derecho. La aceptación del nombramiento se consideraba indeclinable; el plazo para tomar posesión era de ciento ochenta días a partir de la recepción del nombramiento.

Los académicos honorarios eran aquellos a quienes la Academia les confería el título, por mayoría de los votos de las cuatro quintas partes de los académicos presentes en la respectiva sesión, los cuales no podían ser menos de doce.

Mientras que los académicos correspondientes eran, además de los que por esas fechas tenían ese carácter, los que dejasen o hubiesen dejado de ser académicos de número y los que en lo sucesivo nombrare la Academia, fuera espontáneamente o a solicitud del candidato. Debía contar con los mismos requisitos exigidos para ser miembro de número y presentar su nombre con el aval de tres de esta clase de académicos; someterse a la aceptación de la Academia, en votación secreta, por las cuatro quintas partes de los académicos concurrentes; pagar los derechos de inscripción, medalla y diploma tan pronto se le hubiere comunicado la aceptación; presentar un trabajo científico propio, donar un libro para la biblioteca, que inicialmente se llamaba “Camilo Torres”, prestar la promesa reglamentaria y recibir el respectivo diploma.

Actualmente, la Academia está integrada exclusivamente por abogados titulados o licenciados en derecho. Sus miembros son de tres clases: académicos honorarios, que no podrán ser más de diez; académicos de número, los cuales constituyen esencialmente la corporación y que no podrán ser más de setenta y cinco; y académicos correspondientes, los cuales no pasarán de doscientos. Los requisitos para cada categoría se encuentran en los estatutos.

Entre los miembros extranjeros de la Academia, encontramos diversa procedencia en más de 24 países, con académicos de Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Guatemala, Holanda, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Suiza, Uruguay y Venezuela.

De la Academia han formado parte casi mil cuatrocientos juristas: Se cuentan al menos 72 miembros honorarios, 10 presidentes honorarios; 290 miembros correspondientes extranjeros; 229 han sido miembros de número, un grupo de 422 han sido miembros correspondientes nacionales y 307 han ocupado sillones correspondientes en los capítulos regionales de Barranquilla, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Chiquinquirá, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, San Gil, Santa Marta, San Andrés y Tunja. Precisamente de la actividad de los capítulos, la Academia exige un informe de gestión anual desde 1978.

Entre las primeras juristas colombianas que han formado parte de la Academia, están: Gabriela Peláez Echeverri y luego, Soledad Gómez Garzón, Carmen Gómez Garzón, Esmeralda Arboleda de Uribe y otras a lo largo de los años desde 1955, como Aydée Anzola Linares, Consuelo Helena Sarria Olcos, Adelaida Ángel Zea, Susana Montes de Echeverri, Clara Forero de Castro, Sandra Morelli Rico, María Cristina Morales de Barrios, Emilssen González de Cancino, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, Lucy Cruz de Quiñones, Consuelo Acuña Traslaviña, Nora Chavarro de Solanilla, Cándida Rosa Araque, Liliana Estupiñán Achury, entre otras damas, que generalmente han hecho parte de los capítulos seccionales, como Bertha Zapata Casas, Aura René Rodríguez Cerón, Aura Gutiérrez Duque, la exministra Margarita Mena de Quevedo, Mary Ortiz Gaviria, Mónica Aristizábal Botero, María Cristina Buchelli Espinosa, Beatriz Helena Zuluaga Villegas, Luz Estella Londoño Gómez, Genith Toledo Carreño, Ilva Lucía Trillos Naranjo, Emma Vernaza Niño, Martha Inés López Bautista, etc.; o las que integran la nómina como correspondientes en el extranjero, Elizabeth Ingrand, María Emilia Casas Bahamonde, Elisa Pérez Vera, Adriana Olguin de Baltra, Lucía Santacruz Sutil, etc.

Precisamente doña Elizabeth Ingrand, la primera mujer extranjera en ser recibida en la Academia, era la esposa de Henry Ingrand, embajador de Francia en Colombia y había estado recluida en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

Han fallecido sin tomar posesión del cargo los doctores Lucrecio Jaramillo Vélez, Eduardo Villegas Gómez (de Manizales) y César Moyano Bonilla, como correspondientes, y se ha concedido póstumamente el ascenso a miembros de número a los doctores Germán Cavelier, Nicolás Salom Franco, Antonio Vanegas Santoro y Gabriel de Vega Pinzón.

En 1977 se aprobó que, en adelante, toda posesión de un miembro honorario, de número o correspondiente, debe llevarse a cabo en la sede de la Academia, así sea de un académico residente en otra ciudad, salvo las posesiones colectivas de los capítulos. Igualmente, desde el 22 de agosto de 1963 se dispuso fijar un tiempo para que el elegido tome posesión, aunque en algunos casos se volvió indefinido y nunca se concretó el ingreso de los elegidos.

Varios prelados y sacerdotes han realizado también su aporte jurídico a la Academia. Actualmente, forman parte de ella el cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz y el padre Luis Fernando Álvarez, S. J., a quienes se suman los ya fallecidos académicos monseñor José Alejandro Bermúdez Portocarrero, monseñor Félix Botero Henao, monseñor José Vicente Castro Silva, monseñor Rafael Gómez Hoyos, monseñor Ignacio A. Medina F., el padre Félix Restrepo, S. J. y monseñor Rudesindo López Lleras, quien propuso en 1955 que los académicos debían usar toga en las sesiones.

En 1911 se entró en relaciones con la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid, con canje de las publicaciones y la promesa de hacerse mutuamente nombramientos de miembros honorarios o correspondientes. Un convenio similar se firmó en 2004 con la Academia Chilena de Ciencias Morales y Políticas.

Por acuerdo de la Academia, se decidió conferir el título de académico Correspondiente cada año, al alumno que presentase en la respectiva facultad la mejor tesis de derecho o ciencias políticas, la que además se publicaría en la revista, decisión hoy en día en desuso, pero que se concedió en su momento al doctor Salvador Iglesias, quien alcanzaría a ser Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Su tesis de grado sobre “Régimen Municipal”, presentada en la Universidad Nacional en 1910, se conserva en la biblioteca “Jorge Soto del Corral” de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

También obtuvieron el premio a mejor tesis de grado y su designación como miembros correspondientes de la Academia, los doctores José Arturo Andrade Ríos y su tesis “La noción de Orden Público”; Pedro Alejandro Gómez Naranjo, con su tesis “Promesa unilateral de venta”; Luis Rueda Concha y su tesis “Elementos comunes al delito civil y cuasidelito”; Alberto Vélez Calvo con su tesis “Expropiaciones por causa de utilidad pública”; Jorge Orduz Ardila con su tesis “Jurisdicción contencioso administrativa”; en 1960 Eduardo Duque Ángel obtuvo el premio con su tesis “Derecho de asilo” y, en fecha anterior los doctores Leandro Medina y Alberto Goenaga, con tesis cuyo título desconocemos.

En la Academia se instauró desde su fundación un premio que se concedía cada dos años por mayoría absoluta de votos y consistente el primer lugar en una medalla de oro, que en una de sus caras llevaría como leyenda “La Sociedad Colombiana de Jurisprudencia al señor…” y el año de concesión; el segundo lugar obtenía una medalla de plata. En 1898 se ajustaron los estatutos, disponiéndose que en el primer mes de cada año la comisión de la mesa fijaría un tema y abriría un concurso para premiar el mejor trabajo presentado por los socios, Activos o Correspondientes, y su presentación se efectuaría el 15 se septiembre de cada año, fecha luego de la cual se concedería al ganador una medalla de oro y la publicación del trabajo en la revista.

En 1910 se estableció el “Premio del Centenario de la Independencia”, que fue concedido en su única edición a Francisco José Cháux Ferrer; luego, en 1972 se creó el premio “Juan Uribe Durán” a la mejor tesis de derecho tributario y en 2005 se creó el premio “Nicolás Esguerra” y la “Medalla Jurista Emérito”, que no se han concedido a la fecha.

También en 1910, tal y como se lee en los estatutos de la época publicados en la editorial “Águila Negra” de Bogotá, fue adoptada la descripción heráldica del escudo de la Academia, consistente en la estatua de la Justicia, con los ojos vendados, sentada sobre un león, y llevando en la mano derecha la balanza, y en la izquierda la espada; debajo va el lema Suum cuique tribuere, todo esto en campo azul; rodea este atributo una banda circular de oro con la inscripción Academia Colombiana de Jurisprudencia, la cual, a su turno, va rodeada de dos ramos de mirto entrelazados con una cinta tricolor y todo montado en una estrella de plata de tres radios en cada uno de los cuales va una estrella pequeña de oro.

En 1972, se adoptó la bandera de la Academia con base en el proyecto de José Antonio León Rey y Miguel Bernal Medina, con las siguientes especificaciones: Un rectángulo de seda blanca de dos metros de largo por uno de ancho, con una faja diagonal que vaya desde el extremo superior del asta a encontrar el opuesto, formado por una cinta de veinte centímetros de ancha con las franjas de la bandera colombiana y en cuyo centro se bordará el escudo de la Academia con sus colores adoptados anteriormente.

En abril 8 de 2002 fue puesto a consideración del pleno de la Academia un proyecto de himno, elaborado por el abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia Pedro Medina Avendaño, conocido como “El Poeta de los Himnos”. La aprobación del himno quedó condicionada a que se averiguara si las demás academias colombianas poseían uno que las identificara. La tarea está aún pendiente, aunque por ejemplo, las academias Nacional y Bogotana de Historia Eclesiástica poseen como himno la marcha pontificia.

El 5 de octubre de 1962, la Academia decidió fundar una universidad, lo cual no prosperó; sin embargo, a partir de 1964, en asocio con la Universidad del Rosario, se ofrecieron los “Cursos Superiores de Derecho”, que se ofrecían a abogados y a estudiantes de último año de carrera.

También se reseñan curiosidades, como la elección de dos académicos que no eran abogados, uno filósofo, Pedro Antonio Molina, colombiano delegado para el proyecto del Diccionario Jurídico de la Academia, y el otro, Ancízar Samper, argentino e ingeniero agrónomo. En 2017, el académico Hernán Alejandro Olano García, igualmente Individuo de la Academia Colombiana de la Lengua, fue invitado por la Real Academia Española para ser el autor de algunas voces en el “Diccionario Jurídico Panhispánico”, siendo el único colombiano que colaboró en esa obra.

De igual forma, el que algunos miembros han obtenido condecoraciones y honores del Romano Pontífice, desde Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, hasta Juan Pablo II; de reyes, como Alfonso XIII de España, Balduino de Bélgica e Isabel II de Inglaterra; de príncipes como el infante don Carlos de Borbón, duque de Calabria, de don Teodoro IX Láscaris-Comneno; del príncipe Davit de Bragationi, jefe de la Casa Real de Georgia y de infaustos personajes como Adolfo Hitler, quien condecoró a Miguel Aguilera.

Entre el amplio catálogo de esas condecoraciones recibidas por los integrantes de la Academia, encontramos la Orden de Boyacá, la Orden de San Carlos, la Orden al Mérito Militar “José María Córdova”, la Orden Distrital “José Acevedo y Gómez”, la Roseta de la Instrucción Pública de Francia, la Orden “Al Mérito” del Ecuador, la Orden “Gabriela Mistral” de Chile, la Orden “Constantiniana de San Jorge”, la Medalla “Francisco de Paula Santander”, la Orden “Andrés Bello” de Venezuela, la Orden Hitleriana del “Águila Germánica”, la Orden del “Libertador” de Venezuela, la Orden “San Raymundo de Peñafort” de la Pontificia Universidad Javeriana, la Medalla “Aurelio Camacho Rueda”, la Medalla “Al Mérito” del Banco Central Hipotecario, las distinciones como “Profesor Emérito” de las universidades Nacional de Colombia y Externado de Colombia, respectivamente; la Medalla “Jurista Emérito” del Colegio de Abogados de Bogotá, la Medalla Cívica “Camilo Torres”, la Orden del Águila de Georgia y la Túnica Inconsutil de Nuestro Señor Jesucristo, la Orden “San Eugenio de Trebizonda”, la Orden de “San Constantino el Grande”, la Medalla “Blas Herrera Anzoátegui”, la Orden “Al Mérito Judicial” de Brasil, la Orden “Gran Cruz” de la Universidad Central, el “Escudo de Oro” del Colegio de Abogados Especializados en Derecho del Trabajo, la Orden “Club de Abogados”, la Orden “Francisco de Miranda” de Venezuela, la Medalla “José Ignacio de Márquez”, la Medalla “Fray Cristóbal de Torres”, la Medalla “Santiago Pérez”, la Medalla “Centenario” de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Medalla “Pedro Justo Berrío” y, entre muchas otras, la Orden de la Corona de Bélgica, la Legión de Honor de Francia y la Orden de “San Gregorio Magno”. También han recibido nuestros miembros la designación como representantes de la Academia en la Corte de Arbitraje de España.

Fue igualmente decisiva la posición de la Academia para respetar nuestro territorio y luego la institucionalidad al separarse Panamá y después durante el gobierno del general Rojas Pinilla, cuando con férrea mano, la Presidencia de la corporación se opuso al régimen y llegó, a la caída de éste, a expulsar de la Academia a aquellos miembros que habían sido áulicos de la dictadura.

Alfonso Uribe Maldonado rindió el informe de expulsión de los miembros que tomaron parte en el gobierno de Rojas Pinilla, en los siguientes términos: “Obrando dentro de los términos precisos de su misión científica y consecuente con la conducta republicana desplegada por ella durante su larga vida, decidió extrañar de su seno a los profesionales que hubiesen tomado parte activa en la conculcación de los puros y santos fueros de la democracia y hubiesen escandalizado con la ominosa actuación que dio origen a la indignación del ciudadano ejemplar”.

Los miembros que según el informe “cohonestaron los atropellos que el dictador irrogó”, fueron Julio Roberto Salazar, Castor Jaramillo Arrubla, Sergio A. Ruano, Jesús Estrada Monsalve, Domingo Sarasty, Elberto Téllez Camacho, Daniel Anzola Escobar, Juan Benavides Patrón, Antonio José Prieto, Luis Buenahora, Ricardo Gutiérrez Mejía, Alejandro Córdoba Medina, Luis Caro Escallón, Eduardo Piñeros y Piñeros, Rodolfo García y García, Miguel Bernal Medina, Tulio Jiménez Barriga, Julio C. Santos, Bossuet Gómez, Pablo García de la Parra y Alejandro Venegas Gil, último que antes de que el 21 de mayo de 1959 se revocara tan inusual castigo, presentó renuncia irrevocable a la Academia, aunque años después regresaría y sería ascendido inmediatamente a miembro de Número.

El primer “objeto” de la Academia en 1894 fue el estudio de la jurisprudencia en general, y en especial la de Colombia; hoy en día, cumple, entre otros, los siguientes objetivos esenciales:

a. El estudio, desarrollo y perfeccionamiento del derecho, en sus diversas especializaciones, de la ciencia política y de las ciencias sociales en general;
b. Servir de órgano de consulta del Gobierno Nacional (Ley 48 de 1898);
c. Dictaminar por iniciativa propia o a solicitud de personas de derecho público o privado, sobre cuestiones generales del derecho, de la ciencia política y de las ciencias sociales. No podrá emitir opiniones a individuos particulares sobre casos concretos;
d. Promover por medio de cursos, conferencias, mesas redondas, publicaciones, concursos y demás formas de divulgación ideológica, las modificaciones y reformas que considere necesario introducir en el derecho positivo colombiano, y
e. Estimular en el órgano judicial, en el cuerpo de abogados y en las escuelas de derecho, el avance de la legislación nacional y la formación moral de los juristas.
Adicionalmente:
f. Defender la vigencia del Estado de Derecho en la sociedad colombiana, explorar en las fuentes, en el derecho comparado, en la realidad del país y de la ciencia jurídica para garantizar la legitimidad de las instituciones y preservar la democracia.
g. Promover el estudio del derecho, como filosofía y como cuerpo de normas, no solo en su seno sino en toda la comunidad jurídica nacional.
h. Participar, en los debates que incidan tanto en la producción como en la interpretación del derecho y, cuando con ocasión de ellas tenga incidencia en los hechos o sucesos políticos, económicos y sociales.
i. Vigilar el desarrollo de la legislación, proponer las modificaciones que considere oportuno introducir al derecho positivo colombiano y contribuir a garantizar la supremacía de la Constitución Política.
j. Servir de órgano de consulta del Gobierno, en los términos de la ley 48 de 1898, la Ley 55 de 1964 y de las ramas del poder público cuando ellas lo soliciten.
k. Conceptuar por iniciativa propia o a solicitud de personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, sobre cuestiones generales del derecho o de las ciencias políticas y sociales, en tanto no se trate de emitir opiniones sobre casos concretos.
l. Organizar tertulias, foros, seminarios, congresos, cursos, sobre temas de actualidad jurídica o de interés cultural, científico, político, económico o social para el país, sus regiones o localidades, para lo cual podrá asociarse con universidades.
m. Crear las distinciones o condecoraciones que estime conveniente para exaltar los servicios prestados a la Academia, a la comunidad jurídica o al país por los ciudadanos ilustres o instituciones que se hagan acreedores a ellas.
n. Publicar el resultado de sus estudios o de las investigaciones de los miembros de la Academia en su órgano oficial en colecciones editoriales, o en sus medios virtuales o electrónicos según lo aconsejen las conveniencias institucionales.
ñ. Los demás que la Academia determine.

La Academia Colombiana de Jurisprudencia, que está celebrando para 2019 sus 125 años de fundación, ha sido distinguida con la Cruz de Plata y la Cruz de Comendador de la Orden de Boyacá (la primera vez en 1945 y la segunda en 1964, por medio del Decreto 2354 del 29 de septiembre, concedida por el presidente de la República Guillermo León Valencia); la Medalla Calatrava de la Asociación de Humanistas “Caballeros de Calatrava” del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; la Orden de la Democracia del Congreso de la República, en el grado de Comendador en 1999; la Medalla Cívica “Pedro Romero” de la Alcaldía del Distrito Especial, Histórico y Turístico de Cartagena de Indias en 1999; la Medalla del Instituto Universitario Experimental de La Victoria, Venezuela, en 2004 y la Orden de la Libertad del Gobierno de Boyacá en 2006, entre otras; así mismo, al instalarse el capítulo del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la gobernación del departamento confirió a la delegación de académicos el título de huéspedes ilustres de San Andrés Islas.

El 14 de marzo de 1973 se recibió del capítulo Medellín con destino a la Academia una placa con el escudo de Antioquia, y con la firma de todos los académicos posesionados el 17 de noviembre de 1972. En 1984 el embajador de Argentina en Colombia, Alberto Rodríguez Galán, miembro correspondiente extranjero, regaló a la Academia la Medalla acuñada en su país por la Comisión Nacional de Homenaje al Libertador Simón Bolívar.

Se ha recibido también en 1999 el homenaje de la Administración Postal Nacional al incluirla en la serie de estampillas de las academias patrias, junto con las de la Lengua, de Medicina, de Historia, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; de Ciencias Económicas y de Historia Eclesiástica, según consta en el Acta # 665 de junio 11 de 1997 de la Junta Directiva de adpostal. El valor facial de la estampilla fue de $500.oo y se puso en circulación nacional en una emisión de 700 000 ejemplares policromados, tamaño 3 cm por 4 cm, el 15 de diciembre de 1998, según se lee en sello de uno de los 3200 sobres de primer día. Un ejemplar enmarcado de dichas estampillas, fue obsequiado por el suscrito a la Academia en el año 2007 y reposa en el despacho presidencial.

Igualmente, el libro La Corte Constitucional, un papel institucional por definir, que forma parte de nuestra Colección Portable y escrito por la académica Sandra Morelli Rico, obtuvo en 2002 el premio al mejor libro jurídico, concedido por la Cámara Colombiana del Libro.

También la Academia ha rendido homenaje a Antonio Ricaurte, quien pretendía ser proclamado en 1964 como patrono de los abogados de Colombia, con una placa que se ubicó en el costado occidental del Capitolio Nacional, hoy inexistente. Posteriormente, en 2017, se rindió homenaje conjunto con la Universidad del Rosario a la egregia figura de don Camilo Torres Tenorio, publicándose un texto y develándose un óleo del maestro Justiniano Durán en la Academia.

Cada uno de los académicos recibe desde 1910 una medalla con el escudo de la corporación, que para los miembros Honorarios colgaría de una cinta azul; para los Numerarios pendería de una cinta azul y roja prendida con un broche y para los Correspondientes la cinta de la medalla sería de color rojo. En 1964, el doctor Carlos Restrepo Piedrahíta elaboró un reglamento para el uso de las insignias de la Academia como lo refieren las actas, pero dicho documento no lo hemos podido encontrar. En 1974 se creó la “Medalla 80 años de la Academia”, categorías oro y plata, de las que se conservan dos piezas; aunque no sabemos cuántas se acuñaron, encontramos que fue concedida, entre otros, al presidente de la República Alfonso López Michelsen, al nuncio de Su Santidad y a otras personalidades. En 2019 se acuñó una moneda conmemorativa por los 125 años de la Academia, para ser entregada a los integrantes de la corporación como recuerdo.

En cuanto a la trayectoria de nuestra revista, se publicó inicialmente, según se dispuso en 1896, una revista mensual bajo el título Anales de Jurisprudencia, a cargo de la Comisión de Publicaciones, integrada ésta por cinco miembros. En la revista se insertarían las actas, los acuerdos, resoluciones y demás trabajos comunes de la sociedad y los trabajos que presentaren los socios activos con motivo de su posesión. También se dispuso publicar quincenalmente un periódico. En el año 2017 se actualizó la página en la Internet de la Academia y se le sumó un boletín electrónico, bajo la dirección del académico Jaime Cerón Coral.

Desde 1910, bajo la coordinación de dos directores, lo cual duró hasta 1956, se edita la Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la cual ha llegado a su número 368, ejemplar a partir del cual ha iniciado una nueva etapa de acceso libre a través de la plataforma Open Access Journal. Debemos anotar que hubo un error de numeración en la Revista, lo cual se aclara en las primeras páginas de la número 181, pues, al parecer no existieron revistas 179 y 180, por un salto involuntario en la secuencia.

Dando un paso a la modernidad, el 27 de octubre de 2003 fue presentada oficialmente la página de la Internet de la Academia, que se aloja en la dirección www.acj.org.co, que es ampliamente consultada a nivel nacional e internacional.

El archivo y el acervo de la Academia se deposita en la Biblioteca de la corporación “Jorge Soto del Corral” (que desde 1910 y hasta antes de 1967 se denominaba “Camilo Torres y Tenorio”), junto a un variado acervo doctrinal, dentro del cual se contó en su momento con la donación de las colecciones bibliográficas que pertenecieron a los ilustres colombianos Manuel Ancízar y Francisco Javier Zaldúa, de las que solo se conservan unos pocos ejemplares. De igual forma, el 5 de julio de 1989 se aceptó recibir el archivo del Instituto de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales que dirigía Álvaro Pérez Vives, aunque no hay vestigios de este acervo documental en la actualidad. En 1999, el académico Carlos Uribe Garzón donó a la Academia la colección de revistas del Rosario correspondientes a los años 1905 a 1932. En 1970, el número de ejemplares llegaba a 2300; en 2007 superaba los 14 000 y en 2018 la suma se aproximaba a 15 000 ejemplares.

Igualmente en 1994 se editó el libro del Centenario, titulado Pensamiento Jurídico Colombiano y desde el año 2002 se han editado más de veinte textos de la Colección Portable, de la Colección Clásicos, así como separatas especiales que incluyen los discursos de los nuevos recipiendarios que integran los capítulos regionales.

Precisamente en 1998 se expidieron normas acerca de los requisitos para crear capítulos regionales. Estos habían surgido en el siguiente orden: El 13 de septiembre de 1972, se crearon los de Medellín y Manizales; en 1973 los de Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Pasto; en 1976 el de Cali; en 1978 el de Ibagué; en 1986 el de Neiva y en año que no precisamos, se crearon los capítulos regionales de Popayán, Cúcuta, San Andrés y Tunja.

En lo referente a la nómina de colaboradores, en 1896 fue creado el cargo de Escribiente; en 1959 el cargo de Relator; en 1961 los cargos de Oficial Mayor y Mensajero; en 1968 el de Secretaria Mecanotaquígrafa y en 1995 el de Asistente de Presidencia.

El actual mobiliario del salón de sesiones (mesa y sillones académicos con espaldar repujado en cuero) data de las ganancias del Primer Congreso Jurídico Nacional de 1919, a lo cual se sumaron en 1972 otras sillas para los miembros de Número, en 1976 las sillas tipo tijera del salón de comisiones y se completó la dotación en 1989, habiéndose comprado en 1973 una calculadora, en 1974 una grabadora y en 1994 una aspiradora y el primer computador de la Academia.

Aunque la historia de la corporación fue recogida anteriormente en 1924 en un folleto publicado por el Secretario de la Academia, Arturo Quijano, edición que no se encontró físicamente, pero que sí está reseñada en la revista institucional, desde ese momento no se tenía noticia de todos los hechos acaecidos en la misma, salvo por los libros de Actas que se conservan desde 1955 a la fecha, ya que algunas de las actas anteriores se desecharon por la humedad.

Es necesario reconocer que ha sido el único órgano que por más de una centuria ha congregado a lo más granado de los profesionales del derecho colombiano que han provenido de diversas actividades del poder judicial unos, otros son probos litigantes, no pocos de ellos eminentes docentes y algunos grandes tratadistas que contribuyeron y contribuyen con sus obras al engrandecimiento del derecho patrio, razón por la cual es imprescindible reconstruir la historia de la Academia como legado para las nuevas generaciones de abogados colombianos.

Nuestro objetivo general ha sido el de reconstruir con base en efemérides la historia de la Academia, la cual, por su importante labor en el campo del derecho, ha sido reconocida por ley como órgano consultivo sirviendo a la Nación como fuente de sabiduría jurídica y progreso en las diferentes áreas del mismo.

El marco teórico de esta investigación se formuló en el sentido de que la historia de la Academia Colombiana de Jurisprudencia presenta un vacío debido a la frecuencia anual de elecciones que modifican en gran parte la Mesa Directiva y democráticamente permite a los académicos acceder como dignatarios de la Academia, sin que exista un seguimiento continuo a los acontecimientos ocurridos en la misma incluso el año inmediatamente anterior y que, debido al volumen de trabajo, al distanciamiento de las sesiones o al ausentismo de sus integrantes, imposibilitan una crónica seguida del acontecer de su vida institucional.

Sin embargo, consideramos que lo aquí recopilado es de gran importancia y un avance para que otras instituciones similares sigan nuestros pasos y consoliden su historia, pues como dice el profesor antioqueño Andrés Botero Bernal1, “el nuevo impulso que se espera llegue a tener la historia del derecho en Colombia enfrentará diversos retos, entre los cuales hay tres de gran importancia: el primero versa sobre la existencia de una conciencia jurídica colombiana atravesada por prejuicios que darán guerra a toda visión académico-histórica del fenómeno jurídico, tales como: la visión pleitómana de la profesión jurídica, la concepción del ejercicio profesional como un oficio sin posibilidades teoréticas e investigativas, la corrupción de la abogacía, etc. El segundo apunta al bajo perfil de muchos docentes de derecho colombianos, quienes consideran que la formación jurídica se circunscribe a la enseñanza de los rodeos de la ley vigente. Y, por tercer reto, la poca literatura en historia del derecho colombiano”.

Es precisamente en la historia donde encontramos nuestro futuro, para el establecimiento y para la conservación de la identidad nacional y, en este caso, de la identidad académica, que nos ofrece la oportunidad de ser el presente de la Academia y los constructores de su futuro.

Quiero agradecer a la H. Mesa Directiva de la Academia Colombiana de Jurisprudencia por haberme permitido realizar esta investigación dentro de la línea de Historia de las Instituciones; a los funcionarios y empleados de la Academia.

NOTA

• 1. BOTERO BERNAL, Andrés. Origen del Constitucionalismo Colombiano. Colección Memorias Jurídicas # 1. Universidad de Medellín, Medellín, 2006, p. 21.