El Código del Menor

Texto de: José Granada, María Elisa Pinzón, Alberto Duque López
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de opor­tu­ni­da­des y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental y moralmente, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental que se atenderá será el interés superior del niño”:

Esto se halla expresado en el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño.

El Código del Menor, contenido en el Decreto 2737 de 1989, tiene como objeto primordial el establecimiento de los derechos fundamentales del menor y la determinación de los principios rectores que, al colocar el interés superior del menor sobre toda otra consideración, sirva de guía para la aplicación de las normas en él contenidas. También se ocupa de la definición de las situaciones irregulares bajo las cuales puede encontrarse un menor, así como de las medidas que deben adoptarse para brindarle una más adecuada tutela en todas las etapas de su desarrollo hasta que llegue a la mayoría de edad.

Ninguna duda debe quedar sobre un principio básico:

La organización llamada inicialmente a brindar protección al menor, es la constituida por su propia familia. Sólo cuando, por uno u otro motivo, el menor deje de recibir la protección que le es debida por su familia, e incluso cuando llegue a ser puesto en peligro por ella, es cuando al Estado le co­rres­pon­de intervenir con miras a corregir la anómala situación, orientando su acción a suministrarle al menor las condiciones indispensables para su adecuado desarrollo. En estos casos, el Código coloca como pilares fundamentales de la protección, tanto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como a la jurisdicción de familia y de menores.

El primer país

El Código, al reglamentar los derechos del menor, convierte a Colombia, se­gu­ra­men­te, en el primer país del mundo que coincide en su legislación interna con los principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de la ONU en el mes de noviembre de 1989.

En efecto, el nuevo Código establece el derecho del menor a la vida; a crecer en el seno de una familia; a ser protegido contra toda forma de abandono, violencia, explotación, abuso sexual o trato negligente; a recibir la
educación para su formación integral, especialmente en lo que atañe a las normas y valores de comportamiento social; a obtener la atención integral de su salud; a expresar su opinión libremente; al descanso, a la recreación y al deporte; a que se respeten las garantías constitucionales y procesales cuando se le juzgue como infractor; a recibir instrucción y formación para poderse integrar a la actividad productora; y en fin, a una vida que asegure su dignidad.

La violación de uno de estos derechos puede colocar al menor, de acuerdo con las normas del Código, en una situación irregular que amerita la in­ter­ven­ción del Estado a través de los organismos competentes, con el objeto de darle la protección adecuada.

Según la concepción del Código, un menor se encuentra en situación irregular cuando carece de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas; cuando se halla abandonado o en peligro; cuando su patrimonio se encuentra amenazado por quienes lo administran; cuando carece de re­pre­sen­tan­te legal; cuando presenta deficiencia física, sensorial o mental; cuando es infractor de la ley penal; cuando es trabajador en con­di­cio­nes no autorizadas por la ley, o cuando es adicto a sustancias que producen dependencia. En estos casos, las medidas de protección pueden ir desde la amonestación a los padres hasta la entrega en adopción del menor declarado en abandono.

Régimen de adopción

Una de las más interesantes innovaciones que trae el Código es el Régimen de Adopción, puesto que, al convertirla en la medida de protección por excelencia para el menor aban­do­na­do, la sustrae del ámbito del Derecho Privado y la coloca en el campo del Derecho Social.

Esta concepción hace que se la catalogue como una figura tutelar, coordinada y supervisada en su ejecución por el ICBF. Consecuente con este principio, se establecen normas muy estrictas para la entrega en adopción de un menor a personas de otra nacionalidad, entre ellas la de que los padres deben venir al país con el objeto de establecer lazos de empatía con el niño. Esa visita permite, observar por parte de los funcionarios del ICBF, las calidades morales y humanas de los adoptantes y a éstos, un mejor conocimiento del entorno social y cultural en el cual ha nacido el menor.

Además, se prohibe que el consentimiento de los padres biológicos del menor se confiera a personas determinadas, respecto del hijo que está por nacer. Por otra parte, se eleva a delito la realización de adopciones ilegales y el tráfico de menores, que desvirtúan el objeto fundamental de la institución y se tornan en un execrable medio de enriquecimiento. Se busca, con los programas sociales del ICBF, favorecer la integración entre el niño y su familia y reducir el abandono y la entrega de hijos por parte de sus padres sin una clara justificación. Sólo en los casos en los que el menor ha sido abandonado o cuando se ha de­mos­tra­do la absoluta incapacidad de sus padres y parientes para sostenerlo y educarlo, el Instituto o las entidades a quienes se ha delegado esta facultad, pueden tramitar la adopción a fin de que el juez competente asigne una familia capaz de dar al niño un hogar definitivo.

Maltrato sancionado

El maltrato al menor, uno de los problemas más preocupantes en nuestro medio, so­cial­men­te encubierto bajo el ejercicio de la patria potestad, es sancionado drásticamente en el có­di­go con consecuencias de índole penal y civil, pues produce marcas indelebles en la personalidad del niño, altera el desarrollo de sus sentimientos y genera en él actitudes de desadaptación social.
En relación con el menor en riesgo de abandono, porque carece de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas, se establece la intervención del Estado para imponer a los responsables la obligación alimentaria y el cumplimiento de la misma. Para hacer efectiva la obligación alimentaria, de acuerdo con la nueva legislación, no se da sólo en el campo judicial sino en el administrativo, cuando le otorga plena eficacia a la concilia-ción y al ofrecimiento de alimentos que se realiza ante los defensores de familia, comisarios de familia e inspectores de policía. El Estado, ante el caso de los padres incapaces de atender las necesidades del menor, está obligado a complementar esa atención, especialmente en el campo de la nutrición y la protección, por medio de los Hogares de Bienestar y otros programas, no para reemplazar a los padres sino para subsidiar las necesidades del menor.

La mendicidad

Entre las situaciones especiales que atentan contra los derechos y la integridad del menor, consagradas en el Estatuto, debe merecer especial atención de todos los estamentos de la sociedad la tipificación como delito del ejercicio de la mendicidad valiéndose de un menor o el facilitarlo a otro con el mismo fin. La pena para el infractor se agrava, cuando el menor está afectado por una deficiencia física o mental o es menor de 12 años.
Con esta disposición se aspira a ponerle un freno a la explotación inhumana que se hace de los niños, que permanecen en la calle hasta avanzadas horas, sometidos a esa infame utilización.

El menor infractor

El Código, en el capítulo destinado a reglamentar la situación del menor autor o partícipe de una infracción penal, trae profundas innovaciones que recogen las nuevas tendencias del derecho de menores y los convenios internacionales que en esta materia se encuentran vigentes. Se establece la obligación para el juez de respetar el principio de la legalidad, el derecho de defensa y las demás garantías procesales adoptadas por la Constitución Nacional.

Las instituciones destinadas a la atención del menor infractor deberán funcionar en locales adecuados, con personal capacitado que busque la aproximación del mismo en su doble realidad de infractor y víctima. La escolarización, la capacitación profesional y la recreación, serán obligatorias en los centros de rehabilitación de los menores y allí se prestará atención al grupo familiar conservando y fomentando los vínculos familiares y preparando el hogar para el reintegro del menor a su medio.

Protección efectiva

La parte segunda del Código, consagra los organismos administrativos responsables de la protección del menor y la familia. Dentro de estos organismos ocupa un lugar preeminente el sistema nacional de Bienestar Familiar y su ente rector, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Al Defensor de Familia, funcionario público de la entidad, se le otorga la facultad de intervenir en los asuntos judiciales o extrajudiciales que buscan la protección del menor, y la de aprobar con efecto vinculante, las conciliaciones entre cónyuges, padres y demás familiares acerca de la fijación de residencia, alimentos, custodia y cuidado personal de los hijos, regulación de visitas, etc. Igualmente se le faculta para ejercer funciones de policía, que le permitirán actuar con la debida diligencia y rapidez cuando se trate de asegurar la protección del menor.

Otros organismos de protección reglamentados o creados en el Código son los de la Policía de Menores, las Comisarías de Familia y la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia, que ejercerá la vigilancia sobre las actuaciones tanto de orden judicial como administrativo de los jueces y Defensores de Familia.

La parte tercera del Código consagra disposiciones especiales, entre otras, sobre responsabilidad de los medios de comunicación, con sanciones muy drásticas por las publicaciones o transmisiones que atenten contra la integridad mental o moral del menor. Además, se establece la obligación para los concesionarios de radiodifusión y televisión, de otorgar espacios destinados a la educación del menor y de la familia.

Educación obligatoria

Respecto a la Educación, se establece en un título especial, su carácter obligatorio hasta el noveno grado de educación básica y su gratuidad cuando sea prestada por el Estado. En este caso, vale la pena llamar la atención de los padres y maestros sobre la obligación que el Código establece para los padres o personas que tengan al menor bajo su cuidado, de vincularlo a los establecimientos educativos, con sanciones para la violación injustificada de esta obligación. Igualmente, a partir del primer grado, la familia, la defensa del medio ambiente y la instrucción cívica serán objeto prioritario de estudio en las áreas de ciencias sociales. Además, las escuelas del Estado incorporarán en sus programas la enseñanza en áreas que le permitan al escolar, al terminar su ciclo de educación básica, desempeñar un oficio o vincularse a labores productivas.

Con la creación de la jurisdicción de familia y la expedición del Código del Menor, se busca dar una protección adecuada a la población más vulnerable de nuestro país y salvaguardar la institución de la familia como base fundamental de la sociedad.