Paz con Legalidad

Exponiendo los logros de su política de Paz con Legalidad. Sopó, Cundinamarca, 2 de junio de 2022. 

Conmemoración del Día Mundial del Refugiado. Salón Bolívar, Casa de Nariño, Bogotá, 20 de junio de 2021. 

III Conferencia Ministerial Hemisférico de Lucha contra el Terrorismo. Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, Bogotá, 20 de enero de 2020. 

Inauguración del edificio de la Defensoria del Pueblo de Colombia, Sede Nacional. Bogotá, 6 de agosto de 2020. 

Entrega de títulos de tierra por la Agencia Nacional de Tierras. Valledupar, Cesar, 10 de diciembre de 2019. 

Reunión con representantes de la Unión Europea. 17 de junio de 2021. 

Encuentro con miembros del Grupo Motor PDET. Coliseo Centro de Integración Ciudadana, Paujil, Caquetá, 6 de febrero de 2020. 

Labor de erradicación de coca. Vereda El Llorente, Tumaco, Nariño, 16 de enero de 2020. 

Encuentro con miembros del Grupo Motor PDET. Coliseo Centro de Integración Ciudadana, Paujil, Caquetá, 6 de febrero de 2020. 

Siembra de cacao en la Gabarra, Tibú, Norte de Santander, liderando la transformación productiva en los territorios afectados por la violencia y el nacotráfico. 29 de enero de 2020. 

Inauguración del Anillo de Refuerzo Eléctrico de la Guajira. Torre Emblemática, sector de Cuatro Vías, Maicao, Guajira, 20 de noviembre de 2020. 

Labor de erradicación de coca. Vereda El Llorente, Tumaco, Nariño, 16 de enero de 2020. 

Plan de electrificación rural e intercomunicación, programa que beneficia a más 1000 familias. Urumita, La Guajira. 

Entrega de títulos de tierra por la Agencia Nacional de Tierras. Valledupar, Cesar, 10 de diciembre de 2019. 

Programa Semillero de Propietarios. Urbanización La Fontana, Bogotá, 7 de mayo de 2019. 

Programa ‘Casa Digna, Vida Digna’. Barrio Nuevo Milenio, Valledupar, Cesar. 6 de enero de 2019. 

Presentación de la Mascota de los XXI Juegos y V Paranacionales. Unidad Deportiva ‘Rocky Valdez’, Cartagena, Bolívar, 28 de junio de 2019. 

Entrega de mejora de viviendas. Parque La Paz, barrio La Esperanza, Arauca, Arauca, 13 de febrero de 2021. 

Beneficiarios de ‘4 Millones Ingreso Solidario, cumpliéndole a las regiones’. Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano, Pasto, Nariño, 2 de febrero de 2022. 

Los invito a todos a que construyamos un gran pacto por Colombia, a que construyamos país, a que construyamos futuro, y a que, por encima de las diferencias, estén las cosas que nos unen. Esa es la base de soñar una Colombia con legalidad. Quiero una Colombia donde todos podamos construir la paz, donde se acaben esas divisiones falaces entre amigos y enemigos de la paz, porque todos queremos construirla. Por respeto a Colombia y por el mandato ciudadano que hemos recibido, desplegaremos correctivos para asegurarles a las víctimas verdad, justicia proporcional y reparación efectiva, y que no exista repetición en ningún lugar del territorio. También corregiremos las fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación. Las víctimas de Colombia deben contar con que habrá verdadera reparación moral, material y económica por parte de sus victimarios, y que nunca serán agredidos por la impunidad. Creo en la desmovilización, en el desarme y en la reinserción de la base guerrillera.

Con estas palabras, prONUnciadas durante su discurso de posesión, Iván Duque señaló los cimientos de la que sería su política de paz: Paz con Legalidad. A diferencia de las personalidades del ala más radical de su partido, que le apostaban a destruir los acuerdos firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC y persistir en profundizar la polarización que embargaba al país, Duque entendió que, para que Colombia pudiera entrar plenamente en el siglo XXI, era necesario pasar la página de la violencia política, dejar los complejos partidistas y concentrar al país en una agenda de transformaciones por encima de las vanidades. Estas mismas palabras, sin embargo, lo convirtieron en blanco de críticas provenientes de diversas orillas políticas. Mientras unos reprobaban su determinación de construir una paz real y duradera con la participación de todos los sectores sociales, otros esgrimían el argumento de que su promesa de corregir las fallas estructurales del Acuerdo de la Habana significaba, en realidad, un anuncio velado de un complot para desconocerlo.

Desde el primer día de su presidencia, Duque se enfrentó al reto de gobernar a un país que no encontraba cómo salir de una espiral de violencia que ya contaba 50 años y que, con el asesinato de cientos de líderes sociales entre la firma del Acuerdo Final y el 7 de agosto de 2018, daba señales de estar profundizándose. Su política de ‘Paz’ con Legalidad” buscaba materializar su compromiso de enmendar los claros vacíos estructurales y la ausencia de garantías de no repetición en las que se había incurrido con la firma del texto final del Acuerdo. Más importante aun, su visión del país se basaba en la premisa fundamental de unir a una sociedad que, después de la victoria del No en el Plebiscito por poco más de 50 000 votos, parecía inevitablemente rota. Así, la política de paz de Duque consistió en enmendar la fractura social ocasionada por unos acuerdos que, lejos de incluir a la sociedad colombiana en un esfuerzo nacional en pro de la verdad, la justicia y la reconciliación, la habían excluido de una mesa en la que sus victimarios, en muchas ocasiones, determinaron, casi sin contestación, la manera en que el país debía superar más de 50 años de violencia fratricida.

En retrospectiva, Iván Duque fue más allá de lo pactado, pues desde el principio tuvo claro que la buena implementación de una política de paz integral implicaba una oportunidad histórica para conjugar la justicia y la legalidad con el crecimiento económico. Para lograrlo, era necesario realizar una transformación institucional que permitiera la estabilización de los territorios más golpeados por la violencia y, por otro, generar las condiciones jurídicas para que la impunidad planteada en los acuerdos no se confundiera con un dogma social en el que la ilegalidad era premiada.

Sobre lo último, mediante la formulación objeciones específicas y concretas a apenas 6 de los 159 artículos de la ley estatutaria de la JEP, Duque intentó avanzar en la lucha contra la impunidad que impregnaba ciertas disposiciones del Acuerdo Final.

Para impedir que las víctimas de las FARC fueran revictimizadas por la ambigüedad del inventario de bienes entregado por la extinta guerrilla y por los nulos avances de sus cabecillas en la entrega de estos, Duque objetó el artículo 7 de la Ley Estatutaria de la JEP, en el cual se consignaban las condiciones materiales de reparación de las víctimas. Así mismo, en pro de una reparación integral, objetó el Parágrafo 2 del Artículo 19, que fijaba los parámetros de selección de los mayores responsables de crímenes de lesa humanidad. Tanto para el gobierno como para las víctimas de las FARC, el contenido de este parágrafo impedía que el Estado agotara todos los medios para perseguir criminales de lesa humanidad y carecía de una argumentación suficiente que justificara la priorización de la verdad como reparación total por encima de las reparaciones materiales, lo que implicaba una violación flagrante del Derecho Penal Internacional. Del mismo modo, objetó el inciso 8 del artículo 63, concerniente a las competencias y facultades de la Oficina del Alto Comisionado de Paz (OACP), ya que este diluía las competencias presidenciales en las negociaciones de paz, que siempre deben ser exclusivas del presidente de la República. Afectar las certezas y la capacidad de acción del jefe de Estado en este menester debilitaba la institucionalidad colombiana. Igualmente, mediante su objeción al inciso 3, del literal J del artículo 79, Duque protegió el derecho que tenían las víctimas a la verdad. En este, el establecimiento de funciones de la Sala de Reconocimiento de la JEP derivaba en una interrupción o disolución de las atribuciones constitucionales de la Fiscalía General de la Nación y la justicia ordinaria para investigar, lo que ponía en peligro las capacidades del Estado colombiano a la hora de juzgar crímenes de lesa humanidad y aportarles verdad a las víctimas de estos. Por su lado, a través de la objeción al artículo 150, el presidente Duque quiso proteger la eficacia de la extradición, que desde hace décadas ha sido uno de los principales instrumentos de la cooperación judicial internacional de Colombia, de tradición incuestionable. A este respecto, Duque entendió perfectamente que una institución como la JEP no podía realizar una valoración unívoca de las pruebas de delitos internacionales, ni cuestionar la soberanía judicial extranjera. Por último, mediante su objeción al artículo 153, el cual planteaba que las decisiones acerca de la extradición de personas no integrantes de las FARC con procesos ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) podían ser competencia de la JEP, el presidente protegió el orden institucional, ya que dicha competencia es exclusiva del Ejecutivo, no de otras ramas del poder.

Contrario a los argumentos de sus críticos y a pesar de que las FARC hasta el momento no han entregado todos sus bienes, el gobierno del presidente Duque ha garantizado el financiamiento completo de la JEP y del Fondo de Víctimas, al tiempo que ha ampliado consistentemente la capacidad de adjudicación de recursos mediante la inclusión del Fondo Multidonantes, el cual ha servido para canalizar las contribuciones de la cooperación internacional a la implementación del Acuerdo de la Habana.

En frente institucional, el presidente Duque, al constatar que los diferentes frentes de trabajo estaban desperdigados, desfinanciados y descoordinados, emprendió una reforma estructural para potenciar las capacidades de las entidades involucradas en la implementación del Acuerdo de la Habana. Para tal fin, el gobierno avanzó en una reforma estructural, creando la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, a cargo de Emilio José Archila, que llevó a la ART y la ARN, así como todas las cuestiones concernientes a la sustitución de cultivos ilícitos, al seno de la Presidencia de la República. Así mismo, encargó a la Oficina del Alto Comisionado de Paz de los avances de desminado humanitario y elevó las metodologías del Plan Marco de Implementación (PMI) a documento CONPES, medida que aseguró el entrelazamiento de las disposiciones de la implementación del Acuerdo de la Habana con las metas nacionales en términos de planeación del desarrollo económico y social. También, para avanzar en la protección de los líderes sociales, le comisionó a su primer consejero de Derechos Humanos, Francisco Barbosa, la difícil tarea de centralizar y sistematizar las cifras de asesinatos, de manera que las entidades del Estado pudieran coordinar mejor sus acciones de protección y prevención. Una de las principales medidas de protección que se llevaron a cabo fue la creación del Plan de Acción Oportuna (PAO), que se encargó de profundizar los esfuerzos del gobierno en la salvaguarda de la integridad de líderes sociales.

La polarización política, con su ruido mediático, ha subestimado el compromiso de Duque con la paz, que se ha reflejado en su voluntad de llevar más allá la implementación del Acuerdo Final. Quienes desconocen los avances del gobierno parecen pasar por alto los datos de cumplimiento y el respaldo de la comunidad internacional a sus logros. Eamon Gilmore, enviado especial para la paz de la Unión Europea en Colombia, en junio de 2021, durante una entrevista de la agencia de prensa francesa France24, dijo: “ese acuerdo de paz le puso fin a un conflicto de 53 años, ha salvado miles de vidas y no hay duda de que el país es un lugar mucho más pacífico a causa de eso. Acojo con satisfacción el grado de implementación del Acuerdo de Paz”.
Por su parte, en agosto de 2021, Patricia Lombart, embajadora de la UE en Colombia, dijo lo siguiente:

Hoy, el Acuerdo de Paz es más fuerte, y debo reconocer sus resultados concretos en reincorporación bajo el liderazgo del presidente, los miembros de su gobierno y la sociedad civil, con compromisos y avances más allá de lo establecido en el Acuerdo, con los programas de desarrollo rural que comienzan a producir resultados, o con avances en la reforma rural integral respecto de la formalización y el acceso a las tierras. El país avanza también, con paso firme, en la justicia transicional y en la verdad.

Al apoyo de la UE se suman las recientes declaraciones de los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que reconocen los avances de la política de Paz con Legalidad en términos de atención a las víctimas del conflicto armado, reincorporación de excombatientes, desarrollo económico y social con enfoque territorial, sustitución de cultivos ilícitos y desminado humanitario. Más allá del apoyo internacional, los datos hablan por sí solos.

En materia de víctimas, el gobierno, con mensaje de urgencia al Congreso, renovó la Ley de Víctimas, cuyo mandato se estaba agotando. Así mismo, con un aumento considerable del presupuesto, reestructuró y fortaleció tanto la URT como la URV. Dicha medida es testimonio del avance considerable de la restitución de tierras y la reparación de víctimas, que se ven reflejadas en los altos niveles de ejecución. Para marzo de 2022, se habían ejecutado 3.2 billones de pesos en 369 334 indemnizaciones individuales y se habían inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente 4 823 893 hectáreas, cuatro quintos durante el gobierno de Iván Duque. Del mismo modo, este reafirmó la importancia de avanzar en la restitución de derechos de las víctimas al reglamentar el fallo de la Corte que daba vía libre a la creación de las 16 curules de paz, al garantizar el presupuesto para su implementación y al proteger y ensalzar la participación de las víctimas en la campaña al Congreso de la República.

En materia de reincorporación, la administración del gobierno Duque significó un cambio cualitativo con respecto a las garantías de reincorporación social y económica de los firmantes del acuerdo. Lejos de ceñirse literalmente a las disposiciones del texto, que dictaminaban un plazo finito para que el gobierno resolviera la situación de los firmantes, el presidente tomó la decisión de ampliar las vigencias de las AETCR y profundizar las ayudas gubernamentales para sus habitantes. De este modo, alcanzó hitos muy importantes que, hoy en día, son testimonio de que, desde un principio, concibió la reincorporación no como el cumplimiento de una obligación, sin más, sino como una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de quienes depusieron las armas.

A finales de la presidencia, los países garantes del Acuerdo y el Consejo de Seguridad de la ONU celebran los avances en la reincorporación económica y social de los ex integrantes de las FARC, que se ven reflejados en unos niveles de ejecución a todas luces esperanzadores: 9000 firmantes del Acuerdo de la Habana, alrededor de dos tercios de quienes depusieron las armas, hoy cuentan con proyectos productivos propios o gozan de un empleo estable y más de 8000 están bancarizados, lo que representa un avance enorme en su inclusión financiera. Así mismo, el 98.5 % de ellos ha hecho parte alguna vez del sistema de salud, casi el 86 % está afiliado a algún régimen pensional y alrededor de la mitad se ha vinculado a procesos de formación académica. El avance del gobierno en la protección de los derechos y el fomento del bienestar social y económico de los excombatientes es reconocido a nivel internacional.

En materia de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el gobierno avanzó considerablemente en la fase de construcción técnica de las 16 hojas de ruta, así como en la construcción participativa y validación territorial en 15 subregiones, proceso en el que han participado más de 200 000 personas en los 170 municipios más golpeados por la violencia y la pobreza. A la fecha, el gobierno, que recibió tan solo 2 de los 16 procesos de validación territorial y construcción participativa con algún avance, ha concluido la estructuración de los PDET en su totalidad. Para esto, ha sido fundamental la participación de actores como delegados de los Grupos Motor, autoridades étnicas pertenecientes al Mecanismo Especial de Consulta (MEC), representantes de organizaciones de mujeres, organizaciones de víctimas, delegados PNIS, personas reincorporadas, gobiernos locales y entidades con presencia en territorio, entre otros. De este modo, la presidencia de Iván Duque culmina con la firma de 16 planes PDET, 14 de los cuales fueron suscritos durante su administración, con una inversión que asciende a los 13.2 billones de pesos. Específicamente, estos recursos fueron invertidos en 564 proyectos en municipios PDET enfocados en Infraestructura Social y Comunitaria e Infraestructura Vial; 110 proyectos con foco en los sectores de Inclusión Social y Reconciliación y Trabajo y Educación; 2204 proyectos de carácter productivo y medioambiental; 399 proyectos de la mano de la cooperación internacional; y, finalmente, 77 proyectos potenciados a través del mecanismo Obras por Impuestos, que vincularon a 58 empresas. De estos, el 77.1 % ya está terminado o entregado, el 17.3 % se encuentra en ejecución, el 3.2 % está estructurado y el 2.5 % está en proceso de estructuración.

En materia de desarrollo rural integral, el gobierno nacional mostró avances considerables en 14 de los 16 Planes Nacionales Sectoriales, encaminados a contribuir a la superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural, la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. Muestra de esto son los niveles de ejecución de los rubros de electrificación rural, con 89 %; protección social, con 87.6 %; conectividad rural, con 85.7 %; comercialización rural, con 85.4 %; economía solidaria, con 78.8 %; y formalización de tierras, con 61.4 %. De los 16 planes, apenas 2 no muestran avances en su ejecución. A su turno, la puesta en marcha del Catastro Multipropósito ha fortalecido aún más las capacidades institucionales, a nivel nacional, departamental y municipal, de avanzar en el desarrollo de la Colombia rural. En consecuencia, es evidente el compromiso del gobierno con la implementación del punto 1 del Acuerdo, que ya muestra niveles totales de ejecución muy superiores a los esperados para el primer tercio de la vigencia del Acuerdo Final.

En materia del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el gobierno nacional ha estado a la altura de las metas fijadas en 2018. Prueba de esto es que, a pesar de las críticas surgidas desde varios sectores políticos, está liderando la implementación del Plan de Articulación de Acciones en Seguridad para Liderazgos PNIS, bajo cuyo marco se han realizado ocho talleres de capacidades sociales de autoprotección de liderazgos PNIS en Meta, Caquetá, Arauca, Cauca, Córdoba, Valle del Cauca, Antioquia y Guaviare, que han beneficiado a más de 170 liderazgos sociales en territorio. El gobierno Duque culmina con una cifra alentadora de 3.5 billones de pesos invertidos en la implementación de los PNIS, así como con la vinculación de 99 097 familias a procesos de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Prueba del inmenso éxito de estos avances es el hecho de que menos del 1 % de las familias que comenzaron el proceso se han desvinculado y más de 19 000 hectáreas de cultivos ilícitos han sido erradicadas.

Por último, en materia de desminado humanitario, el país superó con creces la meta del cuatrienio, al alcanzar los 228 municipios declarados como zonas libres de minas durante su mandato.

Contrario a lo que pronosticaban varios sectores políticos nacionales, los niveles de ejecución y las decisiones tomadas por el gobierno de Iván Duque han demostrado que su implementación del Acuerdo de Paz, a través de su política de Paz con Legalidad, ha sido sobresaliente, lo que ha permitido que Colombia, con firmeza, dé sus primeros pasos hacia una paz verdadera, enmarcada en la justicia social y la legalidad.

A pesar de las grandes presiones que muchos miembros del ala más radical de su partido le impusieron, y aunque la opinión pública subestimó injustamente las acciones que su gobierno emprendió para cumplir lo acordado en La Habana, Duque consiguió sentar las bases de un aparato institucional sólido, capaz de diseñar, financiar y llevar a cabo políticas públicas de largo aliento. Este entramado institucional, impulsado por la voluntad política del gobierno y fortalecido por la ingente y constante financiación que este ha conseguido, es lo que hace viable e irreversible la hoja de ruta de paz, justicia y legalidad en lo que resta de los 15 años de vigencia del Acuerdo Final. Más allá de los indicadores, las mediciones y el cumplimiento de metas, el corazón del legado de paz de Iván Duque yace en que, gracias a su gobierno, la sociedad colombiana ha logrado superar la pugnacidad de los debates en torno a la implementación del Acuerdo Final y mostrar, con orgullo, que la paz sí es posible.

Como dijo Patricia Lombart:

Hoy, el referente es Colombia: una historia de éxito, de vidas salvadas, de miles de excombatientes desarmados que están participando de la vida civil, de una atención particular a las víctimas a la hora de avanzar con la paz y de procesos únicos y referentes internacionales de verdad y justicia transicional. (...) Señor presidente, hoy, con Afganistán, el mundo necesita ver, escuchar y sentir que la paz es posible. Y eso lo puede ofrecer Colombia.

Aparte de ir más allá en la implementación del Acuerdo Final, Paz con Legalidad sirvió para que el gobierno Duque, gracias a una política de seguridad integral y respetuosa de los Derechos Humanos, alcanzara las cifras de secuestros más bajas de la historia desde que se tiene en cuenta dicho indicador. Así mismo, su actitud férrea en contra del microtráfico de drogas, que se vio reflejada en la prohibición del porte y el consumo de drogas y alcohol en parques, entornos educativos y escenarios deportivos, les trajo tranquilidad a millones de personas, quienes pudieron gozar de un espacio público más seguro.

En contraste, los cabecillas que fueron la contraparte del Estado colombiano en las negociaciones de la Habana, como Jesús Santrich e Iván Márquez, traicionaron la confianza de los colombianos al continuar, ya como congresistas de la República, con sus actividades ilícitas. Estos delincuentes, que fueron sorprendidos por las autoridades gestionando envíos de cocaína a Estados Unidos, eludieron su extradición aprovechando las ventajas con las que contaban a causa de lo estipulado en los acuerdos y escaparon a la selva, donde continuaron con el narcotráfico, los secuestros y los atentados terroristas. Poco tiempo después, Jesús Santrich moriría a manos de sus propios hombres, desesperados por la presión que ejercía desde hacía meses la Fuerza Pública. Como Santrich, muchos de los cabecillas que traicionaron al país encontraron su final sufriendo en medio de la selva las penalidades de la vida criminal.