Crisis Migratoria Venezolana

Intento frustrado de entrega de ayuda humanitaria a venezolanos. Cúcuta, Norte de Santander, 22 de febrero de 2019. 

Los cantantes Fonseca y Nacho en el concierto Venezuela Aid Live. Puente Binacional Tienditas. Cúcuta, Norte de Santander, 22 de febrero de 2019. 

Los cantantes Fonseca y Nacho en el concierto Venezuela Aid Live. Puente Binacional Tienditas. Cúcuta, Norte de Santander, 22 de febrero de 2019. 

El presidente de Chile Sebastián Piñera y el político venezolano Juan Guaidó en el concierto Venezuela Aid Live. Puente Binacional Tienditas. Cúcuta, Norte de Santander, 22 de febrero de 2019. 

Durante el mismo evento el presidente Duque es saludado por Luis Almagro secretario general de la OEA. 

Visita al centro migratorio en la vía Marginal de la Selva. Yopal, Casanare, 27 de febrero de 2021. 

Entrega de primera Tarjeta de Protección Temporal a ingeniero venezolano. La Calera, Cundinamarca, 13 de octubre de 2021. 

Concierto Venezuela Aid Live. Puente Binacional Tienditas, Cúcuta, Norte de Santander, 22 de febrero de 2019. 

Concierto Venezuela Aid Live. Puente Binacional Tienditas. Cúcuta, Norte de Santander, 22 de febrero de 2019. 

Concierto Venezuela Aid Live. Puente Binacional Tienditas. Cúcuta, Norte de Santander, 22 de febrero de 2019. 

Concierto Venezuela Aid Live. Puente Binacional Tienditas. Cúcuta, Norte de Santander, 22 de febrero de 2019. 

Concierto Venezuela Aid Live. Puente Binacional Tienditas, Cúcuta, Norte de Santander, 22 de febrero de 2019. 

Concierto Venezuela Aid Live. Puente Binacional Tienditas, Cúcuta, Norte de Santander, 22 de febrero de 2019. 

En 2015, después de 13 años de chavismo en Venezuela, comenzó uno de los procesos migratorios más complicados y de mayor envergadura de la historia de América Latina. Empujados por el aumento vertiginoso de los asesinatos, el recrudecimiento de la represión de la dictadura de Nicolás Maduro, la hiperinflación, la crisis del precio del petróleo y el desabastecimiento de alimentos y bienes de subsistencia básicos, millones de venezolanos decidieron salir de su país. Colombia, como país hermano que comparte con Venezuela una frontera de más de 2000 km, recibió a la mayoría de quienes huían del hambre y la falta de oportunidades, lo que implicó un enorme esfuerzo por parte de las autoridades nacionales y municipales, que veían cómo la llegada de los migrantes ejercía presiones sobre los servicios públicos y suscitaba actitudes y comportamientos xenófobos en ciertos sectores de la población local. Además, la extrema vulnerabilidad de quienes llegaban a las ciudades colombianas los hacía presas fáciles de las mafias, que comenzaron a reclutar jóvenes migrantes para engrosar sus filas y amenazar la seguridad y la tranquilidad de cientos de municipios colombianos.

En 2018, año en el que Iván Duque asumió la Presidencia de la República, la población venezolana residente en Colombia había pasado de poco más de 48 000 personas, a principios de 2015, a 1 175 000, en ese año, un aumento del 2 311%. Sin embargo, este no era el único desafío para el presidente entrante. Al otro lado de la frontera, el dictador se ensañaba con Colombia: protegía a los miembros del ELN y las disidencias de las FARC que buscaban refugio en su país, injería políticamente en el país vecino y prestaba sus tierras para que narcotraficantes, tanto colombianos como venezolanos, establecieran nuevas rutas para exportar cocaína al Caribe, Estados Unidos y Europa. El régimen chavista estaba tan deslegitimado que, incluso, en marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos encausó a Maduro y 15 de sus funcionarios y políticos más cercanos por narcotráfico, lavado de activos y terrorismo, con 15 millones de dólares de recompensa por información que diera con su captura. Según William Barr, el fiscal general estadounidense de la época, Maduro y su círculo habían apoyado a las disidencias de las FARC, “una organización terrorista extremadamente violenta”, al permitirles “usar Venezuela como refugio desde donde pueden continuar con el tráfico de drogas y la insurgencia”.

Desde sus épocas como senador, Iván Duque se había convertido en una voz de liderazgo para denunciar las atrocidades del régimen de Maduro. En julio de 2017, viajó a La Haya para denunciar los crímenes que había cometido durante las protestas de principios de ese año, que terminaron con la muerte de 200 personas. En una misiva de 56 páginas, Duque y más de 140 congresistas colombianos y chilenos acusaron al dictador venezolano de haber cometido numerosos crímenes como “tortura, ‘apartheid’ por segregación y ataque desmesurado a un segmento de la población, homicidios selectivos, capturas y deportaciones masivas”, según una entrevista que, entonces, le concedió a la agencia EFE. A esto se sumó, en abril de 2018, una invitación que les hizo a los líderes del hemisferio durante un acto político en Buenos Aires:

Es urgente que los jefes de Estado de países miembros del Estatuto de Roma pidamos una investigación formal al dictador que active de inmediato una investigación. Yo lo quiero hacer como presidente de Colombia, pero aprovecharía para decir que jefes de Estado como el presidente Piñera o Macri deben acompañarnos en ese propósito, para que al unísono seamos más.

Una vez posesionado, el presidente colombiano cumplió su palabra. En septiembre de 2018, lideró a 11 países del Grupo de Lima, creado en 2017 para presionar diplomáticamente al régimen chavista, en una nueva denuncia contra Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Esta acción significó el surgimiento de Duque como el líder latinoamericano que estaría al frente de los esfuerzos regionales por restablecer la democracia en Venezuela y, así, aportar a la solución de la crisis migratoria. Esto también significaría un recrudecimiento del discurso beligerante de Maduro, quien, para ese entonces, ya avizoraba la crisis política por la que su país pasaría el año siguiente.

El recrudecimiento de la represión en Venezuela inevitablemente implicó un mayor esfuerzo en la atención a los migrantes. Era necesaria una estrategia diplomática de presión para acabar con el problema de raíz. Por esta razón, Duque ideó una que consistió en dos frentes, ambos apalancados en el multilateralismo. Por una parte, buscó que la comunidad internacional aportara recursos para la atención de los migrantes venezolanos y, por la otra, activó la presión internacional para lograr el restablecimiento de la democracia en Venezuela, al coordinar las acciones de decenas de países. Con estas, Duque avanzó en una ambiciosa agenda que demostró el compromiso y la capacidad de Colombia para afrontar la atención del fenómeno migratorio, al tiempo que sentó las bases de una estrategia diplomática que buscaría proteger a la región de la deriva autoritaria que amenazaba con contagiar a más países.

Frente a las pretensiones de Maduro de posesionarse como presidente después de unos comicios amañados que fueron denunciados por la comunidad internacional, Duque complementó sus esfuerzos de 2017 y 2018. Así, el 4 de enero de 2019, seis días antes de la posesión ilegal, lideró una declaración del Grupo de Lima que instaba al dictador a “no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas”. A esto se sumó, el 23 de enero, el reconocimiento de Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, como el presidente legítimo del país. Estos actos diplomáticos se tradujeron en un creciente apoyo internacional al restablecimiento de la democracia en Venezuela, reflejado en la adhesión de más de 50 países latinoamericanos y europeos al reconocimiento de Guaidó como presidente venezolano y de Duque como líder de los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional.

En febrero de 2019, en respuesta a la presión, Maduro rompió todas las relaciones diplomáticas y cerró la frontera con Colombia, aduciendo un supuesto intento de intervenir en Venezuela a través del envío de ayudas humanitarias para un país que en ese momento estaba totalmente desabastecido de alimentos y medicinas. Sin embargo, estas acciones, lejos de mejorar la situación internacional del régimen chavista, lo aislaron aún más y reafirmaron la apuesta política de Duque en pro de la democracia en el hemisferio.

Las denuncias de Duque cuando era senador y sus medidas diplomáticas durante la presidencia rindieron frutos en agosto de 2021, cuando la Corte Penal Internacional anunció que iniciaría una investigación contra Nicolás Maduro. Según el documento del anuncio de la CPI, “(l)a Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que, desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”.
En el plano institucional, el gobierno se enfocó en la atención inmediata de la crisis migratoria y la integración paulatina de venezolanos, tanto en tránsito como radicados en Colombia. Para este esfuerzo, el viceministro de Migración, Juan Francisco Espinosa, y los gerentes de frontera, Felipe Muñoz y Lucas Gómez, fueron fundamentales. En noviembre de 2018, el Consejo Nacional de Política Económica y Social publicó el documento CONPES 3950, la primera hoja de ruta para la recepción e integración de migrantes venezolanos y colombianos retornados, así como para el apoyo de las comunidades de acogida. Este documento sirvió para establecer los objetivos de las políticas públicas encaminadas a asegurar que estos tuvieran acceso a servicios sociales básicos; avanzar en la regularización de migrantes; garantizar acceso a servicios de salud, bienestar familiar y primera infancia y educación; y proveer atención especializada a población especialmente vulnerable, como indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños y jóvenes.

El gobierno avanzó en la optimización y ampliación del Permiso Especial de Permanencia (PEP), creado en 2017, con lo que garantizó el acceso a toda la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención de niños y adolescentes en los niveles nacional, departamental y municipal. A corte de mayo de 2022, más de 737 000 venezolanos cuentan con PEP, lo que implica un gran avance en su acceso a los servicios sociales del Estado y oportunidades de empleo. Así mismo, el gobierno estableció el Permiso por Protección Temporal, gracias al que, hasta la fecha, más de 1 139 000 venezolanos han podido convalidar sus estudios, acceder al Sistema General de Seguridad Social, regularizar sus entradas y salidas del país, comenzar trámites para conseguir la residencia permanente y contratar productos y servicios financieros, claves para su inclusión económica. A propósito del PPT y de su marco, el Estatuto Temporal de Protección de Migrantes Venezolanos, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, aseguró que se trató del “gesto humanitario más importante que se haya hecho en el continente desde 1984”, cuando se expidió la Declaración de Cartagena para la Protección de los Refugiados de América Central, México y Panamá.

En respuesta al retorno de miles de colombianos y descendientes de colombianos, la Registraduría, apoyada en el liderazgo del gobierno, puso en marcha un proceso excepcional de expedición de registros de nacimiento que, para mediados de 2020, había beneficiado a más de 528 000 personas. En septiembre de 2019, el gobierno garantizó por decreto los derechos de los niños nacidos en Colombia de padres venezolanos al conceder la nacionalidad colombiana a todos los niños nacidos en territorio nacional a partir de enero de 2015.

Por otra parte, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, ha reafirmado el derecho a la atención de urgencias, sin costo, a todo el que la necesite. También ha enfocado sus esfuerzos en la atención de mujeres embarazadas, lactantes y niños en la primera infancia, al tiempo que ha hecho énfasis en políticas de salud pública de prevención de la desnutrición, la propagación de enfermedades infecciosas y la violencia de género. Se espera que, cuando culmine 2022, el gobierno logre afiliar a un total de 945 000 migrantes al sistema de salud.

En cuanto a bienestar familiar y niñez, los esfuerzos se enfocaron en proteger el derecho que tienen todos los migrantes a acceder a los servicios del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), así como al sistema educativo pronunciadopúblico. Dadas las características particulares de la población migrante, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se ha centrado en ofrecer atención a primera infancia y a madres gestantes y lactantes, mediante servicios de alimentación y nutrición, además de servicios de cuidado, hogares de paso y restitución de derechos. Así mismo, el gobierno les ha garantizado a más de 360 000 niños venezolanos el acceso a educación, haciendo frente a un aumento de la demanda de educación de más de 900 % entre 2015 y 2021. Lo anterior, teniendo en cuenta que el 92 % de los niños venezolanos se han matriculado en colegios públicos, ha implicado una millonaria inversión en la adecuación de espacios físicos, aulas, estrategias educativas y material pedagógico, además de innovación en estrategias de bienestar para los niños y prevención de la deserción escolar.

La integración económica de los migrantes venezolanos y los colombianos retornados es un pilar fundamental para garantizar su bienestar y su contribución al desarrollo de las comunidades de acogida. Para lograrlo, el gobierno unió esfuerzos con el sector privado y las organizaciones de cooperación y de la sociedad civil para facilitar y promover la regularización, que se tradujo en acceso a empleo formal, certificación de competencias y convalidación de títulos, formación para el empleo, vinculación y formalización del trabajo y apoyo a emprendimientos desarrollados por migrantes y retornados. Esta iniciativa también ha involucrado un fuerte trabajo de sensibilización y movilización del sector privado para socializar los beneficios de la contratación e integración económica de migrantes, así como identificar brechas de oferta y demanda laboral que estos puedan suplir. En este rubro, la colaboración de la comunidad internacional y de las instancias multilaterales de promoción del desarrollo ha sido clave.

El esfuerzo de Duque también se ha visto reflejado en su ambiciosa agenda para conseguir el apoyo de la comunidad internacional, la cual ha brindado recursos, asistencia técnica y participación de diversas organizaciones para atender el fenómeno migratorio. Varios donantes, entre los que se destacan Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, han contribuido con más de 500 millones de dólares entre 2018 y 2021. Pese a su positivo impacto, estas no han sido suficientes para cubrir las necesidades básicas de los migrantes, ni un porcentaje significativo de los costos que ha asumido Colombia, que se estiman entre el 0.19 % y el 0.42 % del PIB anual. A este respecto, Luis Almagro, secretario general de la OEA, durante el foro ‘Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos’, en marzo de 2021, aseveró que “la generosidad de Colombia debe tener una respuesta de países y organizaciones multilaterales que cuentan con los recursos para apuntalar su ejemplo”. Por esta razón, el gobierno, en conjunto con la ONU, apoyó en Nueva York la creación de la plataforma de coordinación del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), cuyo objetivo consistió en asegurar una mayor articulación en la respuesta al flujo migratorio proveniente de Venezuela.

En el marco de la pandemia de covid-19, el gobierno nacional garantizó que la prestación de servicios de salud para migrantes fuera exactamente la misma que para los ciudadanos colombianos. En ese sentido, en conjunto con el GIFMM y autoridades locales colombianas, el gobierno ajustó las medidas existentes en cada región a la contingencia sanitaria. En el marco de esta política, el gobierno y sus socios actuaron en varios frentepronunciados. Se enfocaron en fortalecer los programas de entrega de transferencias monetarias multipropósito (CASH) dirigidos a población vulnerable migrante, con énfasis en alimentación y vivienda. Incluyeron a los migrantes con PEP vigente en la base de datos de beneficiarios del programa Ingreso Solidario, la estratagema principal del gobierno a la hora de construir un escudo social durante la pandemia. Priorizaron atenciones en agua, saneamiento e higiene (WASH), así como donaciones de kits de aseo, baños y duchas móviles en comunidades de acogida. Adaptaron los servicios de salud a las nuevas prioridades. Felixibilizaron la oferta educativa para niños y niñas migrantes y, finalmente, profundizaron las medidas tomadas en albergues y centros de atención a la población migrante.

Los avances en la respuesta a la crisis migratoria venezolana han sido notables, especialmente teniendo en cuenta la poca experiencia de Colombia en la recepción e integración de migrantes, así como la celeridad de los flujos y el alto grado de vulnerabilidad en que han llegado al país. Aunque los retos continúan siendo significativos, el gobierno de Iván Duque ha mantenido firme su decisión política de acoger e integrar a los migrantes, de manera que este fenómeno migratorio se convierta en una oportunidad de crecimiento económico y desarrollo para el país y sus residentes, sin importar su nacionalidad.

La comunidad internacional se ha pronunciado en apoyo a los esfuerzos de Colombia. En noviembre de 2021, António Guterres, secretario general de la ONU, elogió las medidas tomadas por el gobierno Duque y la acogida de los migrantes por parte del pueblo colombiano:

“Quiero prestar homenaje al gobierno y el pueblo colombiano por su enorme generosidad con más de dos millones de venezolanos que se quedan en Colombia. (...) Es un ejemplo que debe seguirse en muchas partes del mundo, donde los refugiados o migrantes no encuentran hospitalidad”.

Por su parte, Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, señaló, durante la Asamblea Anual delBIDen Barranquilla, que “este tema es una prioridad y, como hijo de inmigrante y de refugiada, quiero agradecerle al presidente Duque por el liderazgo y el ejemplo que le ha dado al mundo, en respuesta a esta crisis”.

Durante la presentación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, calificó los avances del gobierno nacional como “una extraordinaria muestra de humanidad, compromiso con los Derechos Humanos y pragmatismo”, sin antes agradecer especialmente al presidente Duque por su liderazgo en la acogida de millones de venezolanos: “¡En nombre de las Naciones Unidas, del Secretario General, en nombre de nuestros socios de la Organización Internacional para las Migraciones, (...) en nombre de todos, gracias, señor presidente!”.